Funcionarios. Efe
Mazón deberá gastar más de 128 millones de euros en la subida de sueldo de los funcionarios en plena crisis de la dana
El Gobierno valenciano no estima abonar el pago antes de verano, por lo que en caso de que se aplace al mes de septiembre, la cuantía alcanzará los 141 millones.
Más información: El Gobierno da luz verde a la subida salarial pendiente del 0,5% para los funcionarios
Los problemas de caja para el Gobierno valenciano no van a menos. Y los compromisos de pago, tampoco. A los pagos a proveedores que la Generalitat tiene pendientes, ahora se suma la subida salarial a los funcionarios a la que el Ejecutivo de Carlos Mazón deberá hacer frente más pronto que tarde.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la subida salarial del 0,5% aprobada por el Consejo de Ministros y que es aplicable a todos los empleados públicos. Un incremento pactado en su día por los sindicatos UGT y CCOO.
La mejora retributiva debe aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que la Generalitat Valenciana debe abonar un total de 21 subidas salariales acumuladas desde entonces: 14 correspondientes a las pagas del año pasado, y las 7 adicionales de lo que llevamos de 2025.
La cuantía a desembolsar es mayor o menor en función de la escala que cada funcionario ocupa en la administración autonómica. Pero si se tiene en cuenta que en la actualidad hay cerca de 120.000 funcionarios (incluye Educación, Sanidad, Justicia y Administración) se puede deducir el gasto al que tendrá que hacer frente la Generalitat.
El Gobierno valenciano, por lo pronto, no ofrece cifras de lo que supondrá para el presupuesto autonómico. Tampoco de cuándo prevé abonarlo, si bien estima que no será antes de la nómina de septiembre. Pero lo cierto es que situaciones previas recientes y similares permiten realizar un cálculo aproximado.
En marzo de 2024 se aprobó una subida salarial pendiente del 0,5% para los funcionarios, fruto también del acuerdo del Gobierno con los dos sindicatos mayoritarios e incorporado a los Presupuestos Generales del Estado.
En aquel momento, las subidas pendientes correspondían a 17 mensualidades, cuatro menos que la actual. El periodo comprendido entre enero de 2023 y marzo del año siguiente. En total, el desembolso para el Gobierno valenciano fue exactamente de 104.476.209,74 euros.
En estos momentos la Generalitat debería abonar, por tanto, más de 128 millones de euros por 21 mensualidades. Pero el pago se pospondrá con toda probabilidad dos meses más, por lo que el acumulado superará los 141 millones de euros.
Mazón en la sesión de control de Les Corts el pasado jueves. Rober Solsona / EP
En este punto, conviene apuntar que la situación de la tesorería de la administración autonómica no pasa por su mejor momento. Desde hace meses el Gobierno valenciano denuncia la falta de liquidez que tiene para hacer frente al pago de proveedores que afectan, incluso, a las farmacias.
El PP hace responsable de esta situación al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su retraso con la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario y ha advertido que si el dinero no llega antes del 7 de julio -plazo que vence este mismo lunes-, habrá que acometer un "plan exhaustivo de revisión del gasto". En definitiva, recortes.
Plan de ajuste
El citado plan de ajuste fue anunciado hace días por el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien lo reveló por sorpresa en la reunión ordinaria de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al pleno del Ejecutivo autonómico.
El supuesto plan se centra, sobre todo, en los capítulos relativos a gastos de personal y de funcionamiento. A la totalidad de los departamentos les reclamó de forma urgente propuestas concretas para desarrollar un plan de medidas extraordinarias que girará en torno a varios ejes.
De un lado, un plan de racionalización y rentabilización de patrimonio de la Generalitat. Es decir, o bien de venta de inmuebles o bien revisión de los alquileres más altos que paga en este momento la administración.
De otro, medidas en materia de personal consistentes en la "lucha contra el absentismo laboral" y "control horario".
No obstante, a día de hoy, más de una semana después de anunciarlo, no hay detalles de cómo se concretará ese mayor control sobre los funcionarios y su cumplimiento del horario laboral.
Otro de los ejes es la revisión de las subvenciones nominativas, que podría suponer un recorte de esas ayudas directas.
Pleno del Gobierno valenciano. EE
En definitiva, recortes para limitar gastos ante la delicada situación de la tesorería de la Generalitat y que explica ahora el porqué el Consell trata de posponer el abono de esta subida salarial. Al menos, hasta que llegue el dinero, pues su cumplimiento es inexorable.
Los impagos acumulados
Por lo pronto, el Gobierno valenciano acumula ya una deuda comercial con sus proveedores de 1.767 millones de euros. Una situación de impagos que afecta a distintos sectores, especialmente del ámbito sanitario y farmacéutico.
Desde hace semanas reclama el pago "urgente" del Extra FLA, un mecanismo dedicado a atender el exceso de déficit del año anterior que permitiría contar a la autonomía con 2.495 millones de euros, que es el déficit con el que cerró 2024.
Los retrasos en los pagos a empresas proveedoras de la Generalitat afecta principalmente a las de suministros de productos y servicios sanitarios, así como farmacia hospitalaria. Pero aunque sean las más damnificadas, no son las únicas.
También se extienden a las que prestan servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad; obra civil y construcción; servicios de transporte y conciertos de residencias, así como academias y centros de formación.
De manera habitual, el Gobierno central incluye este habitual mecanismo de liquidez en la planificación de la financiación autonómica año tras año, pero no lo hizo en 2025. Un hecho insólito que ocurrió por primera en 12 años.
No contar con el Extra FLA, según la Generalitat, pone "en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos y asfixia a los proveedores", además de generar "una enorme incertidumbre" el hecho de no tener "un horizonte de cobro concreto".
Habitualmente, la Comunitat Valenciana recibe el 75% de este fondo en julio, y el otro 25% en el último trimestre del año. Algo que, por ahora, no se ha producido. Un hecho que se produce en plena reconstrucción tras la dana.
