La sentencia de la Audiencia de Castellón que condena a siete directivos por la quiebra de Arce Cerámicas ha constatado la discrecionalidad con la que se administró durante años la azulejera y cómo sus propietarios la llevaron a la ruina para obtener beneficios ilícitos.

Los siete condenados admitieron los hechos a cambio de una reducción de la pena en el juicio celebrado la semana pasada en Castellón. Todos fueron condenados in voce a penas que oscilan entre los tres meses a los 13 de prisión por delitos societarios y de apropiación indebida.

Ninguno entrará en la cárcel con la condición de que no delincan en un plazo de dos años. Los condenados abusaron de sus cargos como miembros del Consejo de Administración para obtener un beneficio económico, bien a favor de sociedades en las que participaban o bien a favor de sus familiares.

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El equipo directivo ocasionó perjuicios en la empresa a concurso que agravaron la situación de la misma, lo que perjudicó al resto de socios y a los acreedores. No obstante, la Audiencia de Castellón no estableció en la sentencia el pago de responsabilidad civil alguna.

Los acusados Salvador Vicente Ten, Juan Carlos Ten y Tomás Alejandro Sales conformaron hasta el 3 de noviembre de 2010 el Consejo de Administración de la Mercantil Arce Cerámicas, con domicilio en Vilafamés, un municipio de la provincia de Castellón.

Un año antes, el 6 de marzo de 2009, se había formulado ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Castellón la solicitud de concurso voluntario de la empresa, estableciéndose unos días después la administración concursal de la azulejera tras condenar a su propietario.

En Junta General celebrada el 3 de marzo de 2010 acordó el cese de los administradores y el nombramiento de nuevo órgano de Administración, nombrándose administradores mancomunados.

Retribuciones ilegales

Sin embargo, durante el periodo previsto hasta el nombramiento de la Administración Concursal para la liquidación de la sociedad, "abusando de la mayoría del capital social que detentaban y abusando de los cargos sociales que ostentaban en la sociedad", los acusados cobraron por el desempeño de los cargos en el órgano de administración de la Arce.

En concreto, según consta en la sentencia, percibieron retribuciones económicas a cargo de la mercantil, que ascendieron a 345.666,24 euros durante el ejercicio 2008 y 161.095,76 euros en el ejercicio 2009 pese a que "no existía previsión estatutaria o acuerdo societario que autorizara dicha remuneración". En total, más de medio millón de euros.

Al contrario, puntualiza la resolución, porque "el artículo 22 de los estatutos sociales establecía expresamente la gratuidad del cargo".

De la misma manera, con la intención de beneficiarse económicamente de forma ilícita en perjuicio Arce Cerámicas, "y agravando por otra parte la situación de insolvencia de la empresa", efectuaron un cambio de tomador "con cesión de derechos de las pólizas de seguro de ahorro".

Esta operación permitió que el equipo directivo cobrara cerca de 250.000 euros más. El dinero se devolvió tras otra condena dictada el año 2016.

Compras falsas

Con el objeto de obtener "un beneficio económico ilícito", durante el ejercicio 2008 el Consejo de Administración de Arce Cerámicas abonó a una segunda mercantil, Makroceramicas, la suma de 414.340,60 euros "por unas compras ficticias de productos cerámicos, para lo cual se simularon la realización de las facturas".

Para ello, los acusados se pusieron de común acuerdo con el administrador único de Makroceramicas y su esposa, la socia mayoritaria.

Además, entre 2002 y 2009 la mercantil Exclusivas HTA también facturó mensualmente 7.250 euros a la azulejera condenada "por supuestas comisiones devengadas que no se correspondían con ninguna operación comercial real entre dichas empresas".

Entre 2010 y 2012, tras la modificación del régimen de administración de la sociedad, los condenados autorizaron otros pagos por un importe total de 523.335 euros a través de otra empresa del mismo grupo.

Igualmente, los condenados siguieron vaciando la empresa con "cantidades por supuestas comisiones que ascendieron al total de 673.749,53 euros".