Docentes protestan en la puerta de la Conselleria de Educación. Biel Aliño / EFE
Una profesora en huelga pone un 10 a todos sus alumnos de 2º de Bachillerato y rectifica bajo amenaza de expediente
Los sindicatos advirtieron en las asambleas que no llevaran a cabo esta práctica como señal de protesta a los servicios mínimos fijados por Educación.
Más información: El TSJCV avala que los servicios mínimos de la huelga docente cubran las clases de bachiller para garantizar la PAU
Lo advirtieron hace apenas unos días y finalmente ha ocurrido. Una profesora de 2º de Bachillerato de un instituto de Benetússer decidió poner un 10 en la asignatura de Inglés y Filosofía a todos sus alumnos como medida de protesta durante la huelga educativa y tiempo después ha tenido que rectificar tras ser amenazada con un expediente.
Según denuncian los padres del IES María Carbonell, el pasado martes recibieron el certificado de notas de sus hijos. En él, figuraba un 10 como nota final en las dos asignaturas. Sin embargo, apenas 24 horas después el centro les avisó que las notas habían cambiado y debían volver a por ellas.
Fernando, nombre ficticio del padre de un alumno afectado por esta situación, asistió al instituto para conocer qué había ocurrido. En la reunión, la profesora de esta asignatura les expuso a él y a su mujer que había tenido que modificar la nota para que figurase la real en el expediente.
"Nos dijo que el director le había llamado por teléfono y le había advertido de que si no ponía la nota correcta iba a tener que abrirle un expediente", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL.
La docente, según explican, había optado por poner un 10 generalizado a toda la clase como forma de protesta ante los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Educación para 2º de Bachillerato y que consideraba "abusivos".
La decisión, sin embargo, despertó ya quejas entre las familias del centro, puesto que alumnos que habían estudiado durante todo el curso se veían perjudicados respecto a otros cuyo esfuerzo había sido menor todo el año.
Ante la posibilidad de enfrentarse a un aluvión de protestas por parte de padres y madres, la dirección del centro, según explican varias familias, instó a la docente a poner la nota real y no la calificación máxima a todos. "Ahora mismo tenemos dos certificados de notas", dice Fernando.
A pesar de que la rectificación apenas ha bajado unas décimas la evaluación final de su hijo, se queja de que se haya "jugado" con los alumnos. "Están diciendo todo el curso que hay que premiar el esfuerzo y que había que estudiar y a la hora de la verdad ponen un 10 sin mirar a quién", protesta.
"No piensan que esas décimas podrían haber dejado a mi hijo fuera de la carrera que quería por competir con otros alumnos cuya nota fue inflada", agrega en declaraciones a este medio.
"Ha jugado con el futuro de ellos", dice tras agregar la forma de proceder de cada uno ha sido distinta: "Algunos han dado clase, pero la mayoría nada y tampoco han hecho exámenes finales. Simplemente han tomado como referencia la nota del primer parcial que hicieron a principios de mayo", explica.
En este sentido, expone que la docente restó importancia a su forma de proceder. "Nos dijo que no nos preocupáramos porque el alumno que estudia, se ve reflejado en Selectividad, mientras que el que no lo hace, se ve reflejado en la nota del examen que hace", relata.
Aunque sostiene que entiende las reivindicaciones del profesorado, considera que los alumnos han sido el eslabón débil de esta huelga educativa.
Por su parte, el centro ha preferido no realizar declaraciones a este diario sobre lo sucedido.
Los sindicatos no lo respaldaban
Conviene apuntar que la posibilidad de poner un 10 generalizado al alumnado de 2º de Bachillerato fue puesta sobre la mesa hace unas semanas por parte de varios docentes valencianos apenas unos días después de arrancar el paro indefinido.
La propuesta surgió después de que el Ejecutivo autonómico advirtiera que se estaba poniendo en riesgo al alumnado de este curso, que este año debe presentarse a la PAU el 2, 3 y 4 de junio.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, les advirtió que si "chantajeaban" con este alumnado, el Gobierno valenciano no se sentaría a negociar las mejoras que reclamaban.
Mientras tanto, los alumnos afectados -como también sus padres- se preguntaban ante la convocatoria de huelga qué pasaría con las notas del tercer trimestre, si podrían examinarse de los finales, o si contarían una evaluación con la que ir a las Pruebas de Acceso a la Universidad.
En caso de ser evaluados, su nivel de preparación sería diferente al del resto de alumnos de centros privados y concertados, aunque también respecto a otras comunidades autónomas. Lo que, en carreras con alta demanda, podría hacer que algunos estudiantes se quedasen fuera tras un duro camino para llegar a la facultad.
Ante esto, la Conselleria de Educación fijó como servicios mínimos que los profesores de 2º de Bachillerato evaluaran a los alumnos, aunque dejasen de acudir al centro educativo. Y remitió una carta a las familias en la que advertía que ningún alumno ni familia podía "ser rehén de un conflicto sindical".
La medida, obligado cumplimiento, fue recurrida por los sindicatos al considerarla "abusiva" y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acabó dándole la razón al Gobierno valenciano.
A pesar de que la evaluación estaba garantizada, las manifestaciones del ejecutivo autonómico despertaron un importante malestar entre los docentes. Hasta el punto de que se plantearon en diferentes asambleas la opción de poner la calificación máxima de forma generalizada.
La intención con ello era reconocer su rendimiento en la fase final del curso, y demostrar que en ningún momento se pretendió perjudicar a estos estudiantes.
La iniciativa no contaba con consenso general. De hecho, desde el sindicato mayoritario, STEPV, indicaron en declaraciones a este diario que actuar de esta manera podía ser "perjudicial y volverse en contra del profesorado".
Explicaron, en este sentido, que si esto acababa ocurriendo, los centros se podrían enfrentar a "multitud de reclamaciones" por parte de los padres.
A modo de ejemplo, si se pusiera un 10 a un alumno que tiene una media de 8 y a otro que tiene una media de 9 y ambos quisieran promocionar para entrar en la misma carrera universitaria, se estaría perjudicando a un estudiante frente a otro.
Por ello, aseguraron que en las asambleas en las que los profesores preguntaron por esta cuestión, expusieron los 'contras' que tenía una decisión de este calado y se mostraron convencidos de que acabaría sin respaldo.
No obstante, ha acabado ocurriendo en un instituto de Benetússer y la decisión ha tenido que acabar siendo rectificada ante la amenaza de recursos por parte de las familias.
