Las rígidas políticas migratorias del presidente Donald Trump han lanzado una nueva ofensiva contra una de las ciudades santuario más importantes del país: Boston. A través del Departamento de Justicia, se presentó una demanda contra la ciudad y su alcaldesa, Michelle Wu, acusándolos de aplicar políticas que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración. Según Reuters, la acción legal cuestiona directamente el Boston Trust Act, una ordenanza que restringe la colaboración de la policía local con agentes federales para detener a inmigrantes indocumentados.
Los argumentos de la demanda
Según el mismo medio, la demanda sostiene que la ordenanza de Boston viola el principio de supremacía federal al impedir que las autoridades locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Departamento de Justicia argumenta que esta política ha llevado a la liberación de inmigrantes con antecedentes por delitos graves como asalto agravado, robo, narcotráfico y tráfico de personas.
Según documentos oficiales citados por AP News, la querella incluye como demandados a la ciudad, a la alcaldesa Michelle Wu y al comisionado del Departamento de Policía de Boston. El DOJ asegura que al no entregar a inmigrantes con órdenes de detención, la ciudad “pone en riesgo la seguridad pública y desprotege a sus ciudadanos frente a delitos cometidos por personas que deberían estar bajo custodia federal”.
Reacciones y postura de las autoridades
El fiscal general adjunto declaró que esta acción es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para desmantelar políticas de santuario en ciudades de todo el país, señalando que “ninguna jurisdicción local puede estar por encima de la ley federal”.
Según Axios, la fiscal general Pamela Bondi calificó a Boston como “uno de los peores infractores”, acusando a su gobierno local de priorizar la agenda política sobre la seguridad de sus residentes.
"Si Boston no protege a sus ciudadanos de los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, este Departamento de Justicia lo hará".
Por su parte, la alcaldesa Michelle Wu ha defendido en ocasiones anteriores las políticas migratorias de la ciudad, argumentando que fomentan la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local. Aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta formal a la demanda, se espera que Boston prepare una defensa legal destacando su autonomía municipal y la importancia de proteger a sus residentes sin importar su estatus migratorio.
Antecedentes del Boston Trust Act
El Boston Trust Act, aprobado en 2014 y reforzado en años recientes, prohíbe a la policía de la ciudad detener a una persona únicamente por solicitud de ICE, a menos que exista una orden judicial. Según Reuters, la intención de esta medida ha sido garantizar que los inmigrantes puedan denunciar delitos y colaborar con las autoridades sin temor a ser deportados.
Sin embargo, y para el gobierno federal esta política equivale a una obstrucción directa a la aplicación de las leyes de inmigración.