La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy. EE
La Generalitat y los sindicatos docentes avanzan en la reducción de la burocracia pero se estancan en las ratios
La Conselleria de Educación propone un límite de alumnos por aula mayor al ofertado el lunes y por encima del margen marcado por el Gobierno de España.
Más información: Los sindicatos ANPE y CSIF aceptan la subida salarial de 200€ para los profesores: habrá nueva reunión este martes
La Conselleria de Educación y los sindicatos retomaron este martes las negociaciones para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores valencianos. Y aunque avanzaron en cuestiones como la reducción de la burocracia, el bloqueo en los temas más candentes, como las ratios, persiste y la huelga indefinida continúa.
El inicio del encuentro fue especialmente tenso: en la jornada anterior CSIF y ANPE firmaron el acuerdo salarial por el que los docentes percibirán una subida progresiva de hasta 200 euros en 2028. Un incremento que el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quiso aclarar que iría ligado al IPC en su totalidad.
La explicación enfadó especialmente a STEPV, UGT y CCOO, pues censuraron que ese matiz no se había planteado de tal manera en la reunión del lunes, sino que la vinculación al IPC tan solo se había fijado para los 50 euros de subida que entrarían en vigor en enero de 2028.
Según la versión de estas organizaciones, si esto se pactó una vez abandonaron ellos la mesa de negociación con los otros dos sindicatos firmantes, supondría "negociación de mala fe". Por lo que reclamaron el acta del encuentro para saber qué se dijo exactamente en la jornada sobre el tema en cuestión.
"La Conselleria nos ha dicho que no nos la da porque está todavía redactándose. Están escondiéndola", acusaron para acto seguido advertir que si ese detalle se negoció sin ellos tras abandonar la mesa al no estar conformes con el redactado original, denunciarían el acuerdo "al tratarse de un delito tipificado".
Educación, en su defensa, subrayó que desde el principio el acuerdo afectaba a los 200 euros en su conjunto e instó a que si se había dado pie a un "malentendido" -en palabras de McEvoy- y eso había impedido que se sumaran a la firma, podían adherirse sin problemas este mismo martes.
Los sindicatos contrarios, no obstante, incidieron en que no se había tratado de una mala interpretación por su parte. Y como prueba, aportaron el comunicado que realizó la propia Generalitat, que especificaba que la revisión tan solo se haría "de los últimos 50 euros para 2028".
El secretario autonómico, en este punto, atribuyó el malentendido a un error a la hora de comunicar el acuerdo e instó a abordar el siguiente punto: las ratios, donde tampoco se logró ningún tipo de avance. Más bien, todo lo contrario.
No en vano, la propuesta que llevó a la mesa el departamento de Carmen Ortí era peor a la presentada apenas 24 horas antes. Si el lunes el Consell se comprometió a reducir el límite de alumnos por aula a 22 en Infantil y Primaria para el curso 2027/2028, en el documento de este martes este compromiso desapareció.
En su lugar, Educación proponía alcanzar esa reducción completa en Infantil en el curso 2029/2030. Esto es, dos años más tarde de lo prometido en un principio.
En Primaria, el escenario era todavía peor, pues en todos los cursos mantendrían las ratios en 25 alumnos. Tan solo 1º de Primaria se haría una excepción: bajarían a 22 alumnos, pero en el curso 2030/2031.
Tampoco en la ESO y Bachillerato la situación mejoraría: en el primero, la horquilla de alumnos en los cuatro cursos oscilaría de 26 a 29 alumnos en el curso 2031/2032. Es decir, dentro de seis años y sin llegar a los 25 alumnos prometidos el día anterior. Mientras que en la etapa no obligatoria, la cuantía de estudiantes bascularía de 32 a 35.
El planteamiento desconcertó en exceso a los sindicatos, que decían no entender por qué se había cambiado la propuesta anterior que hubieran podido secundar varios de ellos.
El límite de alumnado propuesto por el Ejecutivo valenciano, además, se sitúa por encima del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de España que está pendiente de ser debatido y votado en el Congreso.
El asunto, además, era uno de los puntos más candentes de la negociación, pues entre los docentes es uno de los que mayor preocupación generaba, dado que es lo que condiciona la atención individualizada que se le puede prestar a los menores en el día a día del aula.
No obstante, la Generalitat alegó que cumplir con las cifras marcadas por el Estado era "imposible" si la reforma no va acompañada de fondos extraordinarios teniendo en cuenta la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana.
Un alegato por el que los sindicatos y Educación se enzarzaron en una disputa sobre el rechazo del Consell a aprobar la reforma del sistema de financiación que propone el Gobierno central y que supondría que la Comunitat ingresara en torno a 3.669 millones de euros más cada año.
El encuentro continuó con más reproches, pues los sindicatos denunciaron que hubiera desaparecido del texto la posibilidad de que, en caso de que no pudiera aplicarse la reducción en las aulas por falta de infraestructuras, se garantizase personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.
Una modificación que la Conselleria atribuyó a una "omisión fortuita" y que accedió a volver a introducir en el documento. Pero en todo caso, dado que las posiciones estaban muy alejadas, se optó por pasar al siguiente punto, la burocracia. Mientras tanto, el Gobierno autonómico volvería a redactar una nueva propuesta de ratios.
Probablemente, este último epígrafe, fue el que más consenso generó. Las medidas incorporadas a la propuesta de acuerdo despertó especial simpatía entre todas las organizaciones sindicales.
Pero no llegó a firmarse un pacto sobre ello porque STEPV, CCOO y UGT advirtieron que necesitaban consultarlo con sus afiliados antes de validarlo, por lo que Educación les dio una fecha y hora límite para pronunciarse: este miércoles a las 9:30 volverán a la mesa a continuar la negociación y a firmar, o no, este apartado.
Una convocatoria a la que aseguraron que acudirían todas las organizaciones sindicales, pero que también despertó malestar, pues se solapará con la manifestación que estaba convocada para las 11:00 de la mañana de este miércoles, lo que motivó suspicacias de si con ello trataban de desmovilizar a los huelguistas.
Sin foto, sin firma, sin acuerdo tras cinco horas de reunión, las conversaciones seguirán este miércoles tras dos semanas y media de huelga indefinida y sin un horizonte claro sobre el fin del paro en los centros públicos.
Los puntos sobre burocracia
El documento que deberán rubricar, o no, las organizaciones sindicales incorpora la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluya, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).
También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.
Asimismo, también instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtual sin necesidad de corrección para los docentes.
El Ejecutivo autonómico, además, propone el traspaso de la competencia en materia de personal no docente (PAS) de la Conselleria con competencias en Función Pública a la de Educación con la intención de agilizar la cobertura de este personal. Una medida que se hará extensiva también al personal de apoyo educativo (PAE).
La Generalitat, asimismo, se compromete a revisar y unificar las órdenes aprobadas por el Gobierno del Botánico para simplificar los procedimientos relativos a la inclusión del alumnado.
"Procedimiento simplificado para tramitar las adaptaciones del alumnado NEAE de cara a las pruebas de acceso a la universidad con un plazo máximo de resolución y silencio administrativo positivo", agrega el texto sometido a negociación.
Por último, Educación también propone implantar un modelo de "declaración responsable" para determinados casos de permisos y licencias del profesorado sin autorización previa o la integración de la plataforma SAÓ y de los expedientes disciplinarios del alumnado en sus respectivos módulos de ITACA.
