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El caso de Reyna González Ortega, una mujer mexicana que vivía en Houston, Texas, ha causado indignación entre comunidades migrantes y defensores de los derechos humanos. La mujer, diagnosticada con esquizofrenia, bipolaridad y ansiedad, fue deportada después de que su familia llamara a la policía en busca de ayuda médica durante un episodio de crisis. Sin embargo, lo que comenzó como una solicitud de auxilio terminó con su arresto y expulsión del país.

Un llamado de emergencia que terminó en arresto

De acuerdo con información publicada por el Houston Chronicle, la familia de Reyna pidió la intervención de la policía el pasado agosto, esperando que la trasladaran a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, al llegar al domicilio, los oficiales confundieron el suceso y la arrestaron alegando violencia doméstica contra su esposo.

Aunque los familiares insistieron en que se trataba de un episodio de salud mental, la mujer fue arrestada bajo cargos de violencia doméstica.

Según el mismo medio, los cargos fueron desestimados días después, pero para entonces González Ortega ya había sido puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante su estancia en el centro de detención, su salud mental se deterioró gravemente y, pese a los intentos legales de su familia, fue deportada a México semanas más tarde.

El procedimiento que derivó en deportación

El Houston Chronicle documentó que, tras su arresto, las autoridades locales notificaron a ICE debido a una orden de deportación pendiente que databa de varios años atrás. Este protocolo, vigente en Houston, permite que la policía colabore con las agencias federales de inmigración, incluso en casos que involucran crisis médicas o de salud mental.

Reyna, de 39 años, fue trasladada primero a una cárcel del condado y luego a un centro de detención en Louisiana. Allí, su situación se agravó al no recibir la atención psiquiátrica necesaria. Posteriormente, un juez de inmigración firmó la orden de expulsión, y fue enviada sola a México. Su esposo, también indocumentado, decidió regresar con ella voluntariamente.

Reacciones y cuestionamientos al sistema migratorio

Según organizaciones locales de derechos civiles citadas por el Houston Chronicle, este caso refleja una grave falta de coordinación entre las políticas de salud mental y el sistema migratorio estadounidense. Abogados y activistas denuncian que la detención de personas durante episodios de crisis viola principios básicos de derechos humanos y pone en riesgo la vida de los pacientes.

La deportación de Reyna ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes que temen pedir ayuda en casos de emergencia por miedo a ser detenidas. “Llamaron por ayuda médica, no por una patrulla. Terminaron destruyendo a una familia”, expresó uno de los líderes comunitarios entrevistados por el diario.