El 20 de enero, horas antes de abandonar oficialmente la Casa Blanca y ceder el testigo a Donald Trump, el presidente Joe Biden anunciaba el indulto preventivo del general Mark Milley, exjefe del estado mayor, el doctor Anthony Fauci, responsable de la lucha contra la pandemia de la Covid-19, y todos los involucrados en el comité del Congreso que investigó el intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021.
Biden aprovechó la coyuntura para indultar también a parte de su familia y ahí no había nada de preventivo, pues incluyó a su hijo Hunter, que había sido condenado pocos meses antes por posesión ilegal de armas. Como había prometido que nunca haría algo parecido, de alguna manera eclipsó el gesto anterior, es decir, aquel con el que pretendía poner sobre aviso a la sociedad: su sucesor iba a ir a degüello contra sus enemigos y que algo se le ocurriría para que su Departamento de Justicia les persiguiera.
Desde luego, Trump no ha decepcionado en ese sentido. En sus nueve meses de segundo mandato, ha señalado constantemente a sus bestias negras habituales -Barack Obama, Nancy Pelosi, Hillary Clinton…- y directamente ha conseguido la imputación de tres enemigos relativamente menores como John Bolton, su antiguo consejero de Seguridad Nacional; James Comey, exdirector del FBI, y Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York. Estas tres imputaciones han llegado en las últimas tres semanas.
Cambiar al fiscal para conseguir la acusación
Aunque cada caso es distinto, los tres cometieron el error de pensar que Trump no volvería al poder y no podría vengarse de ellos. Que el presidente estadounidense se considera por encima de la ley es evidente. Por eso, alentó la toma violenta del Capitolio para impedir la elección de Biden, se llevó a casa y se negó a devolver material sensible relacionado con la seguridad del país para enseñarlo a las visitas, y sólo la Corte Suprema evitó que entrara en la cárcel por un delito de fraude empresarial. Aparte, fue condenado en dos ocasiones por agredir sexualmente a Jean Carroll y posteriormente difamar a la escritora.
También puede que la opinión pública no creyera que Trump iba a ser capaz de llevar sus amenazas a la realidad, pero, mientras en el exterior se vende como un negociador empeñado en llevar la paz a cada rincón del planeta, su política interior está basada en el autoritarismo, la persecución al enemigo y el uso en beneficio propio de las instituciones, especialmente la Fiscalía General y el Departamento de Justicia, ambas en manos de Pam Bondi, que se negó este verano a publicar los supuestos papeles de Jeffrey Epstein.
El primero en recibir la citación judicial fue James Comey. Los cargos fueron obstrucción a una investigación federal y falso testimonio. Comey fue uno de los artífices del triunfo electoral de Trump en 2016 cuando, como director del FBI, abrió una investigación a Hillary Clinton por unos correos que se encontraron en su proveedor personal. Para cuando la cerró, sin consecuencias, ya era demasiado tarde. Sin embargo, “enmendó” su error poco después al nombrar al fiscal especial Robert Müller para investigar la relación entre la campaña de Trump y Rusia, para indignación del magnate neoyorquino.
James Comey, exdirector del FBI, en una imagen de 2018.
Comey fue despedido por desleal, algo inaudito en la historia del FBI, y Trump le sigue acusando de inventarse todo lo relacionado con la influencia de Putin en las elecciones, por muy documentada que esté dicha injerencia. El fiscal de Virginia encargado del caso contra Comey se negó a llevarlo ante un tribunal al no ver indicio alguno. El Partido Republicano se encargó de sustituirlo por uno más afín que, mágicamente, sí vio delito. Lo mismo pasaría la semana siguiente con Laetitia James, aún en la actualidad fiscal general de Nueva York y acusada de mentir para conseguir un préstamo en mejores condiciones. James fue una de las responsables de llevar a juicio a Trump en su momento.
John Bolton, la gran némesis mediática
Con todo, probablemente la acusación más seria y con más posibilidades de salir adelante es la cursada contra John Bolton. Bolton fue consejero Nacional de Seguridad de Trump durante algunos meses de su mandato. Se fue por incompatibilidad de caracteres y al poco escribió un libro, La habitación donde pasó todo, en el que calificaba a Trump de inestable, narraba el empeño del líder republicano en salirse de la OTAN y se atribuía el éxito de la política contra Irán.
Trump ya intentó impedir, sin éxito, que el libro se publicara en 2020, y desde entonces, se han convertido en enemigos irreconciliables. El presidente le considera un traidor, que es la más grave acusación posible en el universo Trump. Por su parte, Bolton, como analista de la CNN, ha ido criticando uno por uno todos los movimientos de la Administración actual en materia de política exterior, convirtiéndose en el experto de referencia de los medios de afinidad demócrata.
A Bolton, que ya vio como el FBI entraba a registrar su casa de Maryland el mes pasado, se le acusa de manejo indebido de información confidencial. En otras palabras, de lo mismo de lo que se acusó a Trump en su momento, cuando el FBI también entró para registrar su residencia en Mar-A-Lago. La diferencia es que Bolton aceptó el registro sin armar revuelo alguno y se ha presentado ante el juez este pasado viernes a la primera citación. Al menos, en su caso, no ha hecho falta cambiar al fiscal para que lleve adelante el caso.
Objetivo: Chicago
La cosa, obviamente, no acaba ahí. Trump está utilizando sus atribuciones constitucionales para socavar la independencia de los estados demócratas. Ha desplegado a la Guardia Nacional en California pese a la oposición del gobernador Newsom. Ha hecho lo propio en Washington DC inventándose una tasa de criminalidad que no existe y en las últimas semanas ha amenazado varias veces con hacer lo propio en Chicago y Nueva York en cuanto se presente la oportunidad.
De hecho, yendo más allá, el pasado 8 de octubre, Trump afirmó públicamente que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, deberían ser encarcelados por no proteger como es debido a las fuerzas de la ICE, la agencia antiinmigración que campa por sus anchas por todo Estados Unidos, a menudo rozando las fronteras de la ley. Un comentario que en otro momento habría parecido una hipérbole, pero que, en el actual, conviene tomar al pie de la letra.
Trump, que llegó a la presidencia en 2017 prometiendo que iba a encarcelar a Hillary Clinton no se sabe por qué, sigue utilizando las mismas tácticas solo que sin complejo alguno. Es curioso porque, cuando los procesos caían uno tras otro contra él, incluso las condenas, siempre se consideró un perseguido político. Hace unos pocos días, pedía al presidente de Israel, Isaac Herzog, que indultara preventivamente a Netanyahu ante sus múltiples conflictos con la justicia, posición parecida a la que tomó contra Lula da Silva por el procesamiento de Jair Bolsonaro. Lo que al menos no dijo fue que Netanyahu tenía que utilizar al Supremo contra Bennett o Gantz o Lapid. Eso, se ve, se lo reserva para él.