Alfonso Grau, José María Corbín y Rafa Rubio.
La jueza de Azud deja al borde del juicio al cuñado de Rita Barberá, su vicealcalde y el exsubdelegado del Gobierno
La magistrada sigue el procedimiento contra un total de 38 personas, entre cargos del PP, del PSOE y funcionarios, por la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
Más información: La instrucción del 'caso Azud' llega a su fin tras 9 años con 15 sobreseimientos a empresarios, funcionarios o cargos del PSOE
La jueza del conocido como caso Azud ha incoado auto de procedimiento abreviado contra un total de 38 personas. Entre ellas, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; o el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio. Esto supone que quedan al borde del juicio.
La instrucción de esta causa, que llega a su fin casi nueve años después de que se iniciara en secreto la investigación y más de un lustro desde que estallaran las dos operaciones policiales que acabaron con todos ellos en prisión provisional, se ha centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios.
Junto a los mencionados, la magistrada continúa el procedimiento contra más de una treintena de personas, como tres sobrinas de Barberá, el constructor Jaime Febrer; el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera; los empresarios Mónica Montoro, Federico Ferrando, Carlos Turró o Manuel Setién (exdirectivo del Banco de Valencia) ; el que fuera director de Relaciones Institucionales de Acuamed Joan Navarro; la alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia Esmeralda Orero; la exalcaldesa de Xixona Rosa Verdú; o el actual director general de Transparencia, Jorge Bellver.
En un auto de más de 300 páginas, la magistrada de la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, se centra en una exposición sucinta de hechos presuntamente delictivos, pero sin atribuir explícitamente los delitos a los investigados en el apartado de fundamentos jurídicos.
Una modalidad amparada por la Lecrim y por la que se limita a dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral -formulando escrito de acusación- o el sobreseimiento de la causa.
La investigación del caso Azud se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía en 2016, que a su vez había recibido información de la Agencia Tributaria sobre los ingresos del despacho de abogados de Corbín.
La mayoría de ellos provenían de empresas que habían sido adjudicatarias de contratos públicos entre 2007 y 2015 en el Ayuntamiento de Valencia, época en la que gobernaba Rita Barberá.
Pasado este último año y con la llegada de la izquierda, los citados ingresos pasaron de 1.223.311 euros en 2007 a 40.205 euros en 2015.
A lo largo de la instrucción, recuerda la jueza, se constató que la mercantil Corbín Abogados S.L. debía casi el 80% de sus ingresos a "pagos consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística".
Empresas
Los grupos empresariales o empresas son Acciona, Grupo Cyes, Grupo Axis, Grupo Cleop, Grupo Secopsa y Grupo Cinal.
El total de comisiones cobradas por Corbín por las empresas adjudicatarias de contratación pública con el Ayuntamiento de Valencia son cuantificadas por la jueza en 3,6 millones de euros.
Aunque todo empezó con el cuñado de Barberá, las indagaciones a lo largo de estos años han llevado a más ramificaciones y protagonistas con presuntas mordidas de operaciones urbanísticas tanto en Valencia como en otros municipios con intereses cruzados y personas supuestamente implicadas.
La magistrada sostiene que la situación personal de Corbín, conocida por todos en el Ayuntamiento, le facilitaba reunirse con funcionarios públicos, concejales y alto funcionariado y “le permitían reuniones con empresarios que pretendían obras o adjudicaciones de servicios públicos, desvinculando formalmente de esa manera a su mujer y a su cuñada”.
Los ingresos percibidos por su mercantil, señala el auto, se realizaban de dos formas: o bien las empresas adjudicatarias de contratos en concurso público pagaban directamente a Corbín Abogados S.L., o bien dichas empresas pagaban a otra sociedad interpuesta que a su vez transfería dichos pagos, en todo o en parte, a Corbín Abogados S.L.
El cobro de comisiones
“El alto porcentaje de ingresos que se concentran en un número reducido de empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento de Valencia, la irrealidad de los trabajos efectuados y abonados a las mercantiles contratantes o la vinculación de los pagos con alguna obra en concreto, determinan que la mercantil Corbín Abogados S.L. fue el instrumento jurídico para materializar el cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas adjudicatarias de contratos con el Ayuntamiento de Valencia. Éstos son disfrutados, entre otros, por su esposa, funcionaria pública, receptora real con su marido de tales prebendas”, señala la magistrada.
