En una serie de decisiones marcadas por la tensión política, la ciudad de Key West, Florida, rompió su acuerdo de colaboración con el ICE, solo para revertirlo días después ante fuertes advertencias del gobierno estatal. Lo que comenzó como un intento por distanciarse de las políticas migratorias federales terminó en un giro forzado tras la amenaza de sanciones legales.
El acuerdo que encendió el debate
El pasado 30 de junio, la Comisión de Key West votó 6-1 para invalidar un acuerdo 287(g) que establecía la cooperación entre fuerzas locales y federales a través del ICE. La medida fue impulsada por la presión de residentes y líderes locales que, durante la sesión, expresaron su rechazo a colaborar con el ICE. Una de ellas, la profesora Heather Slivko-Bathurst, señaló: “ICE puede estar aquí, pero no estamos obligados a colaborar más allá de lo requerido”, esto de acuerdo con el medio WLRN.
Esta decisión convirtió a Key West en uno de los primeros municipios de Florida en desafiar públicamente el mandato estatal de cooperación con las autoridades migratorias. El momento no fue menor: coincidía con la visita del expresidente Donald Trump a la inauguración del centro de detención Alligator Alcatraz, lo que atrajo la atención nacional al conflicto, según The Daily Beast.
Advertencia estatal y presión política
Pocos días después, el fiscal general James Uthmeier reaccionó con dureza. El 2 de julio, envió una carta a la Comisión advirtiendo que la resolución violaba la ley de Florida y que, de mantenerse, podrían aplicarse sanciones civiles, penales e incluso la destitución de los funcionarios involucrados, según Florida Phoenix. Ante estas amenazas, el ambiente político en la ciudad se tensó, y la Comisión decidió convocar una nueva sesión.
El 9 de julio, la votación cambió de rumbo: con un resultado de 4-2, los comisionados aprobaron reincorporarse formalmente al programa 287(g). La comisionada Lissette Carey, quien inicialmente se había opuesto a romper el acuerdo, ratificó, en una entrevista a Fox News, su postura señalando que era esencial “cumplir con la ley y evitar consecuencias mayores”.
Lo que dejó esta decisión
Con la nueva votación, Key West reafirmó su participación en la cooperación con ICE y se alineó nuevamente con las políticas del gobernador Ron DeSantis. La resolución final dejó claro que ninguna ciudad del estado puede adoptar políticas “santuario” y que el cumplimiento de la ley migratoria federal es obligatorio.
Este episodio evidencia la fragilidad de la autonomía local frente a las presiones estatales en temas migratorios.