A pesar de que una jueza federal ordenó suspender la aplicación de una ley migratoria en Florida, algunas fuerzas policiales del estado continúan utilizándola para realizar arrestos. La situación ha provocado tensiones entre el poder judicial y las autoridades estatales, al punto de que el fiscal general fue declarado en desacato civil por no acatar la orden.
Arrestos bajo una ley bloqueada
De acuerdo con Associated Press, la norma en cuestión penaliza el transporte o ingreso de personas indocumentadas a Florida y fue bloqueada por la juez federal Kathleen Williams tras consideraciones legales presentadas por organizaciones de derechos civiles.
Sin embargo, el 11 de julio de 2025, al menos dos personas fueron detenidas en el condado de Sarasota bajo esta ley, aunque los cargos fueron posteriormente desestimados.
La jueza Williams dejó claro que su orden se extiende a todas las agencias policiales del estado, sin importar si fueron nombradas explícitamente en la demanda original. Esto en respuesta a la interpretación del fiscal general, James Uthmeier, quien sostuvo que las fuerzas del orden podían seguir aplicando la norma porque no habían sido incluidas directamente en el litigio.
Desacato e incertidumbre legal
Según The Guardian, la negativa del fiscal general a detener la aplicación de la ley le valió un fallo de desacato civil. Uthmeier incluso declaró públicamente que no ordenaría a las agencias dejar de aplicarla. La juez ordenó que, a partir de ahora, se presenten informes cada dos meses detallando cualquier arresto realizado en virtud de la norma suspendida.
La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 9 de julio de 2025 rechazó la solicitud de Florida para levantar la suspensión. Con esta decisión, la ley continuará bloqueada mientras avanza el proceso judicial, aunque la persistencia de algunos cuerpos policiales en aplicarla mantiene un clima de incertidumbre legal y de tensión institucional en el estado.
El caso revela la compleja relación entre el cumplimiento de órdenes judiciales y la actuación de las autoridades estatales frente a políticas migratorias polémicas. Para los defensores de derechos civiles, la aplicación de una ley suspendida no solo desafía la autoridad de los tribunales, sino que también vulnera la confianza de las comunidades migrantes que viven en Florida.