Cecilia Herrero, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. EE
La normativa interna de Vox permite la expulsión de la edil de Valencia si le abren juicio oral por sus tuits
La concejal Cecilia Herrero ve incongruente que se le aplicaran esos reglamentos cuando el partido critica las leyes sobre delito de odio.
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La normativa interna de Vox permite la expulsión del partido de la edil del Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero al estar inmersa en un procedimiento penal.
Así lo señalan tanto los estatutos de la formación como el Código de Conducta. Dos reglamentos de aplicación a los que podría recurrir Vox tanto en este momento como en el caso de una apertura de juicio oral.
Una suspensión de militancia si se produjera la citada apertura de juicio asoma, de hecho, como el escenario más probable, según algunas fuentes. Algo que, en todo caso, todavía no ha sido abordado a la interna y, por lo tanto, tampoco decidido.
La Fiscalía ha solicitado una pena de entre 14 meses y tres años de prisión por delito de odio para la concejala de Vox por mensajes de naturaleza racista que publicó entre 2020 y 2024 en la red social X (antes Twitter).
Se trata de más de 20 tuits que la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público considera que estaban "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión contra personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad".
"Los moros nos invaden", "basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" fueron algunos de los mensajes que Compromís denunció ante la Fiscalía.
"Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros" fueron otras de las consignas manifestadas por Herrero.
Apertura de juicio
El Ministerio Público también reclama para Herrero la inhabilitación para ser candidata a cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.
Ahora, el siguiente paso será la apertura de juicio oral por parte del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El pasado junio ya dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento-.
Será en esta fase de apertura de juicio cuando probablemente Vox tendrá que tomar una decisión sobre la situación de su concejal. Bien sea una vez llegue esa resolución o en el momento en el que se fije la fecha en la que se sentará en el banquillo, lo que tardará varios meses.
Aquí es donde entra en juego la normativa interna. Los estatutos marcan en su artículo 38 que "podrá acordarse la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un procedimiento penal".
A ello se añade el apartado 6 del Código de Conducta. "Cualquier cargo público u orgánico de Vox al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal pondrá su cargo a disposición del partido", establece.
Y prosigue: "Toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada a Vox, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante el Comité de Cumplimiento y el Comité de Garantías.
Si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será en sí mismo un incumplimiento por el que podrá ser cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente disciplinario".
Lo cierto es que esta normativa interna da a Vox un amplio margen para la expulsión, como suele ocurrir en todos los partidos. Algo que le permite aplicarla en el momento que quiera. Sin embargo, la apertura de juicio oral suele ser lo más habitual.
Herrero apela a la incoherencia
Preguntada al respecto de esta posibilidad, Cecilia Herrero señala que una suspensión de militancia sería incongruente con el discurso del partido y de su presidente, Santiago Abascal. Éste, según destaca, ha calificado las leyes de delito de odio como una mordaza contra la libertad de expresión.
Para la edil, también chocaría con la defensa de la presunción de inocencia que siempre realiza Vox ante lo que entiende como persecución a sus cargos públicos.
Herrero critica que este miércoles todavía no le había sido notificada la calificación de la Fiscalía y que se enteró por los medios.
En el caso de una expulsión, no sería la primera vez que la edil acaba fuera del partido. En marzo del año pasado, se dio de baja después de que Vox suspendiera temporalmente de militancia al entonces portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas -su pareja-.
El motivo fue otra investigación, aunque de la Fiscalía Anticorrupción, que todavía sigue en marcha.
El movimiento provocó una crisis de Gobierno en el consistorio que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tuvo que reconducir con negociaciones con la dirección nacional.
El partido acabó poniendo como condición a Herrero y Badenas que pidieran su readmisión en Vox como condición para volver a formar parte del Ejecutivo municipal, algo que ocurrió en abril.
Catalá eludía así la inestabilidad de un Gobierno en solitario pese a que, en realidad, dentro de Vox hubo voces que preferían la ruptura.
Así que desde entonces Herrero sigue afiliada, si bien en aquel momento no dejó el acta y criticó lo que vio como falta de apoyo de su formación.
Si ahora sucediera algo similar -una expulsión por apertura de juicio oral- no parece muy probable que renuncie a su escaño, por lo que pasaría a ser no adscrita.
La situación, desde luego, sería incómoda ni para Vox y para Catalá. Parece bastante claro que Herrero no repetirá en las listas de las próximas elecciones municipales de 2027. Pero hasta entonces ha de resolverse una situación por la que podría acabar sentada en el banquillo antes de esos comicios.
