El presidente Donald Trump volvió a encender la tensión política al sugerir que podría invocar la Ley de Insurrección, una norma centenaria que permitiría el despliegue de fuerzas militares dentro del país. La advertencia surge luego de que varios tribunales federales bloquearan sus intentos de enviar tropas a ciudades como Chicago y Portland, lo que ha abierto un nuevo frente entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales.
Trump desafía a los tribunales y defiende su poder presidencial
Durante una conferencia en la Oficina Oval, Trump aseguró que “la Ley de Insurrección existe por una razón” y que la aplicaría si considera que las autoridades locales o los jueces están impidiendo garantizar la seguridad. “Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, claro que lo haría”, declaró ante periodistas, enfatizando que su prioridad es mantener seguras las calles del país.
La amenaza llega en un contexto de creciente conflicto entre la administración federal y los gobiernos de Illinois y Oregón, que han recurrido a los tribunales para frenar los despliegues militares ordenados por el presidente. Illinois y Chicago interpusieron una demanda calificando la federalización de la Guardia Nacional como “claramente ilegal”. En paralelo, un juez federal volvió a bloquear el envío de tropas a Portland, por considerar que las condiciones no justifican una intervención militar.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, aseguró en declaraciones a CNN que “no hay insurrección, hay protestas pacíficas”, y acusó a agentes federales de provocar disturbios al utilizar gases lacrimógenos contra manifestantes y periodistas. Desde Oregón, su homólogo Dan Rayfield advirtió que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no pertenecen a nuestras calles, salvo en circunstancias extremas”, prometiendo continuar la batalla legal.
La Ley de Insurrección: una herramienta con más de 200 años de historia
La Insurrection Act fue promulgada en 1807 y permite al presidente de Estados Unidos movilizar tropas federales o la Guardia Nacional para restablecer el orden civil en situaciones de insurrección, disturbios o incapacidad de las autoridades locales para mantener la seguridad. Su aplicación ha sido poco frecuente, dado que otorga un amplio poder al Ejecutivo para actuar sin el consentimiento de los estados.
Históricamente, la ley ha sido invocada en momentos de crisis nacional, como durante las protestas por los derechos civiles en la década de 1960 o los disturbios de Los Ángeles en 1992. Sin embargo, expertos legales advierten que usarla en el contexto actual podría cruzar una línea peligrosa, al permitir la presencia de militares en las calles ante protestas catalogadas como pacíficas.
Bloqueos judiciales y resistencia estatal ante los despliegues
Las cortes federales han desempeñado un papel clave en frenar las órdenes de Trump. En septiembre, un juez en Oregón suspendió el despliegue de tropas por segunda vez, subrayando que las intervenciones federales deben justificarse bajo condiciones extremas. Paralelamente, Illinois presentó demandas para impedir que efectivos de su Guardia Nacional sean enviados a otras ciudades sin autorización estatal.
Estas decisiones judiciales se suman a una cadena de fallos que limitan la autoridad presidencial en materia de seguridad interna. Mientras tanto, analistas advierten que la insistencia de Trump en revivir la Ley de Insurrección marca una escalada inédita en su confrontación con gobiernos locales y podría abrir un debate constitucional sobre los límites del poder militar en suelo estadounidense.