El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles en Les Corts. José Cuéllar / Corts
Mazón pide a la Audiencia de Valencia que admita su personación o anule todas las diligencias de la jueza contra él
El abogado del expresidente de la Generalitat recuerda que la jueza afirmó en mayo que la exposición razonada debía producirse al final de la instrucción.
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Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia de Valencia contra la decisión de la jueza de la dana de rechazar su personación en la causa, como ya había anticipado.
El escrito firmado por su abogado insiste en que no existe responsabilidad penal alguna del expresidente de la Generalitat y realiza dos peticiones.
Una, que la Audiencia deje sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que afecten o hayan afectado a Mazón, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal.
La segunda, que si esas diligencias se mantienen vivas o pueden ser utilizadas nuevamente en el futuro, se permita su personación para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa frente a unas actuaciones que se vienen desarrollando desde hace más de un año y que no pueden seguir produciéndose a sus espaldas.
El recurso pone de manifiesto lo que considera una "anomalía procesal relevante derivada del momento en que se elevó la exposición razonada".
Así, recuerda que la propia jueza de la dana afirmó en un auto del pasado mayo que una eventual exposición razonada debía producirse al término de la instrucción y no en una fase intermedia de la misma. La magistrada, sin embargo, lo hizo en mitad del procedimiento.
El abogado de Mazón cree que esa decisión se adoptó apartándose del criterio que, hasta entonces, habían mantenido tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como la Audiencia Provincial de Valencia (auto 23 de octubre de 2025), además del de la propia jueza.
Esa alteración del criterio procesal que habían manifestado todos los tribunales, incluido el de Catarroja, señala el escrito, ha dado lugar a una situación singular. Por un lado, el TSJCV se ha pronunciado de forma clara en relación con la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón.
Pero, por otro, señala, permanecen vivas en el procedimiento todas las diligencias practicadas en primera instancia con incidencia sobre su posición. Diligencias que, además, nada impide que puedan ser utilizadas nuevamente en el futuro para intentar elevar una segunda exposición razonada.
Critica los interrogatorios
El recurso también sostiene que esa forma de proceder ha generado una situación de "seria indefensión desde el punto de vista procesal". La razón, indica, es que "se han practicado diligencias que afectan al señor Mazón sin que éste haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa".
Cita de manera particularmente significativa el mantenimiento de las declaraciones de miembros de su equipo de comunicación una vez elevada ya la exposición razonada, "en un momento en el que no existía posibilidad real de personación en el juzgado instructor para conocer, impugnar o reaccionar frente al contenido de esas actuaciones".
El recurso rechaza igualmente que pueda afirmarse que el señor Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores. "La instrucción continúa abierta y, precisamente por ello, subsiste la posibilidad de que determinadas actuaciones ya practicadas sean reinterpretadas o conectadas con otras futuras", razona.
Desde esa perspectiva, el abogado de Mazón considera que sigue existiendo un interés legítimo y actual en poder combatir diligencias que, a su juicio, se apartaron del marco limitado que había fijado la Audiencia Provincial.
Hace referencia, en este punto, a interrogatorios y preguntas como sobre el jersey que se puso o se quitó, a la comanda del restaurante El Ventorro o las alusiones a Marcial Dorado en la declaración de Alberto Núñez Feijóo.
Las ve "susceptibles de nulidad" y comenta que mientras tales diligencias sigan integradas en la causa y mantengan su eficacia procesal, no puede cerrarse al afectado la posibilidad de comparecer para defender sus derechos.
El escrito hace hincapié en que el derecho del señor Mazón a personarse no nace ni se agota en un instante procesal aislado, sino que surge desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta.
Opina, de esta manera, que el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede interpretarse de forma restrictiva ni como una garantía meramente formal o efímera, "sino como un verdadero instrumento de defensa frente a una investigación en la que, aun sin imputación formal consolidada y a pesar del pronunciamiento del TSJ, se sigue manteniendo una dinámica instructora en la que se afirma expresamente no se descarta incidir sobre la posición jurídica del aforado".
Por eso, prosigue, mientras permanezca abierta la instrucción y exista la posibilidad de que diligencias pasadas o futuras sirvan de apoyo a una eventual nueva exposición razonada, "el derecho de defensa no puede considerarse extinguido".
La intervención de Mazón
Finalmente, el recurso afirma que, más allá de las declaraciones formales que niegan responsabilidad penal, la realidad material del procedimiento "revela que la instrucción sigue proyectándose sobre el señor Mazón".
Así lo evidenciarían, según su abogado, diligencias orientadas a esclarecer qué información recibió, con quién habló, qué comunicaciones mantuvo o cuál pudo ser su intervención en la secuencia de los hechos.
Entre ellas, la declaración de la exportavoz del Gobierno valenciano Ruth Merino para que informe sobre los datos que manejaba el señor Mazón en un momento concreto, la solicitud de conversaciones y comunicaciones con él por parte de distintos testigos y la propia prórroga de la instrucción "interesada para avanzar en actuaciones vinculadas a su entorno inmediato".
Desde la perspectiva del recurso, "esta continuidad material de la actividad instructora es incompatible con negarle simultáneamente la posibilidad de personarse y ejercer su defensa", argumenta.
