La administración del condado de Miami-Dade firmó un acuerdo que refuerza su colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A través de una actualización, firmada el 18 de junio, los agentes penitenciarios locales ahora pueden transportar a personas detenidas por motivos migratorios hacia centros federales de detención, incluyendo el complejo conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. Esta decisión se enmarca en una ley estatal de Florida que exige a todas las cárceles cooperar activamente con la agencia.
Miami-Dade, un condado que mantiene políticas estrictas sobre los inmigrantes
El documento fue firmado por la directora del Departamento de Correccionales del condado, Sherea Green, y se apoya en el programa 287(g), que permite que personal local actúe bajo autoridad federal en asuntos migratorios. Aunque el anexo firmado no fue anunciado públicamente, fuentes cercanas al acuerdo confirmaron que, a partir de ahora, los funcionarios capacitados podrán detener y trasladar a inmigrantes arrestados hacia instalaciones aprobadas por ICE.
La medida generó tensiones en el condado, donde la relación con ICE siempre fue polémica. Desde 2017, durante la administración del entonces alcalde Carlos Giménez, Miami-Dade adoptó políticas más estrictas en relación con la detención de inmigrantes. Su sucesora, Daniella Levine Cava, mantuvo ese enfoque a pesar de las críticas de grupos de defensa de los derechos migrantes.
Alana Greer, directora del Proyecto de Justicia Comunitaria, cuestionó duramente la decisión, al considerar que facilita el camino para que residentes locales sean transportados directamente a instalaciones “estilo jaula” en los Everglades. “Esto es una entrega de recursos del condado a la maquinaria de deportación masiva, sin ofrecer resistencia alguna”, advirtió.
Las autoridades de la alcaldía se despegan de la política migratoria de Donald Trump
Actualmente, cerca de dos docenas de empleados del Departamento de Correccionales ya han sido entrenados y certificados en los procedimientos del programa 287(g). La disponibilidad de este personal será la que determine si se procede o no con los traslados solicitados por ICE. Según el nuevo acuerdo, los agentes locales tienen la facultad de detener y movilizar a extranjeros arrestados que estén sujetos a una orden de deportación.
La portavoz de la alcaldesa, Natalia Jaramillo, aseguró que el condado actuó conforme a la legislación vigente. “La ley estatal exige que Miami-Dade firme tanto el acuerdo 287(g) como los anexos aplicables”, explicó. No obstante, desde la administración insisten en que la actualización no representa un cambio sustancial en la política actual de detención migratoria.