Las autoridades migratorias en Estados Unidos pueden iniciar un proceso de deportación contra un residente permanente si se cumplen ciertos requisitos legales. Estos procedimientos no ocurren de manera arbitraria; deben estar respaldados por pruebas documentales, fundamentos jurídicos y protocolos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Conocer estos pasos puede marcar la diferencia para quienes buscan defender su permanencia legal en el país.
Esto es lo que necesitan las autoridades migratorias para iniciar la deportación de un residente
El primer paso oficial que activa un proceso de deportación es la emisión de una Notificación de Comparecencia, también conocida como Notice to Appear (NTA).
De acuerdo con el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), este documento debe ser presentado por el DHS ante un juez de inmigración e incluir las causas específicas por las que se considera que la persona es deportable, como violaciones migratorias, presencia ilegal o delitos cometidos en EE. UU.
La base legal para iniciar un proceso también debe estar claramente definida. Según el National Immigration Law Center (NILC), estas pueden incluir condenas por delitos graves, participación en actividades criminales, fraude migratorio o permanencia más allá del periodo autorizado.
Las autoridades también deben demostrar que la persona en cuestión no es ciudadana estadounidense, lo cual se establece mediante documentos como pasaportes extranjeros, visas vencidas o la misma tarjeta de residencia vigente.
El derecho a defensa y las excepciones
En la mayoría de los casos, la persona tiene derecho a presentarse ante un juez de inmigración, donde puede defenderse, presentar pruebas y solicitar alivios migratorios. No obstante, ILRC advierte que en algunos escenarios, como las deportaciones aceleradas (expedited removal), ese derecho puede verse limitado si el DHS determina que no hay base suficiente para una audiencia completa.
Este procedimiento formal tiene implicaciones profundas, sobre todo en el contexto actual en el que, según reportó recientemente The Washington Post, el gobierno está intensificando esfuerzos para acelerar deportaciones mediante la reducción de audiencias y la reinterpretación de políticas de fianza para ciertos grupos de inmigrantes.