La historia de Cynthia Olivera genera conmoción en California y reabre el debate sobre las consecuencias de las políticas migratorias en Estados Unidos. Canadiense de nacimiento y madre de tres hijos estadounidenses, fue detenida el 13 de junio por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras asistía a una entrevista migratoria en Chatsworth, al norte de Los Ángeles. Su esposo, Francisco Olivera, ciudadano estadounidense y votante de Donald Trump, dijo sentirse traicionado por el sistema. “Nos sentimos totalmente engañados”, expresó con indignación.
Una madre sin antecedentes que quedó marcada por una vieja deportación
Cynthia fue llevada a Estados Unidos desde Toronto cuando tenía solo 10 años. En 1999, en un cruce fronterizo de Buffalo, fue deportada oficialmente por las autoridades migratorias. Sin embargo, logró reingresar meses después por San Diego sin ser interrogada, según relató a medios locales. Desde entonces, estableció su vida en Los Ángeles: trabajó, pagó impuestos, formó una familia y crió a sus hijos sin ningún antecedente penal en su contra.
En 2024, recibió un permiso temporal de trabajo e inició el proceso para regularizar su situación y obtener la residencia permanente. Sin embargo, todo se interrumpió abruptamente tras su detención, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) la identificó como “una inmigrante ilegal de Canadá” que reingresó ilegalmente al país tras una deportación, lo cual se considera un delito federal.
“Quiero mi voto de vuelta”: el giro del esposo que apoyó a Donald Trump
Francisco Olivera votó a favor de Donald Trump en las elecciones de 2024, atraído por su promesa de expulsar a inmigrantes con antecedentes penales. “Confiaba en que eso no aplicaría a mi esposa. Ella no es una criminal”, declaró. Al enterarse de la decisión del ICE, su postura cambió drásticamente. “Quiero mi voto de vuelta. Esto no era lo que nos prometieron”, afirmó en declaraciones televisivas.
Desde su cuenta oficial en X, el DHS anunció que Cynthia será deportada sin posibilidad de regresar. Además, recordó que reingresar tras una deportación es un delito grave y reiteró que la mujer permanecerá bajo custodia hasta su remoción a Canadá. El mensaje cerró con una advertencia general: “Quienes salgan voluntariamente podrán acceder a un incentivo de 1.000 dólares y un vuelo gratuito a través de la app CBP Home”.
El caso expone contradicciones en el sistema migratorio
La situación de Cynthia evidencia una de las paradojas más duras del sistema migratorio estadounidense: incluso quienes vivieron décadas en el país, criaron hijos estadounidenses y trabajaron sin historial delictivo, pueden ser considerados inadmisibles por procesos migratorios inconclusos del pasado. A pesar de haber iniciado los trámites para legalizar su estatus, la antigua deportación pesó más que cualquier avance reciente.
Desde El Paso, Texas, donde se encuentra detenida, Cynthia expresó su dolor: “Estados Unidos es mi país. Acá fui a la escuela, me casé y tuve a mis hijos”. Su familia, que ahora teme por su futuro, solicitó que al menos se le permita trasladarse a Mississauga, Canadá, donde podría vivir con una prima hasta resolver su situación migratoria.
El gobierno canadiense, por su parte, informó que no tiene margen de intervención, ya que cada país es soberano en materia migratoria. De momento, Cynthia espera la deportación en un centro de detención de ICE, mientras su esposo lidia con la contradicción entre sus convicciones políticas y el impacto que ahora sufren él y sus hijos. “Hasta hace un par de semanas, mi esposa creía firmemente en lo que iba a pasar en los próximos cuatro años”, concluyó Francisco.