La gran 'auditoría forense' del sector público valenciano anunciada por Mazón, atascada dos años después

Han pasado exactamente dos años de aquella medida y la auditoría todavía no se ha hecho pública. Desde la Conselleria de Hacienda trasladan que se encuentra "en proceso", aunque en la Plataforma de Contratación del Sector Público no consta que los trabajos se hayan adjudicado. 

El anuncio de Mazón se enmarcó en un pack de promesas de recorte del gasto público durante sus primeros meses al frente del Gobierno autonómico. 

A esa medida la acompañaron otras, como la eliminación de entidades creadas por el anterior Ejecutivo de izquierdas (la Escuela Valenciana de Administración Pública o la Agencia de Cambio Climático, entre otras). Algunas de las suprimidas no llegaron a ponerse en marcha. 

También la reducción de altos cargos y asesores. Algo que ha enmendado el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con un aumento del número de consellerias y la eliminación del límite de asesores.  

En su momento, Mazón justificó la auditoría forense en el resultado que arrojaban todos los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas, de la Intervención general de la Generalitat y de la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público. 

En ellos constaba la existencia, en el conjunto de empresas, entidades y organismos públicos valencianos, de procedimientos de contratación irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto o retribuciones a directivos y trabajadores "colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización". 

Esta serie de irregularidades, de hecho, han continuado siendo señaladas por parte de la Intervención de la Generalitat en todos sus sucesivos informes hasta la fecha. 

Dos meses después del anuncio, en marzo de 2024, la Generalitat realizaba el encargo de manera oficial y circunscribía la auditoría al año 2023. 

La limitación a 2023 resultaba llamativa, puesto que se trata del año electoral. El anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) estuvieron al frente del Ejecutivo la mitad de este ejercicio, puesto que el nuevo Consell del PP y Vox se conformó en julio.

Así que se pretendían analizar tanto los últimos meses de la izquierda como los primeros de la derecha. 

La finalidad, comunicó la Generalitat, era "dotarse de las medidas adecuadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; permitiendo ejercitar las acciones legales procedentes para recuperar los fondos que hayan podido ser objeto de apropiación indebida, en su caso". 

Además, se subrayaba que la dotación actual de personal de la Intervención General resulta ya de por sí insuficiente para la íntegra ejecución de los trabajos que debe realizar en el marco de los planes de control aprobados anualmente.

1,19 millones

La auditoría se quería llevar a cabo por empresas privadas a través de un Sistema Dinámico de Adquisición electrónico y abierto. Este sistema comporta que las firmas que cumplan con los requisitos puedan solicitar su inclusión en cualquier momento en el que dure el contrato, a diferencia de un proceso de licitación cerrado.

El procedimiento se puso en marcha en junio de 2024. El periodo de vigencia se fijó en dos años: entre julio de 2024 y julio de 2026. El importe -con impuestos- era de 1.195.520 euros. 

El actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y su antecesora en el cargo, Ruth Merino. Jorge Gil / EP

El sistema contemplaba dos fases: una primera en la que todas las empresas interesadas presentan la documentación requerida; y una segunda con la licitación de los contratos específicos. 

De acuerdo con la Plataforma de Contratación, a fecha de este enero todavía está en proceso la primera fase. A lo largo de estos dos años se han producido las admisiones de varias empresas, posteriores adhesiones, subsanaciones de documentación o interposición de recursos.

También ha habido cambios en la composición de la mesa de contratación. La última este mismo mes. 

Entre las firmas que han optado a la elaboración de la auditoría -y que han sido admitidas- se encuentran BDO Auditores, Ernst & Young (EY), Fides Audit Assurance, Grant Thornton, PricewaterhouseCoorpers, Asesores Forenses y Financieros SL. Otras como J.A Fuster & Asociados están en revisión. 

La memoria justificativa de la contratación exponía que después se procedería a la invitación a cada licitación de las empresas que hubieran optado. Algo que no ha tenido lugar aún. 

Auditoría operativa

De manera paralela a la auditoría forense, la Generalitat también puso en marcha una operativa, que también se ceñía a 2023. En ella se iban a analizar todos los organismos autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles y consorcios dependientes de la Generalitat. 

Este análisis ya está acabado, según indican desde Hacienda, y está pendiente de que pase por el pleno del Consell. 

La finalidad, apuntaron en su momento, era "proporcionar una valoración independiente de la racionalidad económico financiera del sector público instrumental y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas".

Asimismo, "pretendía detectar la existencia de duplicidad de tareas, ociosidad o sobredimensionamiento en recursos materiales, financieros o de personal, así como de generación de costes externos de cualquier tipo". 

Sin comisión de investigación

Junto estas auditorías, el PP anunció igualmente -y junto a Vox- otra medida: una comisión de investigación en Les Corts para indagar en las irregularidades del sector público instrumental entre los años 2016 y 2023. Fue la primera gran iniciativa conjunta de la legislatura de ambos partidos. 

La comisión celebró dos únicas reuniones: una en abril y otra en julio de 2024. Dio tiempo a que los grupos de la derecha aprobaran el plan de trabajo. 

En él figuraban como comparecientes hasta 40 altos cargos del Gobierno de Ximo Puig. Entre ellos, los ex consellers de Educación y Justicia, Vicent Marzà y Gabriela Bravo respectivamente. 

También la ex secretaria autonómica Mako Mira; el ex responsable de Emergencias José María Ángel; el ex secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedeu; o la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Anaïs Menguzzato. 

Igualmente, el listado incluía al exresponsable del Consorci de Museus José Luis Pérez Pont; la que fuera directora de À Punt Empar Marco; y el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella.

Tras posponerla una vez aprobado el plan de trabajo, nunca se volvió a reactivar. Luego llegó la dana y dio al traste con cualquier calendario político. Actualmente, la citada comisión está caducada y ni siquiera se puede retomar.