Valencia estalla por el reparto de 3.000 'menas' en el que País Vasco y Cataluña no participan: "Mercadean con los menores"

La Generalitat Valenciana ha denunciado con contundencia la redistribución de unos 3.000 'menas' por parte del Gobierno de España, comunicada este viernes por la tarde -en el día y a la hora a la que se filtran las noticias incómodas para minimizar su impacto-: "Mercadean con los menores".

Para el Ejecutivo de Carlos Mazón, esta redistribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias, de la que quedan exentas las autonomías de País Vasco y Cataluña, es "un chantaje institucional disfrazado de solidaridad".

Fuentes de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Asuntos Sociales han denunciado que la Comunitat Valenciana "ya no puede más". "Estamos operando de forma constante al 160 por ciento de nuestra capacidad específica, sin apoyo del Gobierno central", ha lamentado en un comunicado.

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El departamento que dirige Susana Camarero ha criticado que el Ejecutivo "no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias, sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea".

Las mismas fuentes han defendido que "los menores no pueden ser una cortina de humo para que no se hable de la corrupción del PSOE ni una moneda de cambio con los independentistas de Cataluña". "Nos quieren imponer un reparto por el cual a Cataluña y País Vasco le han tocado cero menores", han manifestado.

A su juicio, "se trata de un chantaje institucional disfrazado de solidaridad: no hay criterios claros, no hay transparencia, y solo cuenta como esfuerzo el que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa".

"Pedro Sánchez usa a los menores como moneda de cambio para mantener sus apoyos parlamentarios y contentar a Cataluña y País Vasco, a los que directamente deja fuera del reparto", ha reiterado la Generalitat Valenciana.

"Se trata de una nueva huida hacia adelante del Gobierno de Sánchez ante su constatada incapacidad de gestión de una crisis migratoria que dura demasiados años", ha remarcado.

"Los mismos que no pagan el FLA extraordinario, que castigan a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que se destroce el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores", ha dicho.

Esto se produce "sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las comunidades autónomas".

"La Comunitat Valenciana va a luchar con todos sus medios para que esta ignominia de Sánchez contra los menores no acompañados no siga adelante, porque no se merecen este trato que pretende darles el incapaz Gobierno", ha agregado.

160% de capacidad

La Generalitat ha recalcado que la Comunitat Valenciana "ya no puede más", y ha detallado que el territorio "ha atendido a más de 900 menores no acompañados en 2024". "Estamos operando de forma constante al 160% de nuestra capacidad específica, sin apoyo del Gobierno central", ha señalado.

"Somos solidarios, pero somos una autonomía receptora: solo en una semana (junio) llegaron cinco pateras con once menores a nuestras costas. En 2024, creamos 122 nuevas plazas residenciales para hacer frente a esta crisis migratoria que Sánchez no sabe ni quiere resolver", ha recordado.

Esto supuso "aumentar el sistema de atención a menores no acompañados en un 66%". La administración autonómica "invierte más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes con un coste aproximado de 218 euros por menor por día".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno de España "solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat, lo que demuestra su absoluto desinterés por sostener el sistema de manera equitativa".

Paga solo el 16%

"Ahora, con este reparto, pretende asignarnos 571 menores más, sin aportar ni proponer ninguna infraestructura y ofreciendo a cambio apenas 7,5 millones de euros. Esto supone 35 euros al día por menor, frente a los 218 euros que cuesta cada menor al día en el sistema: apenas el 16% del coste real que supone un menor para los valencianos", ha añadido.

La cantidad asignada representa el 19% del total de menores migrantes a distribuir, cuando el peso poblacional de la Comunitat Valenciana es de alrededor del 10% de España

Para la Generalitat, "la forma del Gobierno de tapar su ineptitud en materia migratoria es trasladar su responsabilidad hacia las comunidades sin el presupuesto que requieren para darles la atención que merecen".

Denuncia que los reparte mediante "una fórmula opaca y arbitraria que no solo estrangula a las comunidades, sino que abandona a los menores para los que no plantea ningún tipo de acompañamiento ni seguimiento tras la mayoría de edad, como sí tiene la Comunitat Valenciana con los programas de emancipación".

La Comunitat Valenciana "ha recurrido el Real Decreto-Ley que contempla el reparto de menores ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias exclusivas en materia de protección de menores con un reparto que se considera forzoso". "No existe la urgencia excepcional que justifique este procedimiento legislativo de urgencia", ha apuntado la autonomía.

"La crisis migratoria se inició en 2023 y la Comunitat Valenciana hizo sus deberes, el Gobierno continuó con su política de brazos caídos y los menores continúan llegando a nuestras costas y jugándose la vida en el mar en manos de las mafias ante la desidia del Gobierno de Sánchez", considera la Generalitat.

Ahora, "para taparlo, impone criterios sin consenso, sin transparencia y sin soporte jurídico". "La protección de la infancia no puede regirse por cuotas impuestas con el único objetivo de la permanencia de Sánchez en la Moncloa", lamenta el Ejecutivo autonómico.