Un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), identificado como Amara Dukuly, fue acusado de haber ayudado durante más de una década a migrantes indocumentados a cambio de sobornos. El caso generó gran indignación, ya que se trata de un funcionario que debía velar por el cumplimiento de las leyes migratorias.
Una década de corrupción dentro de USCIS
De acuerdo con documentos judiciales y una investigación difundida por Fox News, Dukuly, de 43 años y residente de Brookhaven, Pensilvania, habría utilizado su cargo como empleado de USCIS para solicitar pagos ilegales a inmigrantes que buscaban regularizar su situación en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que Dukuly prometía realizar cambios en las solicitudes de inmigración de los migrantes, incluyendo supuestos beneficios como la obtención de una Green Card, visas de trabajo u otros documentos legales expedidos por el gobierno federal. A cambio, pedía sumas de dinero que los migrantes entregaban con la esperanza de recibir ayuda.
Sin embargo, según se detalla en la denuncia penal presentada ante el Departamento de Justicia del Distrito Este de Pensilvania, el acusado no tenía autoridad legal para hacer ninguno de los cambios que ofrecía. Todo era parte de un esquema fraudulento con el que se habría beneficiado económicamente durante al menos 10 años.
Detenido y bajo investigación federal
Según una declaración del fiscal estadounidense David Metcalf, el dinero recaudado por Dukuly fue utilizado para su propio beneficio personal, sin brindar ninguna garantía real a los migrantes afectados.
Actualmente, Dukuly se encuentra detenido y bajo resguardo mientras las autoridades avanzan en la investigación. El proceso legal es conducido por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI.
Uno de los elementos más preocupantes del caso es que aún no se sabe con certeza cuántos inmigrantes podrían haber entregado dinero al acusado. Al haber operado durante más de una década, se teme que la cifra de víctimas sea considerable. Muchos de ellos podrían haber sido migrantes en situación vulnerable, desesperados por obtener una solución legal a su estatus migratorio.
La Fiscal Federal Adjunta Anita Eve será la encargada de liderar el proceso judicial en su contra. Las autoridades invitan a cualquier persona que haya tenido contacto con el acusado o haya sido víctima de un esquema similar a presentarse y colaborar con la investigación.