En medio de una creciente polémica, un caso en Los Ángeles ha puesto nuevamente a las autoridades migratorias en el ojo del huracán. La detención de un menor con discapacidad, de 15 años, desató un fuerte debate social y legal, ya que su familia decidió dar un paso firme contra el Gobierno de Estados Unidos al presentar una demanda.
El incidente, ocurrido en las inmediaciones de una preparatoria, no sólo generó indignación, sino que también abrió la puerta a un proceso legal de gran alcance. La respuesta de la comunidad, junto con la postura de los abogados que representan a la familia, han elevado la presión pública y mantienen el caso en el centro de la conversación.
Una batalla legal con cifras y acusaciones de peso
La familia del menor presentó un reclamo formal por un millón de dólares en contra del Gobierno federal, señalando a distintas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre los cargos señalados se encuentran arresto falso, encarcelamiento indebido, agresión y violaciones a los derechos constitucionales.
Los abogados sostienen que la detención fue producto de un perfil racial inconstitucional, lo cual agrava la situación al mostrar un patrón discriminatorio. Según la representación legal, el adolescente no sólo fue víctima de un error, sino de un procedimiento cargado de prejuicios que derivó en un daño emocional profundo. El reclamo busca que se reconozcan las afectaciones y que se repare el daño ocasionado.
El operativo que marcó un antes y un después
El origen del reclamo legal se encuentra en un operativo federal que derivó en la detención equivocada del adolescente de 15 años con necesidades especiales.
Mientras esperaba en las afueras de la escuela Arleta High, agentes armados lo esposaron bajo el argumento de que coincidía con la descripción de un sospechoso vinculado con la banda criminal MS-13, bajo el nombre de Cristian Alexander Vásquez Alvarenga.
De acuerdo con lo narrado por la madre del menor, Andreina Mejía, intentó exclamar a los agentes que su hijo tenía una discapacidad auditiva y del habla. Lo anterior no evitó que el arresto siguiera su curso con la amenaza incluso de pistolas teaser contra los detenidos.
Horas después de la detención, ambos fueron liberados con la excusa de un error de identidad. Pese a lo anterior, y de acuerdo con Mejía, el joven vivió minutos de angustia que dejaron secuelas emocionales significativas.
La familia relató que, desde ese día, el menor experimenta pesadillas, miedo constante y rechazo a asistir a la escuela, lo que confirma el impacto psicológico de lo ocurrido. Este aspecto ha sido central en las declaraciones de la madre, quien insiste en que su hijo no sólo fue detenido injustamente, sino que también fue expuesto a una experiencia traumática que alteró su vida cotidiana.
Por su parte, el DHS publicó un comunicado en donde señaló que Andreina y su hijo fueron partícipes en la captura de un integrante de la pandilla MS-13, lo que Mejía rechazó categóricamente.
Tras la presentación de la demanda, autoridades del DHS calificaron la acción legal de la familia como un intento de obtener beneficios mediáticos y económicos, lo que ha encendido aún más la discusión pública sobre la responsabilidad de las agencias involucradas.
Una historia que trasciende lo individual
Más allá de las cifras y los argumentos legales, este caso refleja la tensión existente entre las políticas migratorias y la protección de los derechos humanos. La familia del adolescente busca no sólo justicia para su hijo, sino también visibilizar la necesidad de mayor vigilancia en los procedimientos de detención.