El Gobierno valenciano reactiva la ley de Acompañamiento ante la expectativa de que haya nuevos Presupuestos

Se trata de aquella que suele salir adelante junto a las cuentas cada año y que sirve como cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica. 

Según admiten diversas fuentes del Ejecutivo valenciano consultadas por este periódico, las Consellerias trabajan en esta ley desde hace días. 

La Generalitat Valenciana abre la puerta a que las entidades privadas puedan gestionar centros sociales

Aunque ya se encontraba avanzada debido a que su elaboración suele ser constante -sobre todo por todas las cuestiones que han de salir a consulta pública con antelación-, ha habido un nuevo impulso ante un posible escenario de Presupuestos. Los que serían los últimos de la legislatura. 

La ley de Acompañamiento no es necesario que se apruebe junto a la de las cuentas porque éstas pueden obtener luz verde de manera independiente. Pero los presupuestos sí son necesarios para que se salga Acompañamiento y por eso todos los Gobiernos autonómicos han intentado tramitar ambas a la vez. 

El motivo es que se aprovecha esta norma para introducir múltiples cambios legales que el Ejecutivo quiere hacer de manera simultánea. Algo que se vuelve a repetir ahora.

Precisamente ante la posibilidad de que no hubiera ley de Acompañamiento en 2026, el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comenzó a elaborar -tal como publicó EL ESPAÑOL- un nuevo decreto Simplifica II que, en realidad, se ha convertido en un ómnibus. 

El nuevo jefe del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, siguió adelante con él, ya bajo su mandato y con su sello. 

Esta fórmula del ómnibus, sin embargo, ha sido criticada por la Abogacía de la Generalitat, que no ve que se justifique la "extraordinaria y urgente necesidad" que marca la Constitución para este tipo de decretos. 

El pasado viernes, los grupos de Les Corts -entre ellos el PP y Vox- presentaron sus respectivas enmiendas al citado Simplifica II. La gran mayoría de ellas se basaban en la reducción de trámites o la agilización de procedimientos. Pero no había modificaciones sustanciales de leyes. 

Fuentes del Gobierno explican que el motivo es que las Consellerias están incluyendo este tipo de cambios en la ley de Acompañamiento. Algo que denota, de nuevo, que se trabaja en ese escenario de los Presupuestos. 

Nadie habla, eso sí, de fechas. Si finalmente se presentan, tendría que ser cuestión de días o de pocas semanas por los plazos en la tramitación parlamentaria. Aunque hay posibilidad de acortarlos, el Ejecutivo no tiene mucho margen si han de salir en el actual periodo de sesiones antes del verano -como máximo a comienzos de julio-. 

Negociaciones

La clave de todo es, pues, la negociación con Vox, de la que nada trasciende. Pérez Llorca deslizó por primera vez este lunes la existencia de conversaciones. Pero hasta ahí. 

"Los presupuestos están. Si están más cerca o están más lejos, pues no lo sé. Lo importante es que estamos trabajando en esa línea de conseguirlos mediante el diálogo y que cuando tengamos novedades se las comunicaremos", afirmó. 

"Yo soy muy discreto en cualquier tipo de negociación y, como siempre me ha ido bien, prefiero seguir manteniendo la discreción", añadió. 

Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, que siempre ha manifestado su voluntad de intentar tener nuevas cuentas, no niega conversaciones con Vox. 

Vox plantea reservar plazas para militares en la Policía Local y que el historial clínico incluya datos de prestaciones sociales

El contexto actual, desde luego, es el más propicio. Tal como publicó EL ESPAÑOL, los acuerdos territoriales que el PP y Vox están cerrando estos días para formar gobierno han abierto la buscada 'ventana de oportunidad' que Pérez Llorca deseaba para tratar de pactar los Presupuestos.

Las dos formaciones se muestran muy prudentes con el asunto, pero es evidente que los pactos entre ambas en varias autonomías -el de Extremadura ya se ha anunciado y los de Aragón y Castilla y León están encaminados- llevan días alimentando el rumor de que las cuentas valencianas pudieran salir adelante. 

La relación entre Pérez Llorca y Vox siempre ha sido buena -a diferencia de en otros territorios-, lo que facilita el entendimiento. Pero en todo caso, resultará importante el precio.

En Extremadura el PP ha cedido a que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de "prioridad nacional" sobre los inmigrantes; a prohibir el burka en los espacios públicos; a devolver a los menores migrantes no acompañados (menas) a sus padres siempre que sea posible; a que se supriman las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas, a eliminar las subvenciones a las ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal"; o a que los inmigrantes ilegales queden excluidos de los servicios y prestaciones sociales.

Aunque estas cuestiones habrá que comprobar si se plasman en normas autonómicas -algo de dudosa legalidad en algunos casos-, Vox ha hecho de la inmigración su gran batalla ideológica. Así que parece lógico que estas exigencias también lleguen a la Comunitat Valenciana. 

Las cuentas electorales

No sería de extrañar, pues, cesiones de este tipo a nivel discursivo por parte de Pérez Llorca, igual que sucedió con Mazón. El cumplimiento concreto a través de un pacto de presupuestos ya es otra cosa, pues se trataría de unas cuentas más políticas o electorales que de ejecución real a estas alturas del año. 

Por el momento, habrá que esperar. Es posible que se repita la misma situación que con el expresidente de la Generalitat respecto a los Presupuestos de 2025. 

Tras meses de comunicación con la dirección nacional de Vox, acabó por cerrar un acuerdo en poco tiempo para sacar adelante las cuentas después de discretas negociaciones. 

Contar con sus primeros presupuestos permitiría a Pérez Llorca vender un logro de gestión y lanzar un mensaje con el que reforzar el liderazgo de cara a su candidatura en 2027.

Máxime cuando todavía no está nada clara la celebración de un congreso regional que debería de tener lugar a partir de septiembre y que, de no hacerse -un escenario cada vez más probable-, desencadenaría una designación 'a dedo' del candidato por parte de Génova antes de acabar el año. 

Unos nuevos presupuestos le darían igualmente argumentos con los que contraponer su Gobierno al Ejecutivo central, que lleva tres años sin aprobar sus Presupuestos.