Los trabajos de limpieza del barranco del Poyo. Efe / Biel Aliño
El Gobierno valenciano lleva a la CHJ a la Fiscalía por vertidos de residuos y vehículos junto al barranco del Poyo
Tres informes apuntan al traslado y enterramiento de restos en una parcela y a la presencia de más de 300 vehículos abandonados en otra.
La CHJ niega los vertidos de residuos y defiende que retira los vehículos de cauces según la normativa.
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La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado que presentará dos denuncias contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por "el vertido de residuos y los vehículos amontonados junto al barranco del Poyo en el término de Riba-roja, en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras la riada del pasado 29 de octubre".
El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha explicado en una rueda de prensa que la Generalitat va a trasladar a la Fiscalía estos hechos a través de dos denuncias.
"Una por los residuos y otra por los vehículos, a fin de que determine si existe un posible delito medioambiental ante la más que evidente dejadez de funciones y mala praxis en la gestión", ha detallado.
La administración autonómica cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.
Las denuncias se dirigen a la CHJ por "ser la responsable del barranco del cauce y por ser la responsable de las actuaciones y obras que se están realizando en el sitio", ha concretado.
El secretario autonómico ha recordado que este martes el pleno del Consell tomó conocimiento de la denuncia de la Conselleria ante el Seprona.
Estos documentos apuntan a "una gran cantidad de residuos que han aparecido en la zona tras las inundaciones" y "el abandono de centenares de vehículos, todavía a estas alturas, afectados por la dana en la zona de la rambla y en el interior del cauce", que se cifran en más de 300.
Residuos en el entorno del barranco del Poyo. GVA
En primer lugar, Mérida ha aseverado que los residuos que la dana ha dejado al descubierto en la zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua "sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa vigente".
Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles y maderas que "están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de nada más y nada menos que siete hectáreas", ha afirmado.
En este sentido, ha advertido que "el vertido de residuos sin ningún tipo de control podría conllevar un riesgo altísimo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas".
Además, ha agregado que "el enterramiento de residuos es un hecho gravísimo y que, en todos los casos en los que se ha podido constatar, ha acabado con sentencias penales".
"Cuando uno entierra residuos no sabe dónde pueden llegar. Puede haber agua subterránea, incluso crear un problema de salud pública de consecuencias que son indeterminadas. Es gravísimo", ha recriminado.
Vehículos
Por otro lado, "aproximadamente 1,5-2 kilómetros aguas arriba de donde se está realizando el vertido de residuos", los agentes medioambientales detectaron la presencia de 217 vehículos afectados por las inundaciones acumulados en diversos puntos de acopio. Un informe posterior a este ha elevado la cifra a más de 300.
"Ya hace unos meses denunciamos públicamente la presencia de estos vehículos. Han pasado ya dos meses, en total más de siete meses desde el 29 de octubre, y los vehículos siguen exactamente en el mismo lugar donde estaban con el peligro que ya a estas alturas medioambientalmente supone su existencia en un entorno natural", ha señalado Mérida.
Después, ha agregado que en la zona se ven personas que desmontan vehículos "sin medios y sin seguridad alguna".
Coches amontonados en una campa tras la dana, imagen de archivo. Europa Press / Carlos Luján
El dirigente autonómico ha insistido en que estos vehículos deben tratarse arreglo a la normativa, como ha hecho la Generalitat con los ayuntamientos para gestionar la retirada de más de 130.000 vehículos.
En este punto, ha incidido en que la disposición décima del Real Decreto Ley 8/24 señala que la responsabilidad de la retirada de los vehículos situados en los cauces es de la CHJ.
Los propietarios de los vehículos afectados podían retirarlos antes del 28 de febrero. A partir de entonces pasaron a ser considerados como vehículos abandonados y "deben ser trasladados según el propio Real Decreto Ley del Gobierno a centros gestores, que garantizan su tratamiento adecuado y la baja definitiva".
Según Mérida, "la gestión de la CHJ no solo puede afectar a nuestro entorno, sino que deja en un absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos que aún siguen, siete meses después, sin poder tramitar las ayudas por la pérdida de sus bienes".
La Generalitat ha trasladado ya al Seprona los tres informes de sus técnicos medioambientales para que "se constaten los hechos observados", "se compruebe la responsabilidad de los trabajos de vertido" y "se verifique si la empresa titular de la parcela con domicilio en Madrid es conocedora o parte actuante en el vertido de dichos residuos".
"Todo ello a los efectos oportunos de determinar el grado de responsabilidad tanto del promotor de la obra como del propietario de la parcela", ha indicado.
La CHJ lo niega
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha desmentido, a través de un comunicado, las afirmaciones realizadas por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Raúl Mérida.
Al respecto, ha negado que el organismo haya vertido residuos procedentes del barranco del Poyo a dos parcelas de Riba-roja, al tiempo que ha defendido que todos los vehículos que se retiran de los cauces tras la dana se gestionan conforme a la normativa vigente.
Así lo han indicado fuentes de este departamento después de que Mérida haya anunciado que la Generalitat ha presentado dos denuncias contra la CHJ por "el vertido de residuos y los vehículos amontonados junto al barranco del Poyo".
Según la CHJ, esto es "completamente falso". En primer lugar, ha afirmado que, en estos momentos, el organismo de cuenca "no realiza ningún tipo de trabajo en esta zona", y en las tareas que ha llevado a cabo "en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas".
En esta misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por esta denuncia de la Generalitat, en declaraciones a los medios, ha desmentido "categóricamente" los hechos y ha afirmado que es "una falsedad".
En cuanto a los vehículos, el organismo desconoce la procedencia de los 300 vehículos 'abandonados' a los que hace referencia el director general de Medio Natural y Animal, "que parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico".
La CHJ lamenta la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente "por trasladar a la Fiscalía una denuncia sin pruebas y prescindiendo de las mínimas diligencias previas" y ha asegurado que seguirán en colaboración "con todas las administraciones para recuperar y reconstruir el dominio público hidráulico y las infraestructuras afectadas por la dana".
