El PP y Vox pactan la Renta Valenciana de Inclusión: incluyen la mención abstracta al burka y endurecen requisitos

El debate de la Renta Valenciana de Inclusión ha culminado este martes en Les Corts con un acuerdo absoluto entre el PP y Vox que no ha sido fácil. Ambos partidos han pactado la totalidad de las enmiendas presentadas a la nueva ley que regula esta prestación social aprobada por el anterior Gobierno del PSPV y Compromís. De hecho, fue una de las normas estrella de la exvicepresidenta Mónica Oltra. 

Entre las modificaciones que se incluyen ahora en la ley de manera abstracta pero con una clara intención política, se encuentra el impulso de un denominado Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) que implemente actuaciones específicas. Una de ellas consiste en que se renuncie "a cualquier práctica que, entre otras, atente contra la dignidad e integridad de la infancia y de las mujeres". 

Una manera de introducir la mención al burka de una manera abstracta y abierta a la interpretación (exigencia de Vox que ahora acepta el PP). Este partido explicó en su momento que la enmienda se alineaba con la Proposición de Ley de Protección de la Dignidad de las Mujeres y la Seguridad Ciudadana en el Espacio Público presentada en el Congreso.

Una iniciativa que proponía la prohibición del burka y el nicab y finalmente no salió adelante pese al apoyo del PP.

Vox aprovechó para llevar este debate a Les Corts dentro de la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión impulsada por la vicepresidenta primera Susana Camarero -ahora consellera de Vivienda y hasta hace pocos meses también titular de Servicios Sociales-. Algo que suponía un choque contra ella que ponía en un brete al PP. 

Los populares han acabado por ceder con unas enmiendas transaccionales totalmente abiertas a la interpretación en algunos puntos. Una forma de que ellos se sientan relativamente cómodos con la redacción pero también de que Vox, por su parte, también pueda 'vender' que ha arrancado un compromiso relacionado con la inmigración. 

Las negociaciones entre ambos se han llevado a cabo de manera discreta durante semanas y, de hecho, han sido hasta el último momento. El PP quería pactar con el PSPV y Compromís algunas de las enmiendas, especialmente unas relacionadas con los créditos ampliables de la renta. 

El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, -ahora con la consellera Elena Albalat- había mantenido la interlocución con la oposición hasta la noche de este mismo lunes. Pero Vox había puesto como línea roja que el PP llegara a acuerdos con la izquierda en las enmiendas más relevantes. 

De manera que los populares han terminado por acordar con sus exsocios todo. Tanto el PSPV como Compromís han llegado a agradecer al director general su tono y su voluntad de acercamiento durante la comisión celebrada en Les Corts, pero le han reprochado que les haya "mentido" y haya hecho "trilerismo político" al meter en una enmienda transaccional con Vox lo que había pactado con ellos.

Así, han lamentado que el PP se haya acabando "vendiendo a la extrema derecha". 

Los populares han aprobado dos enmiendas de Compromís y una del PSPV, pero toda la parte más polémica ha sido acordada con Vox. 

De hecho, la oposición también ha criticado que la derecha presentara sus textos pactados 20 minutos antes del inicio de la comisión, que ha tenido que sufrir un receso para que al PSPV y a Compromís les diera un mínimo tiempo de revisarlos. 

Okupas y extranjeros

Entre los que han salido adelante se encuentra asimismo que "se incluirán e implementarán, mediante la persona profesional de referencia, en su caso, aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso al empleo, y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres".

Esta última parte del redactado ha sido añadido por el PP. 

Las enmiendas aprobadas también incorporan a la ley que puedan no percibir la renta los okupas condenados: "Que conste como infracción 'muy grave' la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante por parte de personas beneficiarias de la RVI".

Igualmente, se endurecen los requisitos para cobrar la prestación para extranjeros. Por ejemplo, el de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana durante un periodo mínimo de 15 meses de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud; o cinco años dentro de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpida.

La redacción definitiva de la ley tendrá que ir ahora a pleno.