Carlos Mazón, durante una reunión del Cecopi junto a la exconsellera Salomé Pradas. Eduardo Manzana / Europa Press
La Generalitat solicita personarse en la causa de la dana ante las posibles responsabilidades civiles
La Administración autonómica quiere ser parte en el proceso que investiga la gestión de la tragedia, lo que le otorgaría participación.
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La Generalitat Valenciana ha solicitado la personación en la causa que dirige el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.
Este paso dado por el Ejecutivo autonómico le permitiría pedir diligencias y tener acceso al procedimiento completo. Ahora, la juez encargada de la causa deberá decidir si lo acepta.
La solicitud de personación se produce ante las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse, tal como ha avanzado Vozpópuli y ha confirmado EL ESPAÑOL.
El motivo es que actualmente hay dos excargos de la Generalitat imputados: la que fuera consellera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
Todo, por supuesto, a la espera de cómo evolucione la instrucción y de si hay más investigados.
En el caso de una eventual condena penal, la responsabilidad civil subsidiaria se rige por lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal.
Éste recoge que la comunidad autónoma "responde subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones".
Todo ello "siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria".
El mismo artículo establece que si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.
Ante estas posibilidades, la Generalitat quiere ser parte en el proceso que investiga la gestión de la dana. Algo que, a su vez, le otorgaría participación.
Desde el Gobierno valenciano han evidenciado su desacuerdo no sólo en algunas de las diligencias que está llevando a cabo al juez, sino en el contenido de los autos por lo que consideran unas conclusiones precipitadas sobre las responsabilidades en la actual fase de instrucción.
