El edificio ubicado en la avenida Pianista José Roca Coll. EE

El edificio ubicado en la avenida Pianista José Roca Coll. EE

Valencia

Varias familias trasladaron al Ayuntamiento que la promotora quería cancelar la reserva del piso un año antes de la permuta

El PSPV denuncia que el equipo de gobierno sabía que se incumplían los requisitos, mientras Urbanismo defiende que la operación fue "impecable".

Más información: El PSPV denuncia una permuta municipal "irregular" con una promotora que ha dejado sin vivienda protegida a 39 familias

Valencia
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Varias familias afectadas por la permuta que el PSPV llevará a la Fiscalía comunicaron al Ayuntamiento sus sospechas de que la promotora quería cancelar su reserva del piso de protección en la avenida de José Roca Coll, en Patraix, un año antes de la operación.

Según la documentación facilitada por los socialistas, un total de cinco afectados solicitaron acceso a los expedientes y aportaron copias de su contrato con la empresa Domio.

Además, dos de ellos expresaban sus "sospechas" de que la empresa promotora no les estaba dando información "porque tiene pensado cambiar las condiciones del edificio y cancelar la prerreserva".

Estas cinco comunicaciones se produjeron en julio de 2024. En octubre de 2025, la junta de gobierno local aprobó la adjudicación de la permuta a la constructora Domio, que había presentado una declaración responsable asegurando que se cumplían todos los requisitos del pliego, entre ellos, que las viviendas no se hubieran comercializado.

El PSPV anunció la pasada semana que llevaría a la Fiscalía la permuta municipal al considerarla irregular por incumplir esta condición, ya que las familias habían pagado 1.000 euros como reserva de las viviendas.

Para el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, esto "demuestra que el Ayuntamiento no solamente tenía conocimiento de que esas viviendas habían sido comercializadas, sino que, además, había reconocido que existía el derecho por parte de los propietarios de ese contrato a adquirir una de esas VPP".

Proceso "impecable"

Desde el área de Urbanismo volvieron a defender el proceso administrativo de la permuta, que consideraron "impecable" porque "se llevó a cabo con todos los informes a favor, tanto patrimoniales como de la Intervención municipal".

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, acusó al PSPV de "mentir" y "difamar" para "construir un inexistente caso Valencia".

Al respecto, señaló que "las bases de adjudicación de la permuta que el partido socialista amenaza con llevar a la Fiscalía se cumplieron en todos sus extremos".

El concejal recordó que la empresa presentó declaración responsable el 30 de julio de 2025 acreditando que las viviendas ofrecidas no estaban comercializadas.

"El Ayuntamiento hizo lo que debía: exigir en las bases que no estuvieran comercializadas. Y el expediente se tramitó correctamente con la documentación aportada", subrayó.

En esta línea, afirmó que la permuta cuenta con informes favorables del Servicio de Patrimonio (27 de mayo y 10 de septiembre de 2025) y de la Intervención General (16 de octubre de 2025).

Falsedad

El portavoz del PSPV denunció que la declaración responsable presentada por la empresa para justificar que los pisos no se habían comercializado antes de concurrir a la permuta es "falsa".

"El Ayuntamiento conocía que esa declaración responsable era falsa y aún así tramitó la permuta. Al obtener esa declaración responsable siendo conocedor como era, porque tenía un expediente público, de que existían derechos consolidados, tenía que haber excluido a esta empresa de la posible permuta", dijo.

El representante del grupo socialista aseguró que "la empresa probablemente ha cometido un delito al haber mentido en la declaración responsable", pero añadió que "estamos hablando ahora de la posible prevaricación de los concejales que, sabiéndolo, siguieron adelante con la permuta y se la adjudicaron a esta empresa".

Borja Sanjuán aludió al concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner (PP), y al anterior edil de Patrimonio, José María Olano (PP), titular de Grandes Proyectos y Contratación, y exigió el cese de ambos.

"Se puede demostrar que la fecha en la que tenía conocimiento el Ayuntamiento es anterior a la fecha en la que la empresa depositó el anexo en el que declaraba que esas viviendas no estaban comercializadas", apuntó.