“Todo ello ha revelado que en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 y 2017, la citada mercantil declarará ingresos por un importe superior a los cinco millones de euros y, sin embargo, los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, pues pese a la ingente cantidad de los ingresos ha tenido a lo sumo tres o cuatro trabajadores en el citado período”, añade.
A partir de aquí, el auto comienza a desgranar el papel de cada una de las empresas mencionadas y los contratos u operaciones urbanísticas, junto a las actuaciones presuntamente delictivas de los investigados, entre los que figuran cargos y funcionarios del consistorio.
Acciona: contrato de saneamiento
En el caso del grupo Acciona, aparece la adjudicación del contrato público de gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de Valencia que, en fecha 21 de julio de 2006, fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a la UTE Saneamientos de Valencia, compuesta por las mercantiles Infilco Española S.A. y Acciona Infraestructuras S.A.
La jueza considera que esa adjudicación estaba previamente decidida y que se produjo una grave arbitrariedad en la puntuación.
“Para obtener y asegurarse tal adjudicación, el Grupo Acciona decidió contactar con aquellas personas que tuvieran influencias en el Ayuntamiento de Valencia y, a través del pago de comisiones asegurarse, frente el resto de los licitadores, la adjudicación”, indica el auto.
Para ello “tuvo que llevarse a efecto la creación de todo un entramado documental mendaz (contratos, documentos o plantillas de uso diario de la mercantil, modelos de facturación etc.) para que el dinero que se destinaba a comisiones estuviera en principio en orden, y debidamente contabilizado para justificar la salida del dinero ocultando su finalidad y destino real”.
Los intervinientes en esta trama, apunta la magistrada, fueron el que fuera CEO de Acciona Luis Castilla -fallecido durante la instrucción- y el abogado Diego Elum, socio de Corbín y quien habría sido, en última instancia, el beneficiario de las comisiones a través de la intermediación de Elum.
Para ello se firmó un contrato “mendaz” entre el despacho de Elum e Infilco de asesoría jurídica que ascendía a los 2,2 millones de euros. Ese dinero fue inmediatamente refacturado a la UTE Saneamientos de Valencia bajo el concepto “Gastos de licitación en el saneamiento de Valencia” y permaneció impagado durante más de seis años en la cuenta 410 de la contabilidad de esta última.
De acuerdo con la jueza, el Grupo Acciona utilizó en más ocasiones los servicios de Elum para obtener adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia por su relación de amistad íntima y muy cercana con los investigados José María Corbín y su esposa, Asunción Barberá.
Menciona el caso en la licitación del Consorcio Valencia 2007 bajo la presidencia de la entonces alcaldesa, que se le adjudicó a Acciona por importe de 4.893.952,11 euros en enero de 2006 después de que el grupo trasladara al abogado el interés en varias licitaciones.
Regalos de Navidad
Elum, además y según la investigación, era el encargado de recibir los regalos de Navidad destinados a Asunción Barberá y a Rita Barberá. “Regalos que, por su valor, exceden de la simple cortesía y que en todo caso no se deberían entregar y recibir por parte de un funcionario público”, señala la magistrada.
Así, en el año 2004, se regaló un bolso de la marca Louis Vuitton de 1.850 euros. En el año 2005 un lote navideño por importe de 1.696,71 euros y a Asunción un bolso billetera por valor de 440 euros.
En el año 2006 maleta y monedero de la marca Louis Vuitton por valor de 1.585 euros y a Asunción bolso y cartera Burberry de 440 euros. En el año 2007 una botella de “Pingus 2001” por valor de 1.520 euros y a Asunción un artículo de Carolina Herrera de 335 euros.
Grupo Axis:
Este grupo empresarial estaba conformado por una relación de sociedades mercantiles (mínimo 30) que se utilizaban por el verdadero dueño, Jaime Febrer, en los distintos fines urbanísticos en los que participaba, bien con su propia empresa o participando otras mercantiles.
