El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el síndic del PSPV, José Muñoz.
Una legislatura en blanco para los órganos estatutarios valencianos: el bloqueo político los mantiene en funciones
El Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consejo del Audiovisual o el de Transparencia, a la espera de renovarse.
Más información: A la tercera va la vencida: PP y Vox renuevan el Consejo de Transparencia tras permanecer cinco años en funciones
La renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los grandes asuntos pendientes de Les Corts. Lo que comenzó como un desacuerdo político heredado de la pasada legislatura ha atravesado prácticamente el actual mandato sin una solución a la vista.
La Sindicatura de Comptes y el Consell Jurídic Consultiu llevan años en funciones esperando que el parlamento renueve los mandatos de sus integrantes. A ellos se suma también el Consell del Audiovisual y parte del Consell de Transparencia.
A pesar de haberse renovado en marzo tras seis años en situación de interinidad, el fallecimiento del consejero Vicente Fernández en julio dejó una vacante que los partidos deberán resolver. En diciembre, se adherirá a esta tesitura el Síndic de Greuges.
La situación de parálisis llega ahora a un punto especialmente delicado, pues el calendario actual juega claramente en contra de cualquier intento de desbloqueo.
En septiembre, con el inicio del curso político tras las vacaciones de verano, los partidos contarán con poco más de ocho meses para prepararse para las elecciones autonómicas de mayo de 2027.
Y a medida que se acerque la cita en las urnas, los partidos comenzarán a centrarse en la elaboración de sus programas, actos de partido en municipios para captar votos, y negociar candidaturas y listas electorales, entre muchas otras cosas que más tienen que ver con la vida orgánica que con la institucional.
Con este escenario, afrontar una negociación sobre reparto de puestos entre las distintas fuerzas políticas no resulta fácil. Y para muestra, el final de la legislatura pasada: el PP no quiso cerrar ningún acuerdo con el bloque de izquierdas para el Jurídic o la Sindicatura de Comptes ante las expectativas electorales que arrojaban las encuestas.
Hemiciclo de Les Corts.
No en vano, en aquel momento los populares contaban con 19 escaños, mientras PSPV con 27, Compromís 17 y Podemos, 8. Juntos sumaban 52 escaños, lo que hubiera provocado que al Partido Popular le correspondiera designar una cantidad de puestos menor en los órganos que se encontraban ya entonces en funciones.
Por ello, prefirieron esperar a abordar esta cuestión pasadas las elecciones, con la esperanza de obtener una mejor representación parlamentaria, tal y como vaticinaban las encuestas y finalmente ocurrió.
Obtuvieron 40 diputados, pero la solución no llegó con el cambio de legislatura. Y tres años después el pacto parece más lejano que nunca. La posibilidad de llegar a entendimientos acabó de forma abrupta con la dana de 2024 y, desde entonces, un muro separa al bloque de izquierdas y de derechas.
La dimisión de Carlos Mazón, que exigían PSPV y Compromís, no valió para acercar posturas con el PP de Juanfran Pérez Llorca, a quien han reclamado desde entonces que le exija el acta a Mazón o, en su defecto, lo expulse del grupo parlamentario Popular, dado que el acta es personal y podría negarse.
![Pérez Llorca y el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz. Biel Aliño / EFE](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11175468.jpg?p=w:320\/h:240&h=cjcvE9CW"])
El resultado, a la postre, es que varias instituciones que deberían funcionar con normalidad afrontan el último tramo de la legislatura con sus máximos representantes en funciones, con las limitaciones que ello supone, o vacantes sin cubrir pendientes desde años.
Sindicatura de Comptes
El caso más prolongado es el de la Sindicatura de Comptes. Los mandatos de sus síndics expiraron en junio de 2022, por lo que el órgano fiscalizador acumula ya más de cuatro años en funciones.
La situación se agravó con el fallecimiento de Marcela Miró en julio de 2024. Esto hizo que el PP probara un acercamiento al PPSV para tratar de renovar el órgano, pero estos no se mostraron por la labor, dado que no querían que en la ecuación participara Vox.
Poco después, en octubre, llegó la dana. Y a partir de ese momento la comunicación entre los grupos mayoritarios fue prácticamente inexistente. Lo que llegó en enero, además, agravó el contexto.
Los portavoces del PSPV y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví.
Gabriela Bravo, entonces vicepresidenta segunda de Les Corts Valencianes y exconsellera de Justicia y Función Pública con el Gobierno valenciano de Ximo Puig durante dos legislaturas, dejó el escaño para volver a su plaza en la Fiscalía Provincial de Valencia.
Los populares quisieron aprovechar esa situación para negociar los órganos estatutarios valiéndose de su mayoría en la Mesa. Si en el PSPV estaban dispuestos, apoyarían a su candidata. Si no, les arrebatarían el puesto. Y ocurrió lo segundo.
