El acceso a la atención médica en Estados Unidos ha dado un giro inesperado tras la revelación de un acuerdo que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a acceder a datos personales de más de 79 millones de personas inscritas en Medicaid. Esta decisión, respaldada por agencias federales, ha generado una ola de preocupación por su posible uso en labores migratorias y por las implicaciones que podría tener en la privacidad de millones de pacientes.
ICE obtiene acceso a datos sensibles de Medicaid
De acuerdo con información obtenida por la Associated Press, ICE podrá consultar información contenida en la base de datos T‑MSIS, que incluye nombres, domicilios, fechas de nacimiento, número de Seguro Social y detalles étnicos de los beneficiarios.
Esta medida se oficializó mediante un acuerdo entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con vigencia del 15 de julio al 15 de septiembre de 2025.
Según el medio Wired, el documento lleva por nombre Information Exchange Agreement Between CMS and DHS y otorga credenciales de acceso directas a agentes migratorios, lo que les permite navegar libremente por el sistema sin requerimientos judiciales inmediatos.
Aunque las autoridades federales han justificado esta acción bajo parámetros legales vigentes, Reuters ha señalado que el acuerdo establece restricciones específicas: el acceso solo podrá ejercerse en horario laboral y con fines determinados por las agencias.
No obstante, el contenido del acuerdo también deja entrever que el objetivo principal es facilitar la localización de personas inmigrantes no autorizadas a través del cruce de datos médicos y demográficos, lo cual ha encendido las alertas de organizaciones civiles y expertos en privacidad.
Repercusiones en la comunidad migrante y reacciones sociales
La posibilidad de que ICE utilice información sanitaria para propósitos migratorios ha provocado alarma en múltiples sectores. De acuerdo con The Guardian, expertos en salud pública y derechos civiles advierten que esta práctica puede erosionar la confianza de las comunidades en los servicios médicos.
Uno de los riesgos más señalados es que muchas personas, particularmente inmigrantes, podrían abstenerse de acudir a hospitales o clínicas por temor a ser identificadas, ubicadas o deportadas. Esto pone en juego su derecho a la salud y al bienestar.
La publicación británica también señala que el acuerdo no fue anunciado públicamente, lo que ha intensificado el sentimiento de vulnerabilidad entre las personas potencialmente afectadas.
Además, se reveló que al menos 20 estados han interpuesto demandas contra el gobierno federal, argumentando que este tipo de intercambios de información violan normas de privacidad como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA).
Organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que esta medida puede agravar la ya precaria situación de muchas personas migrantes, al convertir la atención médica en una vía de vigilancia y persecución.