El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en un pleno junto al secretario, Vicente Boquera.
Mompó señala al secretario de la Diputación por no ejecutar la sentencia sobre contratos de agua y le da un ultimátum
El presidente de la corporación, que se enfrenta a una multa, reprocha a Boquera que su "inaceptable inactividad compromete" a la institución.
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La tensión que se arrastra desde hace tiempo entre el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el secretario, Vicente Boquera, ha subido un grado más a cuenta de la demora en la ejecución de una sentencia que compete directamente a la corporación y por la que el primero se enfrenta a una multa.
Mompó ha dado un ultimátum a Boquera, según ha podido saber EL ESPAÑOL, para garantizar el cumplimiento de esa resolución. Lo ha hecho entre reproches por su tardanza para emitir un informe que, expresa, lleva pendiente desde hace meses.
El embrollo al que se enfrenta en este momento la Diputación no es menor. Desde hace varios años, los tribunales han emitido diversas sentencias que cuestionan los convenios suscritos por la empresa Egevasa para la gestión de aguas o depuradoras en distintos municipios.
Una de esas resoluciones, que devino firme en 2024 al ratificarla el Tribunal Supremo, ordenaba a la corporación la revisión de un total de 31 de esos convenios. Pero nada se ha movido. Así que el juzgado se ha dirigido en varias ocasiones a la Diputación para apremiarla en el cumplimiento de la sentencia.
Después de la primera comunicación, Mompó remitió un oficio en febrero a Boquera en el que le instaba, a la mayor brevedad posible, a emitir un informe con una propuesta de revisión de oficio de los convenios para dar cumplimiento a la sentencia.
Eso no ha tenido lugar. Así que hubo un segundo escrito del juzgado en el que, tal como ha publicado este periódico, advirtió de manera preventiva de que podía imponer una multa a Mompó si no se lleva a cabo lo que establece la resolución. Se trata de una medida coercitiva que va dirigida al presidente como responsable, en última instancia, de ejecutar la sentencia.
Tras revelar EL ESPAÑOL lo ocurrido, el presidente de la Diputación ha decidido dar el ultimátum a Boquera. Según ha confirmado este periódico, le ha dirigido un nuevo escrito para insistirle en la necesidad de que elabore el informe-propuesta sobre la revisión de los convenios y dar así cumplimiento a la sentencia.
Durante los últimos cinco meses, expresa la comunicación, se ha instado reiteradamente de forma verbal a la secretaría general a su emisión "sin resultado alguno, sin que conste causa que justifique tal demora ni se haya puesto de manifiesto ante esta Presidencia impedimento u obstáculo para su emisión".
"Esta inactividad, mantenida pese a los sucesivos requerimientos, resulta inaceptable y puede comprometer gravemente a esta corporación", expresa Mompó. La emisión del informe, señala, no puede "quedar al arbitrio" del secretario "ni demorarse indefinidamente".
De esta manera, da a Boquera un plazo "máximo e improrrogable" de cinco días hábiles para que emita el informe-propuesta de resolución o para que, en caso de que concurra una causa que, a su juicio, impida o dificulte el pronunciamiento, la ponga de manifiesto por escrito ante la Presidencia en el plazo de tres días hábiles.
"Transcurrido dicho plazo sin que el informe-propuesta haya sido emitido, esta Presidencia adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la referida sentencia", avisa Mompó.
El embrollo jurídico
El punto en el que se encuentra la Diputación da cuenta de una enrevesada situación jurídica que se arrastra desde hace tiempo y de la que hay una difícil salida.
Egevasa es la Empresa General Valenciana del Agua. Inicialmente era pública, pero se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando pasó a estar participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium). Muchos de los convenios con municipios se firmaron antes de ese momento y tienen una duración indefinida.
Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, inició una ofensiva en los tribunales hace años por la vía contenciosa para pedir la nulidad de los convenios y lograr, en última instancia, que las licitaciones de contratos sean abiertas para poder optar a ellos las competidoras y que estén sujetos a plazo. En algunos procedimientos también se ha llegado a personar Veolia (antigua Hidraqua), empresa del mismo ámbito.
Los tribunales le han ido dando la razón en bastantes de las cuestiones planteadas con sentencias que han devenido firmes. En algunos casos, las resoluciones han concluido la nulidad de la continuación de contratos que ya han terminado. Es el caso de la depuradora de Ontinyent. El juzgado valoró que la Diputación permitió su continuación "a pesar de ser consciente de la ilegalidad".
Esa sentencia sirvió de base para otras similares relacionadas con contratos de gestión de agua potable en más municipios como Canet o Casinos.
En otros casos, los tribunales ordenaron a la corporación provincial la revisión de oficio de los convenios. Ocurrió en l'Olleria y Moixent y, especialmente, en el procedimiento sobre el conjunto de 31 convenios para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia.
Se encontraban en Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y la Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.
Sentencias firmes
Varias de las sentencias son ya firmes, pues cuentan con pronunciamiento tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como del Tribunal Supremo. Entre ellas la de esos 31 convenios.
Y es en este punto, en la fase de ejecución de las sentencias, donde viene el problema. Los juzgados se han dirigido a la corporación provincial para apremiarla en el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones, especialmente ante las reiteradas peticiones de las empresas recurrentes.
Aun así, cualquier decisión tiene que pasar por el pleno, por lo que en última instancia PP y Ens Uneix -encargado de gestionar Egevasa- serán los responsables de determinarlo todo. Y llevar a cabo lo ordenado por los tribunales no es nada sencillo para la Diputación. Cancelar los convenios significa incumplir el contrato que la corporación tiene firmado con Egevasa y en el que viene determinado que toda la gestión del agua la realiza esta empresa.
"Los tribunales sostienen que los acuerdos son nulos de pleno derecho, pero no dicen qué hacer. ¿Un pliego de condiciones nuevo, licitarlo y adjudicarlo, cuando el servicio tiene que seguir prestándose?", indican fuentes de la corporación.
Además, defienden el modelo. "La Diputación necesita tener una empresa pública detrás de estas características. Es necesaria su vigencia. En la dana, por ejemplo, ejerció como medio público y actuó en 60 municipios", señalan.
Las empresas competidoras (Aqlara y Veolia), ni qué decir tiene, no lo comparten. Tras los pronunciamientos de los tribunales, creen que tiene que abrirse la licitación.
