La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya ha pedido la retirada de las enmiendas del PP y Vox a la ley del juego porque "favorecen las casas de apuestas y las adicciones al juego" cerca de las escuelas e institutos. Por ello, ha exigido que se mantenga la distancia mínima de 850 metros entre ambas.

Según ha señalado la entidad en un comunicado, las familias valencianas que forman parte de la asociación se oponen a las enmiendas del PP y VOX en la ley de acompañamiento del Presupuesto de 2024 de la Generalitat.

Con estas enmiendas se pretende, según advierte el colectivo, "dar luz verde a las casas de juego y apuestas sin ningún tipo de limitación de distancias con los centros educativos".

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Por ello, en representación de las 1.083 asociaciones de madres y padres de alumnos alertan de que las enmiendas a la ley del juego "solo responden a intereses económicos y políticos y, en ningún caso, tienen un criterio de protección social de la infancia, de la adolescencia y de la juventud".

El presidente de la Confederación, Rubén Pacheco, asegura que está demostrado que poner las casas de apuestas y juego cerca de escuelas e institutos "hace aumentar las adicciones al juego en la población más vulnerable"

Pacheco señala que los intereses económicos "no pueden estar por encima de la salud pública, del bienestar social, de la educación, de la juventud y de la infancia" y por ello pide que no prosperen las enmiendas ni los cambios a la Ley del Juego "para proteger a la sociedad de los efectos de la ludopatía".

También se dirige a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes que las han impulsado (PP y Vox) "para que las retiren".

Así mismo, desde FAMPA-Valencia desaprueban y condenan que el Ayuntamiento de València haya eliminado la partida de lucha contra las adiciones en el presupuesto municipal de 2024, consignada en 400.000 euros.

Pendiente de Europa

En 2020, el Parlamento valenciano aprobó la ley que regula el juego en sus distintas modalidades y denominaciones y, en general, cualquier actividad por la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos susceptibles de evaluación económica.

El texto incluía la exigencia de que la localización de los locales estuviera a una distancia de 850 metros, en el trayecto peatonal más corto por vial de dominio público, de centros educativos acreditados con el objetivo de reducir la exposición de los menores de edad, en particular adolescentes.

Además, el texto no permite el establecimiento de salones de juego y locales específicos de apuestas en los espacios vulnerables y exige distancias mínimas de 500 metros entre establecimientos de bingo, salones de juego y casas de apuestas para reducir su concentración espacial y el riesgo de sobreexposición de la población al juego en su entorno cotidiano.

La patronal del juego se opuso a la ley y representó varios recursos que están a la espera de ser resueltos en Europa.

En cambio, el pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunció una consulta al Tribunal de Justicia Europeo para determinar si las restricciones entre los salones de juego y entre estos y los centros educativos son compatibles con la legislación europea.

Según exponen los magistrados valencianos, la misma normativa ya dispone de otras medidas menos restrictivas, pero que se pueden considerar "igualmente efectivas" para la protección de los consumidores, el interés general y para los menores de edad, como la prohibición de acceso a estos establecimientos de los menores o el veto a la publicidad y promoción del juego.