Representantes de Apercove en el Congreso de los Diputados. EE
Vecinos contra los abusos de administradores de fincas: nace la primera asociación en la Comunitat Valenciana
La agrupación se da a conocer en el Congreso y pide modificar la Ley de Propiedad Horizontal para frenar "situaciones abusivas" que viven las comunidades de propietarios.
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Actas en las que constan acuerdos que nunca se adoptaron, presidentes que se eternizan en el cargo, empleados de fincas que operan como agentes inmobiliarios... Son algunos de los ejemplos de abusos a los que, según la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove), se han enfrentado algunos propietarios.
Apercove nació en Málaga hace apenas dos años y el próximo martes presentará oficialmente su delegación en la Comunitat Valenciana en la Casa de la Cultura de Cullera (Valencia). Su intención es clara: conseguir total transparencia en la gestión de las comunidades de vecinos y evitar abusos.
Y es que, aunque sus impulsores subrayan que no se puede generalizar, lo cierto es que quien más y quien menos se ha enfrentado en algún momento a algún dilema en la comunidad en la que vive. De estas experiencias, explican, surge la idea de agruparse formalmente con el objetivo de canalizar inquietudes y defender los intereses de los vecinos.
En febrero, cruzaron por primera vez las puertas del Congreso de los Diputados. Allí les recibió el portavoz socialista y presidente de la Comisión de Vivienda, Ignasi Conesa, junto con los diputados Gonzalo Redondo, Javier Rodríguez y Rafaela Romero.
Durante más de una hora pusieron sobre la mesa un reclamo que muchos propietarios consideran urgente: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, un texto preconstitucional y "obsoleto" que, a su juicio, conviene modificar con urgencia para evitar vacíos legales por los que se puedan colar corruptelas.
Pero también para adaptarla a la nueva realidad y que los propietarios puedan asistir, por ejemplo, a las juntas de vecinos de forma telemática, sin verse en la obligación de delegar el voto en el administrador o presidente de la comunidad.
Se da la circunstancia, explican, de que en segundas residencias se ven obligados a hacerlo y se han encontrado en situaciones en las que administradores o empleados de fincas "acaparan representaciones de vecinos ausentes de forma abusiva" cuando también son propietarios de alguna vivienda en el edificio.
Situaciones que, más tarde, les permiten contar con la mayoría de votos en los escrutinios que se producen en las juntas para adoptar decisiones que afectan a la comunidad.
En este caso, destacan la importancia de la reciente reforma del Convenio de Empleados de fincas urbanas en Valencia y Castellón que, como novedad, incorpora la incompatibilidad de estos trabajadores en ostentar representaciones de vecinos ausentes.
Algunos casos
El listado de agravios que ya les trasladan personas que saben que la asociación está a punto de echar a andar en la Comunitat son variopintos. Por ejemplo, la extralimitación de administradores que "al tener acceso a los datos protegidos de todos los vecinos, contactan con ellos para requerirles representaciones y ser utilizadas en Juntas de Vecinos".
También empleados de fincas "que utilizan su puesto de trabajo para finalidades ajenas a su puesto". Citan así la intervención en alquileres, ventas o servicios de locales y plazas de garaje."Realizan actividades de otros profesionales y obtienen así rentas o comisiones no declaradas", denuncian.
Uno de los ejemplos más sonados tuvo lugar en Cullera, donde, según la asociación, una administradora llegó a acumular, junto a su marido y su empresa, la mayoría de votos en una comunidad de garajes para asegurarse la presidencia y la gestión.
Mientras tanto, en otra comunidad de vecinos se detectaron facturas falsas que fueron utilizadas en la gestión de los gastos y requerimientos de pago. Irregularidades que ya han sido denunciadas, pero a las que esta asociación quiere poner coto.
Batalla más allá de los portales
La asociación tiene un listado de objetivos ambiciosos: limitar los mandatos de presidentes y juntas directivas dos años, regular las representaciones de vecinos, grabar las juntas para evitar manipulaciones de actas, controlar las viviendas turísticas o agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal, entre otras.
Para ello, consideran prioritario el papel de los medios de comunicación, para "hacer visibles los abusos", pero también una comunicación fluida con las administraciones públicas para que estas pongan freno de alguna manera desde las instituciones.