Los socialistas han llevado esa situación a los tribunales y ahí sigue bloqueado el asunto. Desde hace más de año y medio el partido de Diana Morant está fuera de este órgano de dirección de la Cámara, que es donde se deciden las cosas más relevantes del día a día de la institución.
En cualquier caso, y más allá de los rifirrafes entre PP y PSPV, desde 2024 la Sindicatura funciona únicamente con Vicent Cucarella, síndic major, y Antonio Mira-Perceval. Estos han tenido que repartirse las funciones que antes desempeñaban tres personas y han reclamado reiteradamente a los partidos que procedan a la renovación.
![Reunión de una Mesa de Les Corts. José Cuéllar / Corts](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10910207.jpg?p=w:320\/h:240&h=DxxVZwxe"])
El problema no es de funcionamiento ordinario: la Sindicatura continúa elaborando sus informes y fiscalizando las cuentas públicas. Pero la propia institución reconoce que la prolongación de la situación afecta a su imagen y constituye una anomalía institucional.
La renovación exige una mayoría de tres quintos de Les Corts, es decir, 60 diputados, lo que obliga necesariamente a alcanzar un acuerdo entre varios grupos. PP y Vox suman 53 escaños, mientras PSPV (31) y Compromís (15), 46.
Jurídic, Greuges y Audiovisual
Una situación similar se produce en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el órgano superior consultivo de la Generalitat. El mandato de sus miembros que debían ser renovados expiró en octubre de 2022, pero la institución continúa trabajando con la composición que arrastra desde entonces.
La paradoja es que el CJC sigue siendo plenamente operativo y continúa emitiendo dictámenes —solo en 2026 ha seguido pronunciándose sobre proyectos normativos y actuaciones de la Generalitat—, pero sus consejeros permanecen pendientes de la Cámara autonómica.
El siguiente problema tiene fecha de caducidad más concreta. El mandato del actual Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), Ángel Luna, termina en diciembre de 2026, al igual que el de sus adjuntos, Concha Bru y Carlos Castillo. Luna fue elegido en noviembre de 2019.
El propio defensor del pueblo valenciano ha pedido públicamente a los partidos que procedan a su sustitución "a tiempo" y ha advertido que este bloqueo no es bueno para el funcionamiento del Estado de Derecho.
La relación entre Les Corts y el Síndic se ha deteriorado durante esta legislatura a raíz de que Luna no fuera convocado para exponer en un pleno el informe anual de la institución. En su día, cuestionó la modificación del Reglamento de Les Corts que trasladó su comparecencia a la comisión de peticiones.
![El Consell nombra a Román Ceballos para cubrir la vacante de Ordaz al frente del consejo de À Punt.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11270393.jpg?p=w:320\/h:240&h=2J7UYqkP"])
A este mapa se ha incorporado recientemente el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Compuesto por siete miembros, la ley exige que cinco los nombre el parlamento valenciano y otros dos integrantes sean designados por el Consell.
En 2021, el president de la Generalitat, Ximo Puig, propuso a José María Vidal, exsecretario autonómico de Comunicación, y a Empar Marco, que posteriormente renunció al cargo para marcharse como jefa de gabinete de Verònica Cantó, expresidenta de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL).
Les Corts aprobaron los nombramientos de Anna Gimeno, Carmen Carretón, Álvar Peris, Manuel Alberola -quien falleció en 2024- y Dolors López, que dejó el órgano para tomar posesión de su acta de concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia tras la salida de María Pérez.
El Ejecutivo autonómico nombró en 2025 a Vicente Cutanda como consejero en sustitución de Marco. Han pasado cinco años desde que se designó a todos los integrantes iniciales y, tal y como marca la ley, ahora debería abordarse la de todos ellos, excepto la de Cutanda tras haber llegado hace apenas un ejercicio al cargo.
Anomalía que se cronifica
Una serie de cambios que serán difíciles de alcanzar si se tiene en cuenta el horizonte electoral, así como las mayorías necesarias para hacerlo. El bloqueo se produce, además, en un parlamento donde la propia Mesa se ha convertido en un reflejo del mismo problema.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, le da la mano al síndic de Vox, José María Llanos.
Con este escenario, la vuelta de las vacaciones no solo supondrá el regreso de la actividad parlamentaria, sino que marcará también el inicio de la cuenta atrás electoral.
Los partidos tendrán que decidir si emplean los últimos meses en intentar cerrar un paquete de renovaciones que lleva años pendiente o si, por el contrario, dejan que la cuestión se cronifique y arrastre hasta la próxima legislatura.
Con todo, la Comunitat se encamina hacia el último año de la legislatura con una anomalía institucional que se ha convertido casi en estructural: órganos que siguen funcionando, pero con responsables cuyo mandato ha vencido.
