En medio de una intensificación de las políticas migratorias por parte de la administración de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ejecutó recortes significativos que han generado alarma entre defensores de derechos humanos. El cierre de tres oficinas clave de supervisión ha debilitado los mecanismos de rendición de cuentas en un momento de alta presión sobre el sistema migratorio, lo que pone en riesgo directo la vida y la integridad de miles de personas migrantes detenidas, según reportó CNN en Español.
Reducción drástica de la supervisión interna
Hace tres meses, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el cierre de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), la Oficina del Defensor de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Estas entidades eran responsables de supervisar condiciones de detención, tramitar denuncias y garantizar el trato digno a personas bajo custodia federal. La plantilla de estas oficinas se redujo de cientos de trabajadores a poco más de una docena, como detalló The Washington Post.
La decisión provocó preocupación inmediata entre exfuncionarios y organizaciones defensoras. Michelle Brané, quien formó parte de una de las oficinas clausuradas, advirtió que el número de muertes registradas, 11 en lo que va del año fiscal, podría ser solo una parte de una cifra aún mayor.
"La vida de las personas está en riesgo", declaró de forma contundente. En comparación, durante todo el año fiscal 2024 se reportaron 12 muertes en centros de detención, de acuerdo con datos citados por Associated Press (AP).
Más denuncias contra los malos tratos
Katie Shepherd, exempleada de CRCL y una de las denunciantes que presentó un reclamo ante el Congreso en mayo, aseguró que “deberíamos reforzar la supervisión, no eliminarla”. A su testimonio se suman preocupaciones sobre negligencia médica, abusos y condiciones inhumanas en centros de detención, especialmente ahora tras la apertura de nuevas instalaciones como la de los Everglades, conocida como Alligator Alcatraz.
Paralelamente, empresas privadas como CoreCivic y GEO Group han comenzado a reabrir y expandir centros de detención en distintos estados. Esta combinación de mayor encarcelamiento migrante y menor vigilancia institucional ha sido calificada por expertos como un retroceso grave en materia de derechos humanos.
Riesgos crecientes para migrantes detenidos
Organizaciones y exfuncionarios coinciden en que estos recortes no solo afectan la transparencia del sistema, sino que incrementan los riesgos físicos, emocionales y legales para las personas migrantes detenidas. Sin canales confiables para presentar denuncias o recibir apoyo, quienes enfrentan maltratos o negligencia médica quedan en situación de vulnerabilidad extrema.