El Ayuntamiento de Valencia gastó más de 3 millones de euros para la acogida de personas inmigrantes sin haber formalizado convenios, concursos o contratos con las entidades que se hicieron cargo de este servicio. Ocurrió durante los mandatos de Joan Ribó (Compromís), que gobernó la ciudad en coalición con PSPV-PSOE y València en Comú.

Este es el escenario que se ha encontrado el nuevo equipo de Gobierno de PP y Vox, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de estos pagos, que están generando un importante quebradero de cabeza para los nuevos gestores, que están recibiendo facturas que no se corresponden con contratos en vigor.

La cantidad es alrededor del 75% de la financiación pública anual destinada por el consistorio a la acogida de las personas inmigrantes, que asciende a 4 millones cada ejercicio.

[Marriott proyecta un hotel de lujo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia]

Durante los dos anteriores mandatos se crearon más de 300 plazas para dar acogida a estas personas, impulsadas por parte de la concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración. Al frente de esta responsabilidad estuvieron las concejalas Neus Fabregat (València en Comú) y Maite Ibáñez (PSPV-PSOE).

Los pagos sin cobertura legal responden al gasto para la atención de personas en pisos y albergues que, en muchas ocasiones, eran de propiedad municipal.

Los proyectos

En concreto, según precisan las mismas fuentes, se trata de la atención en pisos municipales para albergar a 55 personas por 342.000 euros al año y de la ofrecida en un albergue de Benimàmet con 50 plazas para hombres con un coste de un millón anual. En estos dos casos se encargó del servicio la Fundación Amigó.

También de otro albergue para 32 personas por 425.943 euros al año de los Terciarios Capuchinos de Torrent; del coste de la Obra Mercedaria en el Casal d’Esplai de Rocafort por 2,7 millones bianuales -1,35 anuales-; o de un piso de ocho plazas por 90.000 euros del denominado Proyecto Palmer 2.

Al no existir contratos que respalden estos gastos, las entidades que brindan los servicios cobran mediante reconocimientos de obligaciones, que deben ser aprobados por Junta de Gobierno o por el propio Pleno. Se trata de un procedimiento excepcional que el anterior gobierno utilizó de forma habitual.

Al iniciarse la presente legislatura, con el PP y Vox en el poder, el nuevo gobierno se ha encontrado con que buena parte de estos recursos de alojamiento carecen de cobertura legal al no existir convenios, contratos o figuras similares que cubran su actividad. Buena parte de estos recursos, sufragados con dinero público, son instalaciones propias del Ayuntamiento, gestionadas por diferentes asociaciones.