Una persona en silla de ruedas. Eduardo Parra / EP
Atasco de miles de expedientes de discapacidad en la Generalitat: todavía hay de 2023 pendientes de resolver
La Generalitat ha aumentado un 27,5% las resoluciones en el primer semestre del año, pero el colapso en el sistema persiste y empeora tras la dana.
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Los tiempos de espera para el reconocimiento de la discapacidad en la Comunitat Valenciana no mejoran a pesar del tirón de orejas que le dio el Defensor del Pueblo a la Generalitat el pasado mes de febrero. En particular, a la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero.
Este reconocimiento resulta imprescindible para, por ejemplo, acceder a prestaciones sociales. La normativa estatal fija un plazo máximo de tres meses para que la administración resuelva los expedientes de los solicitantes, pero lo cierto es que este intervalo nunca se ha cumplido. Los tiempos de los servicios sociales son otros.
Actualmente, el departamento de Camarero cuenta con un atasco de expedientes que alcanza a octubre de 2023, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Expedientes de nueva valoración de grado que todavía están por estudiar, es decir, personas que todavía se encuentran "fuera del sistema".
No es la única demora que registra la Conselleria. En estos momentos, también se encuentran pendientes revisiones de personas que ya cuentan con un grado de discapacidad reconocido y buscan una renovación o nueva valoración después de haberse agravado su estado. También del mismo ejercicio.
Junto a estos, hay también de 2024 y, por descontado, de 2025. Un atasco al que, de una manera u otra, contribuyó la dana del pasado 29 de octubre. Según trasladan fuentes consultadas por este diario y confirma la propia Generalitat, los primeros meses tras la riada, se dio prioridad a los expedientes que tuvieran que ver con la tragedia.
En este sentido, el Consell diseñó un protocolo para agilizar los casos pendientes en el que se daba la orden de priorizar "todas las solicitudes, iniciales o de revisión, de reconocimiento del grado de discapacidad, Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y dependencia a las personas" cuyo municipio se encontrara afectado.
Ahora bien, de forma paralela a esta decisión de priorizar los expedientes dana, la Conselleria decidió enviar personal de refuerzo que realizara labores administrativas para aliviar el atasco que registraron los servicios sociales.
Un plan costó cerca de 2,5 millones de euros y se basó en la distribución en marzo de un centenar empleados públicos en Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Chiva, Guadassuar, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví y Utiel.
Sin embargo, la dana fue un elemento más que contribuyó al colapso ya existente, según explican fuentes del sector. Pero no el motivo que ha enquistado los trámites. "El problema es estructural desde hace tiempo", resumen.
A las mermadas plantillas, se suma un aumento de solicitudes y la carencia de médicos dedicados a la valoración de las diferentes casuísticas para determinar los grados de discapacidad de los solicitantes. "La mayoría se inclina por trabajar en otros sitios donde las retribuciones suelen ser mejores", exponen las mismas fuentes.
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. Rober Solsona / EP
El resultado de ese cóctel, junto a la dana, es el mismo problema sobre el que el Defensor del Pueblo pone el foco cada cierto tiempo: que miles de personas quedan a la espera de una resolución durante meses, algunos, años. Las últimas cifras publicadas situaban a cerca de 54.500 valencianos en esta tesitura.
Atención temprana
Desde el Consell reconocen que existe un mayor tiempo de espera en discapacidad y dependencia respecto a Atención Temprana de 0 a 3 años. En este caso, destacan que la lista de espera es "cero". Es decir, que ningún padre o madre sufre una demora en la atención a su hijo si este tiene algún problema intelectual, cognitivo o de otro tipo.
Asimismo, subrayan que la Generalitat ha aumentado un 27,5% las resoluciones del grado de discapacidad en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del balance de gestión realizado por la Dirección General de Personas con Discapacidad.
