El estado de Texas ha vuelto a reafirmar su postura luego de que uno de los condados con mayor población migrante, Hidalgo, se uniera a la polémica ley SB 8, lo que permite la colaboración entre autoridades locales y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Hidalgo refuerza colaboración con ICE
De acuerdo con el medio My San Antonio, el pasado 16 de septiembre de 2025 el Hidalgo County Commissioners Court aprobó por unanimidad unirse al programa 287(g). Este convenio establece que oficiales del Sheriff’s Office se capaciten y actúen como “warrant service officers”, con facultades para colaborar directamente con agentes de ICE en la identificación y detención de personas indocumentadas.
Según la misma fuente, la implementación incluye la posibilidad de emitir y ejecutar órdenes civiles de inmigración contra personas detenidas en cárceles locales, incluso aquellas que de otro modo serían elegibles para salir bajo fianza.
El sheriff del condado defendió la medida argumentando que se trata de cumplir con la ley estatal y reforzar la seguridad pública, aunque organizaciones proinmigrantes y activistas han advertido que este tipo de acuerdos generan desconfianza y temor en la comunidad.
Además, My San Antonio señala que el condado de Hidalgo, con una de las poblaciones latinas más numerosas de Texas, se encontraba obligado a adoptar esta medida antes del 1 de enero de 2026, por lo que el acuerdo busca adelantar su cumplimiento de la SB 8.
Otros condados que siguen el mismo camino
Previo a la decisión del condado de Hidalgo, otros territorios texanos como Hale, Orange, Newton y Jefferson firmaron convenios similares con ICE, también bajo el programa 287(g).
Lo anterior convierte a Texas en uno de los estados con más jurisdicciones que se suman a labores de detención e identificación de personas indocumentadas, consolidando la estrategia de cooperación entre gobiernos locales y autoridades federales.
¿Qué son la ley SB 8 y el programa 287 (g)?
De acuerdo con diversos medios, la ley SB 8, aprobada en Texas en 2025, exige que todos los condados con más de 100,000 habitantes participen en algún tipo de colaboración con ICE. The Texas Tribune explica que esta legislación fue impulsada con el argumento de reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración irregular, aunque críticos han advertido que amplía la criminalización de comunidades inmigrantes y expone a menores a detenciones innecesarias.
Por su parte, el programa 287(g) es un acuerdo federal que permite a los oficiales locales de policía o sheriff recibir entrenamiento de ICE para aplicar leyes de inmigración en poblados estatales. Según el propio ICE, esto significa que las cárceles locales se convierten en un punto clave para identificar a inmigrantes indocumentados y facilitar su traslado a centros de detención federales.