Los letrados de Les Corts advierten a PP y Vox que la participación ciudadana en el 'Plan Simplifica 2' es obligatoria
Los servicios jurídicos ya advirtieron sobre ello en el primer decreto ómnibus al gobierno de Carlos Mazón en agosto de 2024.
Más información: El Gobierno valenciano aprueba un segundo decreto Simplifica que afecta a 96 normas y combate la "excesiva burocracia"
Los servicios jurídicos de Les Corts Valencianes han emitido un informe en el que advierten a PP y Vox que no pueden prescindir del trámite de participación ciudadana en el proyecto de ley de medidas urgentes ante la hiperregulación y agilización de procedimientos, el 'Plan Simplifica 2'.
Una norma aprobada por el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca que comienza ahora su periplo parlamentario y que calca la esencia del que fue uno de los proyectos estrella de Carlos Mazón.
El proyecto de ley modifica o elimina en torno a un centenar leyes autonómicas que afectan a distintas materias como sanidad, educación, función pública, participación, urbanismo, o fiscalidad, entre otras muchas.
El informe, revelado este martes por el portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, José Muñoz, pone negro sobre blanco sobre la obligación legal que existe de someter a participación ciudadana el contenido de este decreto ómnibus.
El motivo, según recoge el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es que no se encuentra entre las normas que pueden quedar exentas de este trámite que quedan recogidas en el artículo 188.4 del Reglamento de Les Corts.
Este permite sortear esta fase del procedimiento en casos puntuales: en aquellas normas que afecten a la organización institucional de la Generalitat o también en las que tengan naturaleza tributaria o presupuestaria, como la Ley de Presupuestos o de Acompañamiento.
También las que se refieran a la planificación general de la actividad económica de la Comunitat Valenciana, las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) o las que versen sobre materias del título primero del Estatuto de Autonomía.
Para el resto, el trámite de participación ciudadana es "preceptivo", obligatorio. "El decreto ley 14/2025 del Consell convalidado, cuya tramitación ahora debe ser como proyecto de ley por acuerdo de la Diputación Permanente no se encuentra entre estos supuestos", señala el letrado que firma el informe.
"Tampoco es un decreto legislativo y no nos encontramos propiamente con un decreto-ley. Ha de descartarse, por tanto, la concurrencia de esta excepción", subraya el análisis jurídico.
El texto, eso sí, contempla la posibilidad de que tres de las modificaciones que incluye el proyecto de ley puedan no tener que enfrentarse a este procedimiento: la que afecta a la regulación del tramo autonómico del IRPF, un cambio en la ley de tasas y otro en la Ley de Presupuestos de 2025.
Solo en estos tres casos el letrado abre la puerta a estudiar si podría "concurrir alguna de las causas de exclusión de dicho trámite".
El informe de Abogacía
No es la primera vez que PP y Vox, con mayoría en la Mesa del parlamento autonómico, se dirigen a los servicios jurídicos de la Cámara para cuestionar si se podría sortear la participación ciudadana. Ya ocurrió con el primer Plan Simplifica.
De hecho, el informe actual, firmado el 9 de febrero, se remite al que ya elaboraron los letrados de la casa en agosto de 2024 y en el que ya advertían de la preceptividad de este trámite en una ley de estas características. Los argumentos y razonamientos jurídicos de entonces vuelven a repetirse ahora.
También la Abogacía de la Generalitat dio recientemente un fuerte tirón de orejas al Consell de Llorca con un extenso informe de 345 páginas.
En este no solo criticaba la técnica jurídica empleada -decreto ómnibus-, sino también la reducción de controles sobre algunos procedimientos que el texto legal justificaba en la "urgencia" o la reducción de la burocracia.
Uno de los puntos más sensibles que citaba Abogacía era la modificación precisamente de la Ley de Participación Ciudadana. A través de esta, el proyecto buscaba excluir los decretos-leyes de los trámites de participación ciudadana.
Los abogados de la Generalitat reconocían que el Consell era competente para regular esta materia y no apreciaba en realidad una vulneración directa del derecho de participación, pero sí subrayaban que no era suficiente con "invocar la naturaleza excepcional del decreto-ley" para justificar un cambio legal de este calibre.
Según el documento, del que informó este diario, la reforma se apoyaba en argumentos genéricos, como la necesidad de "evitar dilaciones", pero no acreditaba una situación concreta, sobrevenida e imprevisible que impidiera tramitar el cambio por la vía legislativa ordinaria.
En definitiva, unos cambios sustanciales que reducirían significativamente el nivel de transparencia de la administración autonómica impulsados por el Gobierno valenciano.
