El presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que facilita la expulsión de personas sin hogar de las calles de ciudades y estados en todo el país. La medida, respaldada por la Casa Blanca, busca trasladar a quienes “causan desorden público” y enfrentan problemas graves de salud mental o adicciones a centros de tratamiento u otras instituciones. Según el documento oficial, esta acción busca restablecer el orden en las comunidades y proteger tanto a los ciudadanos como a las personas sin hogar.
Refuerzo de fondos y medidas punitivas
La orden también solicita a la fiscal general Pam Bondi que trabaje para revertir decisiones judiciales que, hasta ahora, limitaban la capacidad de los gobiernos locales para internar involuntariamente a personas en situación de calle que representen un riesgo para sí mismas o para otros. En palabras del propio Trump, “entregar nuestras ciudades al miedo y al desorden no es compasivo ni con los ciudadanos ni con los sin techo”.
El presidente ordenó además que se prioricen las subvenciones federales para aquellos estados y ciudades que apliquen prohibiciones contra el uso abierto de drogas, los campamentos urbanos y el merodeo. Esta directiva involucra a varios organismos, incluidos los departamentos de Salud, Vivienda y Transporte, y tiene como objetivo aplicar una política más estricta contra la presencia de personas sin hogar en el espacio público.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió la medida asegurando que “el presidente Trump está cumpliendo su promesa de hacer a América segura otra vez”. En su declaración, sostuvo que esta estrategia permitirá retirar de las calles a “criminales vagabundos” y redirigir recursos hacia programas de tratamiento de adicciones, con el objetivo de que las personas reciban ayuda mientras se restaura la seguridad en las comunidades.
Críticas de defensores de derechos humanos
Las organizaciones defensoras de personas sin hogar criticaron duramente la nueva medida. El National Homelessness Law Center advirtió que la orden ejecutiva “no hace nada para reducir el costo de la vivienda ni ayuda a las personas a llegar a fin de mes”. Jesse Rabinowitz, portavoz del centro, acusó al Gobierno de actuar con crueldad, asegurando que el tratamiento forzado “es poco ético, ineficaz e ilegal”.
Según Rabinowitz, la estrategia de Trump no solo no resolverá el problema, sino que profundizará la crisis: “Se está obligando a más personas a vivir en situación de calle, se está desviando dinero público que podría usarse para brindar apoyo real, y se están dificultando las soluciones locales”, afirmó.