Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación el pasado abril. EP

Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación el pasado abril. EP

Valencia

El informe secreto del daño que busca la huelga de profesores: "No podremos preparar bien a los alumnos para la PAU"

Un documento interno de la Coordinadora de Asambleas Docentes desglosa las consecuencias que pretende con la paralización de las clases en la escuela pública.

Más información: La mayoría del profesorado valenciano vota a favor de iniciar una huelga indefinida desde el 11 de mayo

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Un documento interno de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià desglosa todas las consecuencias que tendría la huelga indefinida a partir del próximo 11 de mayo en la Comunitat Valenciana y reconoce el perjuicio que provocaría al alumnado de la escuela pública frente a la privada, especialmente, en las etapas educativas superiores.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que ya circula entre el profesorado valenciano, se plantea como una guía dirigida a los docentes para que valoren la fecha de inicio del paro indefinido como la herramienta más efectiva y "fundamental" para conseguir mejoras laborales y salariales.

Entre las opciones que exponen están el 11 ó el 25 de mayo como punto de partida. El texto, así, describe los "pros" y "contras" de arrancar con el paro indefinido en una u otra fecha.

En el caso de realizarlo el 11 de mayo, "se paralizaría o aplazaría la evaluación de 2º de Bachillerato y la PAU en convocatoria ordinaria, así como las pruebas de acceso a Formación Profesional y las pruebas de idiomas en Escuelas Oficiales de Idiomas".

Entre los inconvenientes, reconoce que en centros donde no existe mucha convicción sobre el paro indefinido "el éxito dependería de pocos profesores de 2º de Bachillerato" y que podría ser una "huelga muy prolongada en el tiempo", con las consecuencias económicas que esto tendría para los que la secundasen.

Además, esta plataforma de profesorado, que organiza movilizaciones y huelgas en defensa de la educación pública, admite que "los profesores de la pública no podrían preparar tan bien al alumnado para la PAU como los de la concertada o privada".

Una circunstancia que perjudicaría en cualquier caso a los estudiantes que este año se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad y que estudian en un instituto público, ya que no tendrían opción de acudir a clase durante el último mes antes de la Selectividad.

Mientras tanto, los de la concertada o privada seguirían el curso con normalidad, lo que generaría un agravio comparativo.

En la otra orilla, el documento analiza del mismo modo qué ocurriría si la huelga comenzara el 25 de mayo: "Se podría aguantar mejor hasta final de curso, fácilmente se podría aplicar a todos los sectores y niveles, se podría paralizar o retrasar la PAU, y también las evaluaciones finales de la ESO, FP, Primaria e Infantil".

Como "amenazas" subrayan que "los alumnos de 2º de Bachillerato tendrían notas en la convocatoria ordinaria y probablemente en la PAU". "Tampoco paralizaría ni retrasaría pruebas de acceso a FP ni pruebas de idiomas en las EOI".

En definitiva, que las consecuencias de comenzar el paro indefinido el 25 de mayo serían menos drásticas que de hacerlo el 11, especialmente para el alumnado más sensible por la etapa educativa en la que se encuentra: los que cursan el último año antes de acceder a la universidad.

Aula vacía. Imagen de archivo

Aula vacía. Imagen de archivo

No en vano, a finales de mayo ya se habrían enfrentado a los exámenes finales y las notas de los alumnos ya estarían publicadas. La preparación de la Selectividad, además, prácticamente ya habría concluido, pues los exámenes están fijados este año para el 2, 3 y 4 de junio.

Con todo, el archivo de Coordinadora de Asambleas Docentes reconoce las ventajas de convocar la huelga en una fecha frente a otra, y sostiene que en cualquier caso "la única manera de hacer presión para negociar es hacer una indefinida en mayo".

El texto, en resumen, plantea cómo la elección de la fecha en el calendario escolar no es casual, sino que obedece a una estrategia: la de presionar a la administración autonómica en el momento más sensible del curso académico como es la recta final y la preparación de la PAU.

"Colapsos asociados"

Uno de los apartados del documento radiografía "qué colapsos" se producirían durante cada semana de huelga.

La primera de ellas, por ejemplo, afectaría a "la conciliación inmediata en la etapa de 0 a 6 años y el funcionamiento de la ESO y Bachillerato", además de que se pondrían "en riesgo" las certificaciones de nivel de idiomas A2 en los Institutos de Educación Secundaria.

La segunda, que se produciría del 18 al 22 de mayo, derivaría en una "anulación generalizada de las pruebas de A2 en los centros, los IES quedarían saturados, habría una presión social fuerte y afectaría asimismo a los tribunales de las pruebas de acceso a Formación Profesional".

