La causa de la dana: una investigación centrada en la Generalitat que ya evidencia diferencias entre juez y fiscal

A finales del pasado enero se encauzaba definitivamente la causa judicial de la dana. En aquel momento se conocía que el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, con Nuria Ruiz Tobarra al frente, centralizaba toda la investigación y comenzaba la práctica de diligencias.

El procedimiento, que hasta el momento se centra exclusivamente en la actuación de la Generalitat respecto a la gestión de la tragedia, ha vivido desde entonces un importante empujón en el que ya se empiezan a vislumbrar algunos detalles, como ciertas discrepancias con la Fiscalía que habrá que comprobar si se acentúan con el paso del tiempo.

Al juzgado de Catarroja han ido a parar, poco a poco, aquellas causas que ya se habían abierto en otros juzgados con las sucesivas inhibiciones.  

La Fiscalía pide averiguar si los técnicos presentes en el Cecopi el día de la dana aconsejaron las medidas de protección a tomar

Junto a la magistrada hay un equipo de cinco fiscales especializados en diversas materias, aunque Cristóbal Melgarejo es quien lleva la voz cantante. 

Nuria Ruiz Tobarra ha pasado del (habitualmente) común 'anonimato' a la escena pública por un procedimiento de alto interés social y repercusión mediática. El objetivo, indagar en las posibles responsabilidades penales de la gestión de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre y dejó 228 muertos (tal como ya se contabilizan por la propia magistrada). 

Los presuntos delitos son los de homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave porque, bajo el punto de vista de la la magistrada, los fallecimientos se produjeron por una actuación negligente.

Seis meses han pasado de la tragedia y todavía siguen desfilando por el juzgado familiares de víctimas con testimonios desgarradores sobre cómo fallecieron, cómo les sorprendió el agua, cómo fueron las últimas comunicaciones y el gran lamento generalizado: por qué nadie les avisó. 

Y es esto, precisamente, en lo que se centra una causa judicial que ya no deja a nadie indiferente. Desde aquellos que tienen un convencimiento absoluto de que ha de seguir adelante para dirimir responsabilidades a aquellos que dudan de que la vía penal -en lugar de la civil- sea la adecuada y esté suficientemente apuntalada. 

Diligencia e implicación emocional

Si algo destaca de la magistrada es su diligencia. Algo a lo que también ayuda que cuente con refuerzo en su juzgado y pueda dedicarse a este procedimiento en exclusiva. La rapidez en las actuaciones ha sorprendido pese a tratarse de una causa de la que todo el mundo vaticinaba su larga duración. 

A ello se añade la implicación emocional de la jueza. El tono de los autos es crudo, contundente y descriptivo. Algo que con el paso de los meses ya ha generado otro tipo de opiniones entre las partes. Mientras algunas defienden su estilo y sus decisiones, otras lo cuestionan. 

La magistrada no duda en usar valoraciones. Las víctimas agradecen la empatía, si bien otras acusaciones consideran que existen determinados autos que exceden el análisis de una fase de la investigación tan inicial y que son más bien los propios del final de una instrucción, cuando se propone la apertura de juicio oral.

"Palmaria ausencia de avisos a la población"; "manifiesta pasividad ante una situación gravísima"; o los miembros del Cecopi "parecía que permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior" han sido algunas de sus frases más destacadas. 

Por el momento, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso son los únicos investigados. La magistrada no entiende que existan indicios de delito sobre otras personas.

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Lo fundamenta en el hecho de que, según la ley, ambos cargos ostentaban el mando único en la Generalitat para mandar los avisos a la población que habrían reducido las muertes. Con ello, les atribuye el nexo causal entre su actuación y los 228 fallecimientos. 

Para la jueza, nada en lo que ellos centran su estrategia de defensa resulta válido. Por ejemplo, el hecho de que no estuvieran informados de la gravedad de la situación o que nadie les asesorara en una toma de decisiones acorde a lo que acontecía aquella jornada.

Aquí aparece el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que envió varios avisos automáticos a través del sistema SAIH que la Generalitat tenía a su alcance y podía consultar o el famoso correo de las 18.43 horas en el que transmitía por primera vez la brutal subida del caudal del Poyo, que provocó la mayor parte de las muertes.

La magistrada ha evitado entrar a imputar posibles responsabilidades a la CHJ. Eso sí, su presidente, Miguel Polo, tendrá que declarar como testigo, lo que le obligará a romper su silencio de todos estos meses y a decir la verdad a la hora de responder a todas las partes.

CHJ y técnicos

La instructora, al contrario de lo que argumentan Pradas y Argüeso -o la propia Generalitat, a la que le rechazó la personación-, cree que los cargos políticos tenían sobrada información por otras vías. Aparte de la CHJ, la más evidente sería la de las llamadas del 112. Los dos exdirigentes han asegurado que no les llegaron. Una cadena de comunicación rota sobre la que todavía nadie ha logrado dar una explicación convincente.

La exconsellera y su ex número dos han intentado en varias ocasiones descargar en los técnicos la responsabilidad. Sobre todo en el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y en el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos en aquel momento, José Miguel Basset.

Ambos están citados también como testigos, por lo que la causa también se convierte ahora en el choque de versiones entre la versión de los políticos y la de los técnicos. Especialmente relevante resultará el testimonio de Suárez, un alto funcionario de la Generalitat que tuvo un papel protagonista la jornada de la dana.

Argüeso dice a la jueza de la dana que "es posible" que nadie del Cecopi "abriese" el correo de la CHJ sobre el caudal del Poyo

Junto a este gran interrogante, se encuentra el de los próximos pronunciamientos de la Fiscalía. Su papel hasta ahora ha sido más bien secundario, algo que también ha sorprendido a quienes siguen la causa. Por el momento, ya se han observado ciertas discrepancias con la jueza. Habrá que esperar a comprobar si hay más.

Una fue la imputación de Argüeso. Pidió que se revocara al considerar que no se le podían imputar los delitos -al menos en este momento del procedimiento- por el cargo que ocupaba, sino que éstos se han de atribuir según la actuación individual. La jueza lo rechazó.

Otra tiene que ver con la falta de información de la CHJ. La Fiscalía formuló varias preguntas en este sentido durante el interrogatorio a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. A lo que se añade que ha pedido una serie de diligencias en las que no sólo trata de apuntalar la responsabilidad de la Generalitat, sino de este organismo estatal.

Así, solicitó varias diligencias tendentes a averiguar si los técnicos presentes en el Cecopi el día de la dana aconsejaron sobre las medidas de protección a la población que se debían tomar, si la CHJ evaluó el riesgo de la tragedia o si asesoró a Pradas.

Otra de las dudas que tendrán próximamente respuesta será la del posicionamiento de la Audiencia Provincial. Son varios los recursos que tiene pendientes de resolver, entre ellos los interpuestos por Pradas y Argüeso por sus respectivas imputaciones o los de algunas asociaciones que pedían que se citara a Miguel Polo como investigado.

La sección encargada de resolver, la segunda, es conocida por su profesionalidad. Nadie se atreve a vaticinar el sentido de los pronunciamientos, aunque parece pronto para que exista uno que dé un vuelco a una investigación que acaba de empezar.