Pilar Bernabé junto a Pedro Sánchez. Rober Solsona / Europa Press
La jueza de la dana rechaza investigar a Pilar Bernabé y advierte que "la competencia en protección civil era autonómica"
La magistrada entiende que la querella no constituye una base para atribuir a la delegada del Gobierno los homicidios y lesiones por imprudencia grave.
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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de la causa judicial de la dana, ha dictado este lunes un auto por el que inadmite una querella contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Al respecto de la querella de la asociación Hazte Oír, en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza sostiene que "la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito".
Los denunciantes, que recurrirán esta decisión de la jueza, solicitaban que Bernabé fuera investigada por no haber instado al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional.
Sin embargo, la magistrada entiende que la omisión que alegan los querellantes no constituye una base para atribuir a la delegada del Gobierno los homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave.
"Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal", detalla en el auto.
En el documento, también se recoge que existió en un primer momento "consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional".
Además, afirma que para alertar a la población "no era preciso instar" esa declaración, pues "se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias".
La magistrada señala que la cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, "constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, ya que permite conocer la gravedad" de la emergencia.
Por otro lado, la instructora ha dictado este lunes un segundo auto en el que decreta el sobreseimiento libre de una denuncia por daños materiales provocados por la dana, de la que se había inhibido en su favor el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.
La resolución judicial recuerda que el objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja es "los fallecimientos y las lesiones, asociados a una actuación negligente", fallecimientos que "sí se podían evitar", a diferencia de lo ocurrido con los daños materiales.
La magistrada apunta asimismo que el Código Penal, en su artículo 267, solo castiga como delito leve, con penas de multa de tres a nueve meses, los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a los 80.000 euros.
Más de 160 fallecidos
La causa de investigación de la tragedia del pasado 29 de octubre incluye a más de 160 de los 224 fallecimientos registrados oficialmente, después de la aceptación de las inhibiciones cursadas por diferentes juzgados de Valencia, Picassent, Alzira o Torrent.
Desde el pasado mes de diciembre, cuando empezó a practicar diligencias de investigación, la jueza ha tomado declaración a, al menos, 60 testigos, familiares de los fallecidos, y realizado un número aún mayor de ofrecimientos de acciones a los perjudicados.
Muchos de esos testigos, que están en tratamiento psicológico a causa de lo ocurrido, están siendo ya examinados por el Instituto de Medicina Legal de València (IML) para evaluar sus daños y secuelas psicológicas.
De las declaraciones testificales practicadas hasta ahora la jueza concluye indiciariamente, y así lo ha expuesto en diversos autos, que hubo una "palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse"
Con respecto a la alerta emitida, a las 20:11 horas por el sistema ES-Alert a los ciudadanos, fue "notablemente tardía" y "errada en su contenido".
En las diligencias judiciales, se han personado hasta el momento una decena de acusaciones particulares, en representación de familiares de los fallecidos, y tres acusaciones populares (Vox, Podemos y FTAP-CGT).