La tercera semana repercutiría especialmente en FP y conservatorios: "La Formación Profesional quedaría estructuralmente bloqueada, así como audiciones y pruebas de arte, que quedarían K.O.".

La primera semana de junio, que sería la cuarta semana de huelga, pondría "en riesgo real la PAU". Y la siguiente ya la catalogan como "PAU inviable y las pruebas de A2 definitivamente anuladas".

El auténticocaos comenzaría esta semana, la del 8 al 12 de junio, pues las consecuencias se verían en "todas las etapas educativas": "Sin actos en la ESO, Bachillerato, FP ni EOI. No habría promociones ni titulaciones. Se produce el cierre administrativo, imposibilitando cerrar el curso y con riesgo real para el inicio 2025-2026".

Acto seguido, el documento informativo responde varias preguntas que se puedan hacer los profesores que secunden la huelga, como las consecuencias jurídicas y pedagógicas que podrían tener.

Movilización de sindicatos educativos en Valencia. Rober Solsona / Europa Press

Movilización de sindicatos educativos en Valencia. Rober Solsona / Europa Press

A modo resumen, concluye que la "Inspección educativa no podría ordenar que otro profesor califique en sustitución de otro docente en huelga" porque ello podría suponer una substitución del mismo y, por tanto, conllevaría una "vulneración del derecho a hacer huelga".

Enumera, asimismo, qué tipos de pruebas se podrían aplazar y ser reprogramadas, y cuáles no. Entre las primeras, idiomas o audiciones de conservatorios. Entre las segundas, FP, la PAU y las evaluaciones finales de la ESO y Bachiller. "No hay margen, hay que cerrar antes de fin de curso".

"El sistema solo aguanta dos semanas seguidas de reprogramaciones y aplazamientos", concluye en este sentido.

El escrito, además, también rebate el argumento que ofrecen algunos profesores que se oponen a secundar la huelga: considera que el argumento de "no puedo aguantar un mes sin cobrar" es "respetable pero rebatible" porque "en junio cobramos la paga extraordinaria, lo cual reduce el impacto económico".

"520 euros por una semana"

Para que la huelga sea efectiva y la Conselleria atienda sus peticiones, la Coordinadora informa al profesorado valenciano que sería suficiente con que la secundara un 20% ó 30% de cada centro educativo. "El resto puede actuar con solidaridad", apunta.

Tras subrayar el impacto mediático y social que conseguirían, advierten que los acuerdos alcanzados permiten la recuperación económica de los descuentos que les comportan los días de huelga.

Así, una semana de paro comportaría una pérdida neta del salario de entre 480 y 520 euros al mes, y así progresivamente. De tal manera que dos semanas supondría cobrar entre 960 y 1.040 euros menos y un mes completo podría alcanzar desde 1.920 hasta 2.080 euros de media para un profesor sin antigüedad.

"La administración no puede ignorar la presión", agrega el texto.

El informe recoge un listado de las huelgas indefinidas en el ámbito educativo que se han considerado "más exitosas" para el profesorado en los últimos años: citan por ejemplo la de final de curso del año pasado en Asturias, con una reducción de ratios, contratación de docentes y aumento de salarios.

También la del País Vasco ese mismo ejercicio, con los mismos resultados, además de la reducción de horas lectivas y complementos retributivos para el equipo directivo de los centros.

Varios niños a la puerta de un colegio. Rober Solsona / EP

Varios niños a la puerta de un colegio. Rober Solsona / EP

Asimismo, recuerdan la huelga de mayo de 1988 que trajo la dimisión del ministro de Educación, José María Maravall, además de la escolarización a partir de los 3 años, estabilidad para el personal interino, ratio de 30 a 25 por aula, subidas salariales y la fijación de 37,5 horas de jornada laboral semanal, con 30 en el centro, de las cuales 25 eran lectivas.

Ratios, salarios y contratos

El personal docente ha planteado la necesidad de realizar una huelga indefinida tras no fructificar las negociaciones con la Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí.

Los docentes piden, en primer lugar, bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a los 20 estudiantes.

El acuerdo firmado el pasado abril por sindicatos y colectivos también propone una recuperación de las plantillas, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Reclaman, así, a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que se sufren cada año en muchos centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como 'Edificant', así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

El documento también solicita una recuperación del poder adquisitivo, puesto que el profesorado de la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola de remuneraciones salariales de todo el Estado". Las entidades educativas recuerdan que la parte autonómica de esta retribución "no ha sido incrementada desde hace 19 años".

Por ello, exigen, entre algunas de las demandas, una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, un cambio que supondría una mejora salarial de 500 euros mensuales.