La Agencia Antifraude cambia de sede: deja de pagar 120.000 euros de alquiler y se muda a una propiedad de la Generalitat

A principio de 2025, el nuevo director planteó la necesidad de abandonar los despachos que ocupaban (justo al lado del parlamento autonómico) y por los que pagan un alquiler de 10.000 euros al mes, sin IVA.

En total, 120.000 euros al año que Beut quería ahorrar al organismo y por la que se puso en contacto tanto con Les Corts Valencianes -institución a la que está adscrita-, como con la Generalitat, dado que la administración autonómica cuenta con varios inmuebles vacíos a los que no se les da uso.

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La Dirección General de Patrimonio ha estado estudiando desde hace meses las propiedades que tiene actualmente la administración. No solo para determinar qué emplazamiento cubriría las necesidades y requisitos planteados por Beut para acometer el traslado, sino también para poner orden y hacer una suerte de inventario sobre el patrimonio.

Ahora, la intención es que el equipo pueda trasladarse a la planta 5 de un edificio propiedad de la Generalitat en Amadeo de Saboya, para el cuál la administración ya se encuentra realizando obras de acondicionamiento para adaptar el espacio y que pueda estar listo en abril.

Es entonces cuando vence el contrato de alquiler que tiene firmado ahora mismo la Agencia Valenciana Antifraude, por lo que, para entonces, la mudanza debe haberse realizado.

Desde enero de 2018, las oficinas de Antifraude se ubican en la Calle Navellos 14, justo en un edificio contiguo a la Cámara valenciana y a espaldas de la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El inmueble cuenta con 680 metros cuadrados y está en una de las zonas más caras de la ciudad, próximo a la Plaza de la Virgen y a tan solo unos metros a pie del antiguo cauce del río Turia.

En su momento, la Agencia argumentó que sería una sede provisional hasta poder trasladarse a otro espacio más económico o que Les Corts o la Generalitat le cedieran un inmueble que no le ocasionara gastos en su presupuesto.

Sin embargo, esto nunca ocurrió durante dos mandatos del Botànic -el primero, de PSPV y Compromís, y en la segunda legislatura, con la incorporación de Podemos-, a pesar de que la coalición reclamó en distintas ocasiones que se trasladaran a un espacio público o a un lugar donde el alquiler fuera "más asequible".

Eduardo Beut. José Cuéllar / Corts

El propietario del inmueble es la firma de arquitectura Arquilab SL, empresa vinculada al exdiputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte.

El local fue el lugar escogido por el Tribunal de la Santa Inquisición para albergar su sede en València a partir del año 1527, donde permaneció durante años -tal y como recoge en su web el investigador J. Díez Arnal-.

En total, habrán pasado alrededor de 8 años y medio desde que el organismo firmó un contrato de arrendamiento. Al inicio, la entidad que dirigía Joan Llinares pagaba 120.000 euros, sin IVA. Pero el precio ha ido aumentando con el paso del tiempo.

Despacho en Les Corts

Conviene recordar que, antes de empezar a trabajar en la sede actual y comenzar a desembolsar un alquiler, Llinares y sus primeros fichajes pusieron en marcha la Agencia desde un pequeño despacho cedido por Les Corts.

Sin embargo, conforme la Agencia fue aumentando su personal, este espacio quedó pequeño. Algunas reuniones, de hecho, las tuvieron que realizar en los pasillos del Parlamento porque no todo el equipo de funcionarios cabía en una única sala de reuniones.

El cambio al frente de la dirección en la agencia se produjo en julio de 2024, después de que Llinares acabara su mandato al frente del organismo. Desde entonces, un total de 10 trabajadores han dejado Antifraude.

El 25% de la plantilla de la Agencia Valenciana Antifraude ha cesado desde el cambio de director del organismo

Ocho de ellos pidieron volver de forma voluntaria a sus anteriores puestos en la administración -todos los trabajadores son funcionarios de carrera-.

Los otros dos miembros de la plantilla fueron apartados de sus responsabilidades por el propio director en septiembre del año pasado, poco tiempo después de haber accedido al cargo gracias a los votos de PP y Vox.

Se trata de la jefa de asuntos jurídicos, Teresa Clemente, y al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, quien también fue candidato a dirigir la agencia en el proceso para suceder al anterior director, Llinares. Dos salidas que la oposición tachó de "purga" y "cacería".

En total, la Agencia Valenciana Antifraude cuenta con una plantilla de 40 trabajadores, por lo que los ceses, tanto los voluntarios como los forzosos, representan el 25% del total.