La Diputación de Valencia pide que se reabra la causa del excomisionado de la dana por presunto "delito de estafa"

El juez decretó el pasado 8 de octubre el sobreseimiento libre de la causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. Entendía que los hechos denunciados estaban prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal quedaba extinguida.

El magistrado razonó en un auto que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo.

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Sin embargo, los servicios jurídicos de la Diputación consideran que, aunque el delito de falsedad documental haya prescrito, la corporación ha sido "perjudicada al haber sufrido un menoscabo directo en su actuación y patrimonio por un delito de estafa mediante falsificación".

Según entienden en la institución provincial, el presunto delito de estafa no habría prescrito porque Ángel seguía "haciendo uso o beneficiándose" de ese título falso desde 1987 hasta la actualidad, hasta que se jubiló el pasado 31 de agosto, cuando se hizo efectiva su baja.

La causa estalló en pleno verano, el pasado mes de julio, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación para esclarecer si el excomisionado falsificó un título universitario que le permitió el acceso a su plaza de funcionario en la Diputación de Valencia.

Unas pesquisas iniciadas a raíz de una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude cuyo expediente concluyó que en 1985 Ángel entregó una fotocopia de una diplomatura que no habría cursado, la de Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia.

Una formación que, de hecho, resultaba imposible que el entonces investigado hubiera podido cursar en aquel momento dado que la carrera en cuestión comenzó a impartirse en dicha facultad en el curso 1996-1997. Es decir, 13 años después de la fecha que consta en la expedición del título: el 2 de septiembre de 1983.

Las conclusiones de la investigación fueron que "el señor Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia".

La promoción interna

Según figuraba en su expediente de la Diputación de Valencia, Ángel fue nombrado funcionario de carrera el 14 de abril de 1983. En particular, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca, grupo C. En realidad, esta escala de la administración no requería de ninguna titulación superior para su acceso. Es decir, que pudo acceder a este puesto de funcionario en su día sin necesidad de ser diplomado de Biblioteconomía y Archivística.

Sin embargo, en 1986 fue nombrado ayudante de archivo y biblioteca, del grupo B. Una escala superior en la administración para la que sí es requisito indispensable estar en posesión de una titulación de diplomatura o superior.

Sin embargo, Ángel pudo mejorar su clasificación en la corporación provincial al presentarse a un proceso selectivo convocado por la propia Diputación, entonces presidida por el socialista Antoni Asunción, sin necesidad de tener ninguna titulación superior, ya que el proceso selectivo contemplaba esa excepción. Algo que hoy, sin embargo, choca con la legislación. 

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Tras conocerse la investigación en curso, Ángel negó tajantemente haber medrado gracias al título y defendió la legalidad en el acceso y posterior promoción como funcionario de carrera.Y lo cierto es que toda la documentación aportada por el ya ex alto cargo probó que todo el proceso, aunque laxo, fue acorde a la legalidad.

Sin embargo, no pudo explicar el por qué entonces en su expediente constaba un título en Archivística y Biblioteconomía falso. La Diputación, ahora, quiere que se reabra la causa al considerarse perjudicada, no por falsedad documental, sino por estafa. Ángel presentó su dimisión el 31 de julio.