El Gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar nuevas medidas para acelerar la deportación de menores migrantes no acompañados, en una maniobra que marca un giro significativo respecto a protocolos anteriores. Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, agentes federales empezaron a preguntarle a niños y adolescentes si desean abandonar el país voluntariamente, una opción que anteriormente solo se ofrecía a menores provenientes de México o Canadá.
Cambios clave en el tratamiento de menores no acompañados
Tradicionalmente, los menores migrantes que llegaban sin un padre o tutor eran remitidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés), que estaba encargado de su cuidado. Sin embargo, bajo esta nueva política, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, sigla en inglés) deben consultar a los adolescentes de entre 14 y 17 años si desean regresar voluntariamente a su país de origen. En caso afirmativo, serán puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sigla en inglés) para proceder con su deportación.
Este procedimiento representa una modificación importante del trato que solían recibir menores migrantes de países distintos a los fronterizos. Si el ICE no los recoge en un plazo de 72 horas, CBP volverá a remitirlos al HHS, lo que en la práctica mantiene vigente una parte del sistema anterior, pero con una nueva puerta de salida acelerada.
El impacto humano de las “autodeportaciones”
Desde el Gobierno de Trump argumentaron que esta medida está amparada por la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA) y que simplemente se está extendiendo una opción preexistente a menores de más nacionalidades. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales advirtieron que muchos de estos menores no están en condiciones de comprender el alcance de una autodeportación sin representación legal o la presencia de un adulto de confianza.
“Los niños están siendo utilizados como peones en una estrategia más amplia para incrementar las deportaciones, sin importar el costo humano”, aseguró Neha Desai, del National Center for Youth Law. Muchos de estos adolescentes viven actualmente con familiares en Estados Unidos, pero siguen siendo clasificados como no acompañados debido a su entrada irregular al país.
En paralelo, el Gobierno también promovió la salida voluntaria de familias con estatus migratorio mixto, en un contexto de creciente temor entre comunidades inmigrantes. Algunas familias abandonaron Estados Unidos por cuenta propia para evitar consecuencias más severas ante la ofensiva migratoria en marcha.
Revisión de patrocinadores y nuevo rol de las agencias federales
Además del cambio en el proceso de deportación, se implementaron nuevas directrices en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del HHS. Ahora se exige que los patrocinadores (en su mayoría familiares) sean entrevistados en persona antes de recibir a los menores. Lo más polémico es que estas reuniones podrían contar con la presencia de agencias federales de aplicación de la ley, lo que genera inquietud entre familias indocumentadas.
La posibilidad de que autoridades migratorias estén presentes durante el proceso de verificación podría tener un efecto disuasorio para muchas familias, que temen poner en riesgo su estatus migratorio o el bienestar de los menores. Expertos alertan que estas prácticas podrían desmantelar protecciones legales construidas con respaldo bipartidista desde hace décadas.
Desde sectores críticos se insistió en que el nuevo enfoque de Trump hacia los menores migrantes representa una intensificación de sus esfuerzos por reducir drásticamente la presencia de inmigrantes indocumentados, incluso a costa de grupos particularmente vulnerables. Las medidas, según sostienen, ignoran principios básicos de protección infantil en un contexto migratorio sumamente complejo.