De todos los graves errores cometidos en la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, los atribuibles a la CHJ son los primeros en ser reconocidos como voluntarios.
Así se desprende de las insólitas confesiones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que declaró como testigo el pasado viernes ante la jueza Nuria Ruiz en el Juzgado de Catarroja.
Polo reconoció que le comunicaron en persona a las 18:45 que el barranco del Poyo, a su paso por Ribarroja, portaba 1.686 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué hizo con esa información? Nada.
No levantó el teléfono para avisar de la tremenda avenida a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Ni siquiera se dignó a mencionarlo cuando se reactivó a las 19:00 horas la reunión del Cecopi, el organismo encargado de gestionar la emergencia.
¿Pero cómo es esto posible?
Hasta la fecha, cabía atribuir el carrusel de chapuzas a la ineficiencia.
Convocar el Cecopi por la tarde fue un grave error, pero involuntario. La desconexión entre el aluvión de llamadas al 112 y el Cecopi fue un grave error, pero involuntario, indeseado por los dirigentes autonómicos liderados por Pradas.
Incluso el apagón informativo de la CHJ entre las 16:13 y las 18:43, periodo en el que no enviaron los correos protocolarios sobre la crecida del Poyo, fue involuntario. Se produjo porque la atención la acaparaba el posible colapso de la presa de Forata y el aluvión que habría generado en el río Magro.
Pero Polo, cuando tuvo la información, calló de forma consciente. El máximo responsable de la confederación hidrográfica, el mismo que presume de haber alzado la voz minutos antes al conocer que no se había enviado el mensaje de alerta por la presa, decidió callar tras conocer una inundación bárbara.
Miguel Polo. Efe / Ana Escobar
Recurrió a excusas diversas. Dijo que los datos "no eran relevantes" por sí mismos y que "ya no se podía reaccionar". Espectacular esto último.
Para defender esta tesis, subrayó que el medidor de Ribarroja solo ofrecía datos del barranco del Poyo, y no del resto de barrancos de la misma cuenca.
"1.600 metros cúbicos no es tan grave, es de desbordamiento de la rambla del Poyo. Pero también lo eran los del Magro. La gravedad de los 1.600 es que ya hay 2.000 en Horteta y otros 1.000 en el Gallego. Y todo eso se junta. Si solo hubieran sido los del Poyo no hubiera pasado nada", dijo.
En efecto, fue la suma la que generó la avenida mayúscula en la cuenca del Poyo. ¿Pero no se le ocurrió pensar al señor Polo que, si la lluvia récord de aquella tarde había provocado 1.600 metros cúbicos en el Poyo, era harto probable que pasara algo similar en los barrancos que carecían de medidor?
La correcta respuesta de un presidente de confederación hidrográfica habría sido advertir a todos los dirigentes y tratar de averiguar lo que pasaba en cada rambla. Lejos de hacerlo, se quedó callado en el Cecopi.
"Daba por hecho que Emergencias estaba al tanto de lo que estaba pasando. Estaba todo colapsado. Emergencias tenía mucha información. Las llamadas del 112 así lo reflejan", dijo. ¿"Daba por hecho"? ¿En serio? Fascinante.
Del desdén al celo
Además, este desdén contrasta sobremanera al celo que exhibió al hablar del papel de la Generalitat Valenciana. Para Polo, como para todos los socialistas, la única negligencia fue la de la Generalitat por no enviar una alerta masiva hasta las 20:11.
El único riesgo que todos tenían constatado era el posible colapso de la presa de Forata, arriba mencionado. De hecho, solo se alertó por esta posibilidad. Si el Cecopi hubiera alertado antes, habría avisado a los afectados del Poyo de pura casualidad, sin tener ni idea de lo que sucedía en esa cuenca.
Sin embargo, Polo le exige a la autonomía haberlo hecho. Y lo hace mientras defiende que él no tenía por qué informar de un riesgo que sí tenía constatado. La incongruencia es atroz.
La investigación versa sobre si los dirigentes, con la información que tenían, pudieron avisar antes a los ciudadanos, y el papel de Polo fue trascendental para que esa advertencia no se produjera. Que pase de testigo a investigado resulta imprescindible. De lo contrario, resultará muy difícil creer en la imparcialidad de la magistrada.
A su vez, en el plano político, la continuidad de Miguel Polo en su cargo resulta del todo insostenible. Del mismo modo que la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso fueron cesados por Carlos Mazón, Pedro Sánchez debe hacer lo propio con su dirigente al frente de la CHJ.
Deben marcharse todos los que fallaron, y Polo más todavía al haberse equivocado por completo de forma voluntaria.
Postdata:
La ruptura del silencio de Miguel Polo tan solo ha sido parcial. Al fin, tras once meses escondido, se ha pronunciado sobre su gestión de la emergencia. Pero resta por aclarar el papel de la CHJ a la hora de reclamar las obras jamás realizadas para encauzar, desviar y laminar el agua de la cuenca del Poyo.
Yo estoy convencido de que esta circunstancia es determinante para que el Gobierno de España haya exigido el silencio de Polo, al contrario de lo que ha hecho con el jefe de climatología de Amet, José Ángel Núñez, cuya exposición ha sido notable.
Polo, y la CHJ en su conjunto, han hecho durante años un minucioso trabajo de reclamación a su Gobierno de las obras previstas para esta cuenca. Son quienes mejor saben cómo el Estado las postergó.
A Polo lo mantiene en el cargo un Gobierno al que le conviene su silencio sobre cuestiones como que la primera y más importante de las obras, el desvío del Poyo al Turia, solo costaba 55 millones en tres años. La CHJ escondió esta información, revelada por EL ESPAÑOL, hasta que la comisión de investigación de la dana le exigió entregarla.