La empresa matriz del grupo era la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L., constituida con el objeto social de la promoción inmobiliaria y cuyos socios eran el investigado Jaime María Febrer y otras cuatro personas.
La investigación ha evidenciado que al menos siete empresas vinculadas al Grupo Axis efectuaron una serie de pagos al despacho de Corbín en una relación que se prolongó desde los años 2007 a 2013 y ascendiendo el montante de los pagos a 602.156,48 euros.
Estos abonos, incide la jueza, provenían de comisiones de naturaleza ilícita, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio -de nuevo, asesoría jurídica- para que se les dotara de una apariencia de legalidad.
De acuerdo con la causa, Corbín entró en contacto con Jaime Febrer a través de Alfonso Grau Alonso, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia en aquel momento.
Ambos se reunieron en marzo de 2007 para ultimar los detalles del inicio de su relación con los asuntos en los que el cuñado de Rita Barberá debía participar.
Esto dio lugar, según el auto, al establecimiento de pagos para lograr adjudicaciones de obra del Ayuntamiento de Valencia. Entre ellas se mencionan las siguientes: aprobación y adjudicación del programa de actuaciones integradas para el desarrollo de la unidad de ejecución Ausias March a favor de Construcciones Valencia Constitución S.L.; adjudicación y cesión del derecho de superficie sobre varias parcelas a favor de Actuaciones Urbanísticas Valencia al Mar S.L. y Costa Azahar Programas Inmobiliarios S.L.; y la subrogación de la deuda del Ayuntamiento de Valencia y la cesión de tres parcelas de uso residencial a favor de la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas S.L.(MAI SL). Esta última es la denominada Operación Colegios.
De esta manera, señala la magistrada, Corbín, Febrer y Grao tejieron una alianza para cometer hechos “en principio delictivos”.
Grau tenía en aquel momento el control sobre la empresa Aumsa (Actuaciones Urbanas de Valencia) y “ejercía un poder directo sobre todas y cada uno de los departamentos, secciones y servicios del ayuntamiento”.
Así que el objetivo era beneficiar a Febrer en las operaciones, actuaciones, negocios inmobiliarios, adjudicaciones, servicios, contratas etc., en las que estaba interesado a cambio del pago de comisiones.
“Pero como alguna operación inmobiliaria emprendida por Jaime Febrer era de magnitud considerable y pudiendo verse afectado en sus intereses por la oposición en el Ayuntamiento que se ejercía por el PSOE, contó con la imprescindible y necesaria participación de José Luis Vera” y de Rafa Rubio, en aquel momento portavoz socialista, apunta el auto.
A Vera, un abogado vinculado históricamente a los socialistas, Febrer lo “usó” para “poder influenciar al PSOE consiguiendo sus intereses tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en otras localidades gobernadas por el este partido y en aquellos ente públicos estatales” dirigidos por esta formación.
Registros del caso Azud en 2021.
El Grupo Axis, prosigue el auto, utilizó todas sus influencias para la obtención de sus intereses económicos frente a los intereses públicos en los siguientes procedimientos administrativos:
-Operación urbanística desarrollada por la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas S.L. consistente en la asunción de una deuda del Ayuntamiento de Valencia, a cambio de la entrega de varias parcelas de uso residencial.
-La constitución de una empresa de capital mixto entre el Ayuntamiento de Valencia (Aumsa) y la sociedad Nou Biourbanisme para la construcción y gestión de viviendas VPO y la adjudicación de derechos de superficie para la construcción de viviendas VPO en parcelas de titularidad del Ayuntamiento a través de AUMSA.
-Proyecto de construcción e implantación de un Hospital Universitario de iniciativa privada en una parcela titularidad del Ayuntamiento de Valencia.
-Proceso de ordenación urbanística en la zona del Grao donde el Grupo Axis ostentaba la titularidad de diversos terrenos a través de la empresa a la que participaba, Acinelav Inversiones 2006 S.L.
-Adjudicación de un contrato público licitado por el Ayuntamiento de Valencia, cuyo objeto se encontraba relacionado con el servicio de ayuda al domicilio.
