La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, en la reunión con los sindicatos. Rober Solsona / EP
La Generalitat se abre a una nueva subida salarial al profesorado, pero la deja fuera de su propuesta a los sindicatos
Educación traslada un documento que incluye medidas sobre el resto de las demandas, y los sindicatos piden que todo esté por escrito.
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La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano ha trasladado a los sindicatos en la mesa de negociación de este jueves una nueva propuesta de mejoras al profesorado para tratar de frenar la huelga indefinida, si bien no lo logró y las partes volverán a sentarse a negociar el próximo 18 de mayo.
El documento debatido este jueves no incluye ningún apartado dedicado a la "recuperación del poder adquisitivo" que reclaman las organizaciones sindicales de docentes, pero que desde el departamento que dirige Carmen Ortí aseguran que no significa que quede fuera de la negociación.
En la línea de lo que ya avanzó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, Educación relega así la subida salarial a los profesores a un segundo plano. Y si bien se muestra dispuesta a negociar para llegar a un entente, no será el primer punto a acordar.
El jefe del Consell afirmó este miércoles que había escuchado a los sindicatos decir que el tema de los sueldos no era lo más importante de la negociación. "Si no es lo más importante, vayamos a lo importante", dijo.
En este sentido, el "preacuerdo" que ha puesto sobre la mesa la Conselleria incluye compromisos que afectan a las ratios, la reducción de la burocracia, la revisión de las plantillas docentes, mejoras en infraestructuras educativas, inclusión educativa, promoción del valenciano y Formación Profesional.
Así, en el primero de los puntos la Conselleria se compromete a cumplir con todo lo que fija la nueva ley estatal. El Gobierno central aprobó recientemente una norma que fija que en el curso 2031-2032 debe haber un máximo de 22 alumnos en las aulas de Primaria y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
También establece reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.
Unas medidas que, según la Conselleria, tendría un impacto de 780 millones de euros en cinco años, lo que suponen aproximadamente 156 millones de euros por ejercicio.
Plantillas, infraestructuras y valenciano
El Gobierno valenciano también se compromete con los sindicatos a "revisar y actualizar la orden de plantillas en virtud de las decisiones de la comisión de seguimiento" y "agilizará el sistema de sustituciones".
Especialmente, en los casos de profesorado que atienda a alumnos conNecesidades Específicas de Soporte Educativo (NESE) o que imparta clases en 2º de Bachillerato, cuyos alumnos se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a final de curso.
Por lo que respecta a las infraestructuras, el Ejecutivo valenciano se compromete a poner en marcha un Plan director de infraestructuras educativas que incluya un plan de confort térmico y un plan de accesibilidad a los centros.
Para su ejecución, se plantean reuniones trimestrales de seguimiento con la intención de evaluar el estado en el que se encuentran las actuaciones.
Ortí también ha puesto sobre la mesa cuestiones que afectan a la promoción del valenciano. Propone desarrollar un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano.
También recuperar los certificados de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y el diploma de Maestro en Valenciano para valorarlos como méritos ante cualquier proceso.
Burocracia e inclusión
La Conselleria de Educación también propone abrir "al menos 36 aulas UECO para el próximo curso"; crear 135 plazas adicionales de profesorado de audición y lenguaje respecto al curso actual; "impulsar unidades de detección precoz en salud mental"; y "desplegar el Plan autonómico de convivencia (CONVIURE)".
En cuanto a la carga burocrática de la que se quejan los docentes, el Gobierno valenciano plantea aprobar un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluya, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).
También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.
Asimismo, también instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtualsin necesidad de corrección para los docentes.
Por último, respecto a la Formación Profesional, se comprometerían a mantener con fondos propios los ciclos implantados con fondos europeos, mantener la oferta actual siguiendo criterios objetivos (empleabilidad, mejora de itinerarios formativos, o desarrollo social y ruralidad).
Próxima mesa: 18 de mayo
El encuentro ha acabado sin acuerdo y con la convocatoria de una nueva mesa de negociación para el lunes de la próxima semana para seguir debatiendo llas reivindicaciones de los docentes.
Cabe apuntar que la Conselleria realizó la semana pasada una propuesta de subida salarial que motivó la ruptura de las conversaciones con STEPV, UGT, CCOO, ANPE y CSIF.
Esta contemplaba un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.
Con ella, "los profesores se situarían entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español", según Ortí. Un cálculo que la Generalitat realiza porque tiene en cuenta los sexenios que perciben los docentes valencianos.
Sin embargo, la situación difiere si solo se tiene en cuenta el salario base. Por lo que, los sindicatos tildaron la subida de "irrisoria" e "indignante", ya que a partir del 1 de enero de 2027 supondría cobrar en torno a 25 euros brutos más al mes para, al cabo de tres años, completarse una subida de 75 euros.
