Francis Puig. Rober Solsona
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el hermano de Ximo Puig por delitos de falsedad y estafa
Anticorrupción solicita tres años para su socio, Juan Adell Bover, y le reclama a Francis Puig indemnizar a las administraciones con 110.691 euros.
Más información: El hermano de Ximo Puig, a juicio por "obtener indebidamente subvenciones" de la Generalitat hasta 2018
La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de cuatro años para Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, por la recepción de subvenciones de manera irregular de parte de la Administración valenciana, y otras, entre 2015 y 2019 en las productoras que gestionaba en la provincia de Castellón.
En el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Anticorrupción acusa a Puig de un presunto delito de "falsedad documental en concurso medial con estafa agravada".
De la misma manera, detalla la utilización de “facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor”.
Por otra parte, para su socio Juan Adell Bover también solicitan tres años prisión, además de un pago de 75.000 euros a repartir entre la administración catalana y valenciana.
En cuanto a Puig, la Fiscalía le reclama una indemnización de 110.691 euros, a repartir entre la Generalitat Valenciana (58.866 euros) y la Generalitat de Catalunya (51.825 euros).
Es decir, la recepción "indebida" de subvenciones de Francis Puig, junto a los presuntos delitos de estafa y falsedad de los que se le acusa, se produjo mientras el socialista Ximo Puig presidía la Generalitat Valenciana, ya que los hechos se sucedieron entre 2015 y 2019, según detalla el informe.
Según el documento, Puig, en su calidad de administrador de la empresa Comunicacions dels Ports SA, habría simulado gastos empresariales con la intención de incrementar las ayudas recibidas.
Además, la Fiscalía señala que Mas Mut Produccions SL, otra de las empresas vinculadas a Puig, funcionaba como una "empresa ficticia" creada específicamente para solicitar subvenciones públicas, sin destinar los fondos a los fines previstos por las administraciones convocantes.
En cuanto a Juan Adell Bover, este habría aportado "documentación contable no auténtica", generada entre la empresa Canal Maestrat y Masmut Produccions, con la “única finalidad de incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención”.
Obtuvo "indebidamente" subvenciones
En una resolución previa a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Jorge Martínez señaló que existían "indicios" de que la empresa Comunicaciones dels Ports SA obtuvo "indebidamente" subvenciones de la Generalitat Valenciana.
La resolución judicial también indica que el empresario, a la hora de solicitar ayudas en nombre de ésta y de otra empresa (Mas Mut Produccions SL), "incorporó a la facturación empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas".
Tal y como publicó este periódico, un informe de la Guardia Civil incorporado a esta causa reveló que Comunicacions dels Ports facturaba a Mas Mut Produccions, y viceversa, por servicios presuntamente falsos.
Con esta práctica, según interpretaron los investigadores del Instituto Armado que lo redactaron, se habrían hinchado los gastos para maximizar la cuantía de las ayudas.
La Generalitat, en la causa
Por su parte, el jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, indicó el pasado mes de febrero, tras conocerse el caso de Francis Puig, que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiaban personarse en la causa.
El objetivo no es otro que el de tratar de "recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Así, subrayó que la Generalitat estudiaba "todas las consecuencias legales que estas medidas puedan tener".
