La Administración de Donald Trump se distanció públicamente de las afirmaciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al admitir que algunos de los detenidos en el centro migratorio de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, nunca fueron procesados formalmente por las autoridades migratorias. El hecho, que se conoció a través de un documento judicial del Departamento de Justicia (DOJ), generó un nuevo punto de tensión política en el estado, y reavivó el debate sobre la legalidad y las condiciones de detención en ese centro.
El Departamento de Justicia desmiente las afirmaciones de Ron DeSantis
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron en una presentación judicial que entre los detenidos en “Alligator Alcatraz” hay personas con diferentes estatus migratorios, incluyendo algunas que “nunca han estado en procedimientos de deportación”. Esta declaración contradice directamente la narrativa de DeSantis, quien desde la apertura del centro en julio aseguró que todos los internos tenían una orden final de expulsión.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 25 de julio frente al centro de detención, el gobernador de Florida afirmó que “todos los que están aquí ya tienen una orden final de deportación”. Días después, ante la Asociación de Sheriffs de Florida, reiteró que los migrantes allí recluidos “están ilegalmente en el país” y que “no hay objeción posible” a su expulsión.
Sin embargo, el DOJ sostuvo que el grupo de detenidos no puede ser considerado una “clase” legalmente homogénea porque incluye perfiles muy distintos: algunos aún no enfrentan procedimientos de deportación, otros están bajo órdenes aceleradas y un grupo menor permanece bajo custodia mientras se concreta su salida del país. Este reconocimiento debilitó la posición del gobernador republicano y puso en duda la transparencia con la que se informó sobre el funcionamiento del centro.
Un centro de detención con múltiples demandas
“Alligator Alcatraz” ha estado en el centro de la polémica desde su creación. El recinto, construido en una antigua pista aérea en medio de los Everglades, fue impulsado por el gobierno estatal de Florida y es administrado por contratistas privados. Desde su apertura, ha enfrentado al menos tres demandas interpuestas por organizaciones civiles y ambientales, que cuestionan tanto las condiciones de reclusión como la falta de revisiones ambientales previas.
Las agrupaciones defensoras de los derechos civiles pidieron a un tribunal federal en Fort Myers una orden judicial preliminar para garantizar el acceso de los detenidos a abogados y documentos confidenciales. Denuncian que los internos han sido privados de ese derecho constitucional. Aunque un juez federal de Miami ordenó en agosto el cierre progresivo del centro, una corte de apelaciones suspendió temporalmente la medida en septiembre, lo que permitió la continuidad de las operaciones.
En su punto máximo, “Alligator Alcatraz” llegó a albergar a más de 900 personas, aunque su capacidad total es de 3.000. La cantidad actual de detenidos no ha sido precisada por las autoridades. El propio presidente, Donald Trump, visitó las instalaciones en julio, señalando que el modelo podría replicarse en otros estados como parte de su política de expansión de la infraestructura migratoria. Además, el Gobierno federal confirmó un reembolso de 608 millones de dólares a Florida por los costos de construcción y operación del centro.
Mientras tanto, la oficina de prensa de Ron DeSantis evitó responder a las solicitudes de comentarios tras conocerse la declaración del Departamento de Justicia, que deja en evidencia una contradicción entre los discursos del gobernador y los hechos reconocidos oficialmente.