El 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. José Cuéllar / Corts Valencianes
La jueza de la dana pregunta a Fiscalía si pide mantener o excluir las diligencias de la causa que afecten a Mazón
La magistrada pide una aclaración sobre el informe en el que el fiscal apoyaba la pretensión del 'expresident' de personarse en la causa.
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La jueza de la dana ha pedido a la Fiscalía que informe de si, a raíz de su último escrito, pide mantener o revocar y excluir de la causa las diligencias acordadas que, según el ministerio fiscal, suponen en la práctica la investigación de la participación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la gestión de la emergencia.
Así lo acuerda la instructora en una providencia de este mismo martes tras examinar el informe de la acusación pública donde esta parte solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso de apelación presentado por Mazón para poder personarse en el procedimiento.
De este modo, la jueza da un plazo de tres días a la Fiscalía para que aclare si solicita el mantenimiento de dichas diligencias o, por el contrario, su íntegra revocación y la exclusión del resultado de las mismas.
El informe sobre el que ahora pide una aclaración la jueza de Catarroja se conoció el pasado jueves y, en él, elfiscal apoyaba la pretensión de Mazón de personarse en la causa.
La jueza denegó inicialmente esta petición de Mazón en un escrito en el que subrayaba su condición de testigo y negaba que su pretensión tuviese cabida en el derecho procesal español.
La instructora señaló en su respuesta a la petición de personación que este hecho únicamente podría basarse "en la voluntad de Mazón de reconocer la participación" en los homicidios y lesiones imprudentes, o en el hecho de que al declarar como testigo -aún sin fecha- tiene "la obligación de decir verdad" y estime que eso "implica ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales".
El letrado de Mazón invocó el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en relación al ejercicio del derecho de defensa por una persona aforada no investigada respecto de la que presuntamente se han practicado, o están pendientes de realizarse, diligencias de investigación de cuyo resultado podría conseguirse información concerniente a su actuación en la gestión de la emergencia.
El fiscal apoyó esta postura y expuso en su escrito que "aunque el precepto nombra concretamente a diputados y senadores aforados ante el Tribunal Supremo, la protección del derecho de defensa permite extender su aplicación a quienes gozan de aforamiento ante los Tribunales Superiores de Justicia y no requieren de suplicatorio", como sucede en el caso de Mazón, que posee un acta de diputado en Les Corts Valencianes por el PP.
Cabe recordar que la jueza ha requerido a alcaldes sus conversaciones con miembros del Consell (del que formaba parte Mazón).
Además, ha ordenado diligencias orientadas a recabar la facturación telefónica y mensajería del personal más cercano al expresident, como los mensajes entre su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y él.
