En Estados Unidos, las historias de inmigrantes indocumentados suelen reflejar tanto los sacrificios por ayudar a sus familias como los riesgos constantes de ser detectados por las autoridades migratorias. Tal fue el caso de un mexicano que residía en Hawái y que, a través de las remesas que enviaba de forma periódica a su familia, terminó siendo localizado y posteriormente detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con ayuda de una orden de detención previa por reingreso ilegal.
El apoyo a su familia motivó a su arresto
De acuerdo con el medio Latin Times, Gregorio Cordova Murrieta, de 48 años, vivía en Aiea, Oʻahu, con su prometida y tenía un pequeño negocio de azulejos y encimeras. Desde octubre de 2021, había enviado 11 remesas a México utilizando su dirección local y su pasaporte mexicano como identificación en transacciones con MoneyGram y Western Union.
Sin embargo, esas prácticas tan comunes se convirtieron en el principal medio para su detención a partir de una orden de detención por reingreso ilegal. Para lo anterior, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), subsidiaria de ICE, accedieron a registros de transferencias rastreados por el Transaction Record Analysis Center (TRAC), una base de datos administrada por una organización sin fines de lucro en Arizona que recopila datos transaccionales enviados por empresas como Western Union por una sentencia judicial sobre lavado de dinero.
El seguimiento culminó el 26 de junio por la mañana, cuando agentes llegaron a su casa, tocaron la puerta y mostraron una orden. Su prometida, Grace Perez Parra, recordó el momento con conmoción: “Me besó y se lo llevaron”. Él ya sabía que eran oficiales de inmigración, incluso notó cuando taparon las cámaras de seguridad.
Paradigma de vigilancia financiera y críticas legales
Diversos expertos en derechos civiles alertan sobre el uso de datos financieros sin una orden judicial específica, considerándolo una trampa para personas que realizan envíos legales de dinero a sus familias.
El centro TRAC, creado tras una investigación del fiscal general de Arizona en 2010, originalmente buscaba prevenir delitos financieros, no detener a personas por reingreso ilegal, como fue el caso de Cordova.
En su declaración judicial, Cordova admitió que reingresó ilegalmente al país hace años, razón por la que fue arrestado de manera reciente. Tras su detención, el mismo medio mencionó que el mexicano podría recibir hasta 2 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y la deportación.
Remesas legítimas convertidas en prueba en su contra
Las remesas que envió son parte de una práctica legal generalizada: en 2024, se enviaron desde EEUU 93,000 millones de dólares a otros países, principalmente México, como soporte económico familiar, un mecanismo vital para muchas comunidades. Sin embargo, esta situación expone cómo un método de apoyo legítimo puede volverse motivo de castigo.
La detención de Cordova abre una alerta sobre el control financiero estatal y la delicada frontera entre seguridad pública e invasión a la privacidad. Expertos advierten que este caso podría marcar un precedente preocupante para migrantes que dependen de remesas y servicios financieros básicos.