María José Catalá durante un pleno del Ayuntamiento de Valencia. EFE/Ana Escobar
El caso Cecilia Herrero, concejal díscola de Vox, nuevo contratiempo para Catalá a un año y medio de elecciones
La Fiscalía pide tres años de cárcel para la concejal por delitos de odio y la oposición le exige a la alcaldesa que la cese.
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Nueva crisis institucional en el Ayuntamiento de Valencia. La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado tres años de cárcel para la concejala de Vox, Cecilia Herrero, por unos tuits que publicó en la red social X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia personas inmigrantes, del colectivo LGTBI o personas con discapacidad".
La investigación, iniciada en 2024 por una denuncia de Compromís, afecta a una edil que forma parte del equipo de gobierno de María José Catalá, y ha servido ya de munición a los grupos de la oposición que integran PSPV y Compromís, que exigieron este martes a la alcaldesa su "cese inmediato".
Desde el ejecutivo municipal evitaron pronunciarse sobre el asunto y alegaron que la afectada no había recibido siquiera ninguna notificación, ni tampoco sus abogados. Pero lo cierto es que la causa es una nueva piedra en el zapato para la alcaldesa a tan solo año y medio de que se celebren las elecciones municipales.
No en vano, tras la petición de la Fiscalía se deberá abrir juicio oral a la investigada. Algo que obligaría a Catalá a tomar una decisión respecto a su continuidad en el gobierno local, con la incógnita de cuándo sucederá eso en el calendario. Hasta entonces, socialistas y valencianistas seguirán pidiéndole que la aparte de sus competencias.
Conviene recordar que no es la primera vez que Herrero se encuentra en el centro de la polémica. Hace exactamente un año, ella y Juanma Badenas, su pareja sentimental y exportavoz de Vox en el consistorio, se dieron de baja del partido de Santiago Abascal y comprometieron la gobernabilidad de Catalá, que quedó temporalmente en minoría en el Ayuntamiento de Valencia.
El detonante de todo fue, en marzo de 2025, el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía a Badenas por, presuntamente, haber amañado un contrato para adjudicarlo a la empresa en la que trabajaba Javier Cebrián, el marido de la delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.
La dirección nacional de Vox decidió entonces expulsarlo temporalmente y a partir de ahí estalló la crisis en el seno del Ayuntamiento que ocupó portadas nacionales: tanto por la posible ruptura del gobierno de coalición, como por ser el primer caso de corrupción que podría salpicar a la formación de Abascal.
Losconcejales de Vox Cecilia Herrero y Juanma Badenas. Ana Escobar / Efe
Badenas dejó Vox, pero no lo hizo solo, Herrero lo hizo apenas unas horas después. Y Catalá sacó del equipo de gobierno al primero, pero mantuvo a la segunda. Pero tras discretas negociaciones con la dirección nacional -en particular, con Montserrat Lluis- y con los entonces concejales tránsfugas que se prolongaron durante días, ambos decidieron volver a su formación.
Por su parte, tanto Vox como su grupo municipal, decidieron readmitirlos, conscientes de que podían quedar fuera del gobierno de la institución más importante en la que se encuentran en toda España.
La alcaldesa, en definitiva, retuvo el ejecutivo de coalición y la mayoría en el consistorio, aunque había amagado con gobernar en solitario si los voxistas no resolvían sus problemas.
Con aquel telón de fondo, tanto Badenas como Herrero se convirtieron en las figuras más incómodas para la primera edil. De hecho, tras aquellas convulsas semanas, los dos recuperaron competencias en el gobierno municipal, pero con menor peso y trascendencia que las que ostentaban antaño.
La alcaldesa reestructuró su gobierno: Badenas dejó de ser teniente de alcalde y portavoz de Vox, además de ser el responsable de Parques y Jardines además de Empleo y Formación; Cecilia Herrero era responsable del área de Emprendimiento. Ahora se encargan de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, y guardan un perfil público más bajo respecto a entonces.
Los mensajes
La denuncia contra la edil fue presentada en su momento por Lucía Beamud, edil de Compromís, por los mensajes que Herrero había publicado en X sobre el activista por los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye. "Falta que te vuelvas a tu país", le escribió.
La denuncia se amplió poco después con otros comentarios vertidos en sus redes sociales. Entre ellos, figuraban algunos como "Asco, son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada"; "Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros"; "Los moros nos invaden" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera".
En total, se investiga a la concejal por casi una treintena de publicaciones de este estilo. Mensajes que más tarde ella misma borró de su perfil de Twitter-X. Pero dos años después de comenzar la instrucción, la fiscal Susana Gisbert, ha pedido 3 años de cárcel más una multa por incitar al odio.
Subsidiariamente, si el juzgado de lo Penal no viera demostrado el tipo agravado del delito, la fiscalía solicita la condena de 14 meses por humillar a un colectivo, así como también multas y la "inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de 6 ó 5 años".
