El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas. Jorge Gil / EP
Anticorrupción amplía la investigación a alrededor de 20 contratos del exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia
La Fiscalía indaga en todos los procedimientos de adjudicación realizados desde Valencia Activa y el área de Parques y Jardines denunciados por el PSPV y Compromís.
Más información: Anticorrupción investiga contratos del exportavoz de Vox en Valencia, entre ellos a una empresa próxima al PSOE
La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado la investigación que inició el pasado abril sobre posibles irregularidades en diversos contratos realizados en el Ayuntamiento de Valencia desde departamentos dirigidos por el edil Juanma Badenas, exportavoz de Vox en el consistorio.
Los contratos bajo lupa ya llegan a la veintenta, según fuentes conocedoras de las indagaciones, y se realizaron tanto desde la fundación municipal Valencia Activa como desde el área de Parques y Jardines, ambas lideradas por Badenas como concejal de Empleo.
Las irregularidades podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Aquel mes de abril, y en el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en tres edificios municipales para requerir documentación: el Ayuntamiento de Valencia (en la Intervención), la sede de la fundación Valencia Activa y Tabacalera (donde se ubica la sede de Parques y Jardines).
Tal como publicó EL ESPAÑOL, la UCO estudió durante varias horas los papeles relativos a estos contratos y se centró especialmente en Valencia Activa.
Allí pidió información de esta fundación de etapas anteriores para cotejar los procesos de tramitación de los contratos que investiga. El motivo es que las indagaciones se centran -por el momento- en comprobar todos los procesos que se siguieron para las adjudicaciones.
Después de la polémica que provocó la entrada de la UCO, el pasado mayo la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó iniciar los trámites para la disolución y extinción de la Valencia Activa.
El equipo de Gobierno consideró que todas sus funciones pueden ser asumidas por los servicios municipales de empleo y emprendimiento y aseguró que era una decisión tomada "desde hace tiempo". La liquidación tiene, como fecha máxima, el 31 de diciembre de 2025.
Ésta fue comunicada por parte del PSPV y de Compromís a la Fiscalía a través de sendos escritos.
De Imedes al Plan de Empleo
La investigación de Anticorrupción se inició a raíz de denuncias interpuestas por el PSPV y Compromís entre febrero y marzo. Cada partido ponía el foco en un contrato, si bien finalmente todos se han acumulado en el mismo procedimiento.
Uno de los primeros fue el de la empresa Imedes, considerada próxima al PSPV. La denuncia en relación con ella fue interpuesta por Compromís.
En esta firma figura como director de comunicación el marido de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La Fiscalía trata de comprobar si Badenas adjudicó un contrato de Valencia Activa a Imedes mediante unos pliegos en cuya confección habría participado el marido de Bernabé y, por tanto, fueron amañados.
Otros contratos que investiga Anticorrupción fueron, de un lado, los de Target Point, por realizar diversas encuestas, desde cuestiones generales de Valencia a la gestión de los Parques y Jardines tras la dana, dado que el objeto del contrato fue variando.
De otro, el de la redacción del Plan Estratégico de Formación, Empleo y Emprendedurismo, que fue a parar a la empresa del economista Daniel Lacalle por 18.000 euros y que todavía no se ha presentado.
Patrocinios y medios
También hay otra empresa investigada a raíz de una denuncia del PSPV. En ella exponían que Badenas mantuvo una reunión con el equipo directivo de la fundación municipal de Valencia Activa en julio de 2024 "con la finalidad de desarrollar una estrategia para llevar a cabo un espionaje al resto de grupos políticos del Ayuntamiento".
Para este objetivo, según la denuncia del PSPV, Badenas propuso formalizar un contrato menor por importe de 15.000 euros que justificaría -falsamente- con un trabajo para mejorar la eficiencia en la administración.
Aquí también se incluye un contrato de patrocinio que realizó Valencia Activa por un importe total de 14.000 euros más 2.940 de IVA para un evento de Bienestar.
A todo ello se han ido sumando más contratos hasta llegar a la veintena que están en manos de Anticorrupción con diversas ampliaciones de denuncia de Compromís y el PSPV.
En la última, los socialistas aportaron varios que sumaban 480.000 euros. En la mayoría de estos procedimientos comunicaron que se producía o bien "el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor", o bien "falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio".
Los contratos van desde más patrocinios hasta contratos con medios de comunicación o eventos.
Por el momento, el procedimiento no se encuentra judicializado y sólo está en manos de Anticorrupción, que sigue avanzando en las indagaciones.
Si después de las indagaciones halla indicios suficientes de delito como para continuar con la investigación, presentará una denuncia para que sea derivada a un juzgado, como suele ocurrir en estos casos.