-Operación urbanística desarrollada en el término municipal de Jijona en el denominado PAI “El Espartal”
-Operación urbanística a desarrollar en el Ayuntamiento de Burjassot, consistente en un concierto fraudulento para la licitación y adjudicación del derecho de superficie en parcela titularidad del Ayuntamiento de Burjassot
-Operación Urbanística consistente en el desarrollo del “plan especial del desierto de las Palmas de Benicasim”.
Algunas salieron adelante y otras fracasaron. Pero una de las principales fue la Operación Colegios, en la que se habrían vulnerado todos los procedimientos establecidos.
El Ayuntamiento de Valencia aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil de Febrer. Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con los investigadores, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
Jaime Febrer montó una mercantil específicamente para esta operativa junto a Mónica Montoro y Federico Ferrando. Se llamaba Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI). Ellos serían los que asumirían la deuda mientras en la parte del Ayuntamiento todo lo gestionó Alfonso Grau.
El consistorio cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal que habría contado con el impulso de uno de los funcionarios de la casa: el jefe de Asesoría Jurídica.
El truco estuvo, de acuerdo con las indagaciones, en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 31 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.
La jueza cuantifica las comisiones pagadas por el entramado. 360.607,26 euros al jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento; 300.0000 a Rafa Rubio; 1.200.000 a Grau y 186.360 euros a Corbín.
Vera, por su parte, y por su vinculación con el Grupo Axis de Jaime Febrer en el periodo entre 2007 y 2012 percibió tanto como persona física como jurídica 1.034.186,36 euros en concepto de salario.
Grupo Cinal
El auto menciona que otro grupo empresarial que habría abonado sin contraprestación comercial o servicios jurídicos a José María Corbín Navarrete es Cinal, vinculado a la construcción y formado por varias empresas con el objeto social de “ensayo y análisis técnico”.
Desde 2008 obtuvo adjudicaciones de obra del Ayuntamiento de Valencia. En 2009, comenta la jueza, momento en el que comienzan los pagos a Corbin Abogados SL, se adjudican al Grupo Cinal de 13 licitaciones por un importe de 8.770.351,79 euros.
Entre los años 2006 a 2015 obtiene un total de 38 adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, aumentando de forma notable dichas adjudicaciones a este grupo empresarial tanto en cantidad y en precio.
A Corbín se le abonó mensualmente entre 2009 y 2010 un total de 12.662,56 euros mensuales. Junto a dichas facturas, entre enero de 2011 y abril de 2011 se emitieron por Corbín Abogados 4 más por servicios de asesoramiento jurídico por importe unitario de 5.310 euros.
Grupo Cleop
La empresa compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas SA, dedicada a la construcción de edificios no residenciales, tuvo desde 2007 a Carlos Turró como presidente del consejo de administración y era la persona que tomaba las decisiones.
Entre 2005 y 2011, Cleop ingresó a Corbín Abogados un total de 407.344,8 euros. Unos años en los que fue adjudicataria de varios contratos por parte del Ayuntamiento tanto de manera directa como a UTEs de las que formaba parte.
Grupo Secopsa
Una de las mercantiles que forman parte del grupo, Saprico SL., efectuó pagos a la mercantil de Corbín 348.000 euros que fueron abonados a lo largo de 2007 y 2008 por adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia.
Grupo Cyes
Suscribió un contrato con Corbin Abogados SL. por servicio integral de asesoría jurídica de 600.000 euros. Los pagos llegaron a lo largo de casi 10 años. Durante los años 2006 a 2015, la sociedad Cyes Infraestructuras habría sido adjudicataria de 7 contratos con el Ayuntamiento de Valencia.
Ésta forma parte de la UTE Los Hornillos, que declaró también pagos a Corbín Abogados en los años 2005 y 2006 por importe de 261.000 mil euros sin que tampoco exista ninguna constancia de trabajo efectuado, señala el auto.
La UTE Los Hornillos se constituyó por escritura pública de 21 de febrero de 2005 y está participada por las sociedades Sufi SA (50%), Corporación F Turia (20%) y Cyes Infraestructuras SA (30%).
Su constitución obedece a la adjudicación de una obra pública por parte de la EMTRE para la ejecución y explotación de una Planta de tratamiento en Quart de Poblet ese mismo año 2005.
